El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez , la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, ha acordado nuevas diligencias de investigación para ahondar en las adjudicaciones de ayudas públicas a empresas en las que, según las acusaciones de la causa, pudieron tener algún peso las relaciones personales y profesionales de la investigada. En una providencia del 20 de junio a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado pide a la Guardia Civil que encargue un informe pericial a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) «sobre los contratos objeto de la investigación y sobre las posibles irregularidades en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, tanto de manera directa como en UTE, a la sociedad Innova Next SLU», propiedad de Juan Carlos Barrabés, en relación con seis adjudicaciones públicas distintas a las de Red.es que asumió la Fiscalía Europea. En concreto, el juez pide analizar el expediente de contratación de Red.es para el servicio Acelera Pyme, pero también los concedidos por el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid (como el proyecto La Nave o el Centro de Innovación en Economía Circular de la Ciudad de Madrid) a la empresa de Barrabés en el foco desde el inicio. Por otro lado, pide al Instituto Armado que se dirija a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que «en relación con las ayudas otorgadas a Air Europa por el Fondo de solvencia a las empresas estratégicas» proporcione «los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto». Se trata del rescate de la aerolínea de Globalia que aprobó el Gobierno a finales del año 2020, siendo CEO Javier Hidalgo, en una época en la que mantuvo reuniones con Begoña Gómez, época en la que el presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, se presentaba como representante asesor de Air Europa en sus relaciones con el Ministerio de Transportes. Esta tanda de diligencias se acuerda después de que el instructor decidiera citar como testigo para el próximo 5 de julio al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, lo que de facto implica que la investigación abarca los hechos denunciados por HazteOir en relación a la cátedra y las dos titulaciones de máster que codirigía Begoña Gómez en la institución. Su defensa ha recurrido esta testifical con un escrito en el que vuelve a insistir en el derecho que le asiste a conocer qué hechos concretos se imputan a la mujer del presidente y apunta a que el instructor está llevando a cabo una investigación prospectiva, «una inquisición general», en tanto que «desborda injustificadamente los límites materiales del objeto de la notitia criminis convirtiéndose en una indagación o causa general sobre la sobre la actividad de una persona para, posteriormente, en virtud de lo averiguado, imputar a la misma unos hechos concretos». «Esta pretensión de llegar a conocer que es lo que el Juzgado entiende que se está investigando en el presente procedimiento no es una petición voluntarista de este letrado, sino que se fundamenta en el derecho que todo sospechoso o investigado tiene a ser informado de los hechos presuntamente delictivos que se investigan y de los indicios y pruebas que existen acerca de su perpetración, como una de las manifestaciones esenciales del derecho a un proceso equitativo y del derecho de defensa, pilares del proceso penal», subraya. Pero no ha sido la única consecuencia de la citación. La Universidad Complutense de Madrid ha pedido personarse en la causa al tener conocimiento del avance de la investigación y habiendo sido citado su rector como testigo, en tanto que los hechos «podrían abarcar presuntas actuaciones no conformes a Derecho a propósito del patrimonio» de la institución «relacionado con el Convenio firmado, de fecha 30 de octubre de 2024, para la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva». En este caso, se trata del software creado tras la contribución altruista de una batería de empresas tecnológicas con esa cátedra que codirigía Begoña Gómez, quien registró a su propio nombre una herramienta con esa misma denominación en la Oficina de Patentes y Marcas. «Que en tanto dichas actuaciones pudieran resultar lesivas para el patrimonio e intereses de esta Administración Pública (...) mediante el presente escrito, procede a personarse y a ejercer la acción de acusación particular en calidad de perjudicada, solicitando que se nos dé vista y copia de las actuaciones ya evacuadas y que se entiendan con esta Administración las sucesivas diligencias que se practiquen», dice la Complutense. Sin embargo, el juez ha rechazado su pretensión porque «examinada toda la documentación aportada, por este órgano judicial se aprecia que no se concreta el perjuicio que como perjudicado pueda haber sufrido». «En el presente caso, no consta qué perjuicio pueda haber sufrido la Universidad Complutense de Madrid, por lo que procede inadmitir su personación como perjudicada, no teniéndola por personada como acusación particular», dice el auto, fechado el pasado 20 de junio.
