España sufre desde hace décadas una enfermedad silenciosa que repercute de forma negativa en su prosperidad: la baja productividad. Resultado de dividir el Producto Interior Bruto (PIB) por el número de ocupados o las horas trabajadas, su comportamiento incide en la capacidad de crecimiento de la economía, en su competitividad internacional y en el nivel de vida de los ciudadanos. Como decía el premio Nobel Paul Krugman, a largo plazo este indicador lo es casi todo. Sin embargo, nuestro país no termina de dar con la tecla para aprobar, al fin, su gran asignatura pendiente y, de momento, tampoco aprovecha lo suficiente las oportunidades que brindan en este sentido las nuevas tecnologías, lo que a su vez le condena a un tejido empresarial peor preparado para afrontar los desafíos que plantea la cuarta revolución industrial. Diversos estudios ponen cifras al pobre desempeño y muestran cómo España se ha quedado rezagada frente a otras geografías. Entre 2000 y 2022, por ejemplo, acumuló un retroceso de la productividad total de los factores del 7,3% que contrasta con el alza registrada por potencias como Estados Unidos (15,5%), Alemania (11,8%), Reino Unido (8,8%) o Francia (0,8%), de acuerdo a un informe publicado por la Fundación BBVA y el Ivie. Si tomamos como punto de partida 2013, desde ese año hasta 2023, la productividad por ocupado en nuestro país despuntó solo un 0,7% frente a la media comunitaria del 5,9%, según un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos a partir de información de Eurostat, que subraya que el avance nacional es tan limitado que «implica un cierto estancamiento de este componente que justifica que el mismo deba ser objeto de atención dentro de nuestra política económica». El documento revela, además, que de 2018 a 2023 la variable se desplomó en España un 1,9% mientras que en dicho periodo se incrementó un 1,3% en el Viejo Continente. Una brecha, ya cronificada, que responde a una combinación de elementos y ante la que los expertos piden medidas orientadas a la economía del conocimiento , al refuerzo del desarrollo tecnológico y a la creación de un entorno favorable a la inversión. Gregorio Izquierdo, director de Economía de CEOE, considera esencial que exista un clima de seguridad jurídica que genere confianza porque ello beneficiará a la inversión y esta, a su vez, a la productividad y a la renta per cápita a largo plazo. Es este un terreno en el que nuestro país tiene que hacer los deberes porque no ha levantado cabeza desde el Covid . Como recoge el Banco de España en su artículo 'Un análisis desagregado de la inversión empresarial desde el inicio de la pandemia', publicado el pasado mes de mayo, esta ha mostrado recientemente una notable debilidad en nuestro país y aún permanece por debajo de los niveles observados a finales de 2019. Para Izquierdo, otro aspecto que lastra nuestra productividad es el reducido tamaño promedio del tejido empresarial. Del total de 2.929.497 compañías que totaliza nuestro país, el 54,74% son pymes sin asalariados, el 45,07% pymes con asalariados (de 1 a 249) y solo el 0,19% grandes . Precisamente, estas últimas son, en general, más productivas, ya que tienen masa crítica para acometer determinadas inversiones, suelen sacarles más provecho, les cuesta menos incorporar nuevas tecnologías… «Debemos favorecer el crecimiento y la expansión de las empresas como mecanismo, a su vez, para mejorar la productividad», ahonda. En lo que se refiere a implementación de la inteligencia artificial , por ejemplo, recuerda que las medianas y grandes organizaciones españolas están por encima incluso de la media de la Unión Europea, pero no ocurre igual con las pequeñas. El Kit Digital, dice, ha sido una iniciativa positiva, aunque «el camino por recorrer es amplio» y el reto está en utilizar la digitalización como palanca de competitividad, crecimiento y expansión. Como apunta el director de Economía de la patronal, entre los aspectos que perjudican nuestra productividad se incluye también la inversión en I+D. En 2022 creció por octavo año consecutivo, hasta alcanzar los 19.325 millones de euros, pero su peso en el PIB se situó en el 1,44%, lejos del 2,24% de la UE y muy por detrás de vecinos como Bélgica (3,43%), Suecia (3,4%), Austria (3,2%) o Alemania (3,13%). De cara a los años venideros, defiende que la única manera que tiene España de conciliar el previsible envejecimiento demográfico , que puede impactar en las tasas de empleo, con la mejora de la renta per cápita es priorizando el aumento de la productividad. «Supone actuar en la frontera de la eficiencia, hacer I+D+i, digitalizar, trabajar más formados… No es fácil que se consiga de forma inmediata –subraya–, pero debemos ponerlo como un eje prioritario de la economía porque constituye una palanca clave para garantizar el bienestar a futuro». Para María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, es importante que, además de poner el énfasis en la I+D, se fortalezca el escalón anterior, que es la inclusión en los procesos productivos de las tecnologías que ya existen en el mercado. Nuestro país también ha de ponerse las pilas en materia formativa para alcanzar ganancias de productividad. Fernández alude a las deficiencias que arrastramos, a la vista de conclusiones como las del Informe PISA , que en su última entrega refleja que los conocimientos financieros de los estudiantes españoles han empeorado. En concreto, sus resultados se sitúan doce puntos por detrás de la media de la OCDE , el 'club de los países ricos', cuando hace cuatro años la distancia era de ocho puntos. «Esos jóvenes a los que se evalúa, cuando salgan a trabajar, tendrán unas capacidades para resolver problemas sencillos de matemáticas muy limitadas», comenta. Por otro lado, recuerda que casi la tercera parte de la población activa en España cuenta con un nivel de formación inferior a la secundaria completa, frente a una media del 20% en la eurozona, o del 17% en la Unión Europea. «Para la productividad de un país, lo relevante es orientarse a actividades de mayor contenido tecnológico , que generen valor añadido y requieran cualificación, ya sean de servicios o de industria», remata. Una transición que se complica si la inversión está estancada. «El principal obstáculo que perciben es la inseguridad jurídica, como publica la encuesta a las empresas del Banco de España», señala Fernández. «En este contexto, ni las compañías invierten ni los pequeños empresarios crecen y, por tanto, no puede haber incorporación de tecnología ni aumento de la productividad», señala como la consecuencia directa. Asimismo, la economista sénior de Funcas advierte sobre dos barreras que, en su opinión, debería derribar nuestro país para impulsar su productividad: «Las entidades empresariales cada vez soportan más carga impositiva ( tributo a la banca , a las energéticas, a los envases de plástico no reutilizables…), además de una hiperregulación que, en el caso de España, tiene el problema añadido de un mercado interior que no está integrado. Es un obstáculo para el nacimiento de compañías, para su crecimiento y, en definitiva, para que haya dinamismo empresarial». El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han publicado esta semana un informe en el que resumen las sesiones de análisis sobre cuestiones estructurales de la economía española realizadas por distintos expertos, en el que hay un capítulo dedicado a la productividad. «Los bajos niveles de España con respecto a los de la Eurozona y su cada vez mayor distanciamiento con respecto a la media de la UE está provocando que nuestro país esté perdiendo convergencia con respecto a Europa en términos de renta y competitividad», afirma el documento. Entre los factores relacionados con este problema, las instituciones destacan, entre otros, la escasa y poco competitiva inversión en activos intangibles, los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo, la aún elevada temporalidad del mismo y las barreras al acceso a la financiación para las empresas pequeñas, especialmente para las tecnológicas. Inmersos en una transformación digital con un enorme potencial de provocar aumentos en la productividad, Valentín Pich, presidente del CGE, asegura que la sociedad española es muy permeable a los cambios y cuenta con algunas administraciones a la cabeza en el uso de nuevas tecnologías, como la Agencia Tributaria, aunque lamenta que la dimensión de nuestras compañías es un freno a la hora de apostar por revoluciones tan en boga como la de la inteligencia artificial . «Puede haber empresas pequeñas que la utilicen y hagan proyectos interesantes, pero necesitamos ganar volumen porque son las grandes las que tienen el músculo suficiente como para liberar equipos para experimentar». Es un tema capital por todo lo que esta tecnología trae consigo. Para hacerse una idea, la consultora McKinsey estima que a nivel global la inteligencia artificial generativa podría permitir un crecimiento de la productividad laboral de entre 0,1 y 0,6% anual hasta 2040 . Combinando la IA generativa con todas las demás tecnologías, la automatización del trabajo podría añadir entre 0,2 y 3,3 puntos porcentuales anuales al crecimiento de la productividad. A juicio de Pich, el salto innovador debe acompañarse en nuestro país de medidas legales: «Creo que hay que tratar mejor a las empresas que reinvierten». Juan de Lucio, profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares, pone en valor el papel protagonista que las disrupciones desempeñan en términos de productividad. «Los países que mejor lo hacen son los que están adoptando las nuevas tecnologías más rápidamente, como Estados Unidos, que tiene un contexto empresarial más favorable y una mayor aceptación de la innovación». En España, a pesar de que «contamos con buen capital humano, en muchas ocasiones prefiere irse al extranjero o incluso teletrabajar desde aquí para empresas foráneas», una fuga de cerebros que no ayuda. Entre las tareas que resolver apunta, asimismo, hacia el desarrollo de tecnología y no solo su mera utilización: «Con la incorporación de las herramientas tecnológicas, mejoraremos la productividad nosotros, pero también los demás. Quienes obtienen rendimientos mayores de la tecnología son quienes la desarrollan y ahí se queda el valor añadido». Javier Ferri, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, aclara que las nuevas tecnologías 'per se' no aumentan la productividad. «Si los estudiantes utilizan ChatGPT para resolver sin ningún esfuerzo problemas sobre los que antes tenían que pensar, puede dar la sensación de que están aumentando su productividad, pues resuelven más problemas en menos tiempo, cuando puede estar sucediendo justo lo contrario, porque su formación por tiempo dedicado a resolver un problema se reduce», comienza por indicar. «Lo mismo sucede –continúa– si llenamos las casas y las empresas de ordenadores, acceso a internet y móviles de última generación si no se utilizan para generar valor añadido». Lo que la sociedad debe de entender, recalca Ferri, es que «las nuevas tecnologías son una ayuda impresionante para potencialmente mejorar la productividad, pero que sin la preparación necesaria de la mano de obra, sin la organización adecuada en las empresas, y sin el esfuerzo que se requiere para utilizar las nuevas tecnologías como un complemento de mejora del valor añadido, su potencial se diluye». La otra gran revolución que se va cocinando a fuego lento, pero de manera imparable, es la descarbonización de la economía , que también tendrá impacto en la productividad. «La transición energética y medioambiental es uno de los aspectos que determinará el ritmo de crecimiento económico en las próximas décadas, y ahí España está bien situada, porque lleva tiempo invirtiendo en energías verdes», afirma el catedrático, que deja claro que dicha transición no será barata y tendrá efectos distributivos muy importantes. «Europa es el área económica que más está apostando por renovables, frente a Estados Unidos, por ejemplo, que lleva invirtiendo tiempo en el desarrollo de tecnologías que permitan seguir produciendo energía contaminante más barata, y también menos sucia, cambiando la combinación de combustibles fósiles del carbón al gas, por ejemplo. El problema es que este último modelo de descarbonización tiene un límite, que no tienen las renovables», matiza. En España, la apuesta por las renovables libera una gran cantidad de recursos económicos que anteriormente se destinaban a la importación de energía. «El estado debería ser capaz de incentivar la movilización de estos recursos hacia la inversión en actividades con alto valor añadido. Además, la necesaria aceleración de la descarbonización requerirá continuos aumentos en el coste sobre la producción de emisiones de carbono. Las empresas pueden reaccionar a este aumento de costes haciéndose más verdes (lo que requiere inversión en tecnología), haciéndose más productivas, o cerrando, cuando no lo consigan», sintetiza. En ambos casos, la productividad de la economía aumenta, aunque el escenario idóneo sería que lo hiciese con más empresas, y no con menos. «Lo que bajo ningún concepto debería hacer el estado es subvencionar empresas que son incapaces de sobrevivir porque su techo de productividad es demasiado bajo, al contrario de lo que sí debe hacer con los hogares, que es transferir renta a aquellos que van a salir más perjudicados del proceso», zanja. No hay una fórmula mágica para lograrlo, pero solucionar el problema enquistado de la productividad es uno de los factores que ayudarán a España a tomar velocidad en la carrera de la cuarta revolución industrial.
