El PP se asoma al precipicio con la sentencia del 'caso Gürtel' y la prisión de Eduardo Zaplana

Mariano Rajoy respiraba el miércoles cuando el PNV decidió apoyar sus presupuestos. Era una manera de acercarse a su objetivo de agotar la legislatura. La decisión llegaba 24 horas después de la detención de Eduardo Zaplana, exministro y exdirigente del PP, exportavoz parlamentario de Mariano Rajoy en la legislatura de 2004-2008, en la que se golpeaba a José Luis Rodríguez Zapatero con la teoría de la conspiración del 11M.

Zaplana, como Rodrigo Rato y Jaume Matas, todos ellos compañeros de Gabinete y de la planta noble de la sede del PP, fue uno de los rostros de aquellos gobiernos autodenominados como del "milagro económico" en contraposición con los de Felipe González, definidos, según José María Aznar, por "el paro, el despilfarro y la corrupción".

Pero, en estos días, a Mariano Rajoy los alivios le duran horas; ni siquiera una macrooperación policial en Catalunya contra una trama de desvío de fondos públicos que Interior vincula al procés le ha durado mucho al Gobierno, porque los tribunales están llenos de causas y sumarios relacionados con el PP y con dirigentes del PP.

Y este jueves el PP ha estallado: la detención de Zaplana del martes ha venido seguida de su orden de prisión. Y se ha producido tan sólo unas horas después de que la Audiencia Nacional redactara una sentencia sobre el caso Gürtel demoledora porque evidencia que, en contra de lo que dijo Mariano Rajoy en 2009, la trama Gürtel es una trama del PP, no una trama contra el PP.

En el PP, sin embargo, intentan achicar agua con un relato abocado a ser sepultado por el tsunami: el PP ha sido golpeado de refilón; el grueso se lo llevan dos municipios, y en España hay 8.000.  El propio Rajoy ha reconocido este jueves que los casos de corrupción le hacen "mucho daño" a su partido y suponen "situaciones francamente lamentables" para el Partido Popular. Pero se ha defendido con una jaculatoria: "El PP es mucho más que diez o 15 casos asilados", ha asegurado Rajoy en una entrevista en la cadena COPE.

"Los hechos que se han juzgado se circunscriben  a las elecciones municipales de 2003 en los ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos localidades de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. El Partido Popular no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual", asegura en su nota el Partido Popular.

Mientras el PP vendía el milagro económico frente al "paro, despilfarro y corrupción del PSOE", resulta que se estaba engrasando una maquinaria para ingresar donaciones de personas poderosas que luego se convertían en adjudicaciones y que por el camino financiaban al partido y a dirigentes del partido.

La sentencia de este jueves de la Audiencia Nacional da por probadas esas relaciones de intereses entre donantes –los más grandes empresarios españoles– y adjudicaciones públicas por parte de responsables políticos e institucionales del PP; da por probadas las mordidas y da por probado que el partido se quedaba con una parte. El PP, por primera vez en la historia, es condenado por beneficiarse "a título lucrativo" de una trama corrupta.

¿Y quién ha estado siempre ahí? El ahora presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy. La duda es si seguirá estando siempre ahí.

Fuentes del PP aseguran que hay que descartar movimientos internos: "Las posiciones políticas en los partidos muchas veces responden a intereses personales. Y, estando a un año de las elecciones, pesa mucho la lealtad ante quien tiene el poder de meterte o sacarte de una lista; de darte o quitarte un cargo; de mantener tu puesto de trabajo o de mandarte al paro". Y Rajoy tiene en su mano el futuro personal de todos los cargos del PP.

La fuerza electoral del PP, en caída libre

Las muchas encuestas que se publican en España también añaden presión al PP, que ha visto cómo en los últimos meses todos los sondeos, públicos y privados, señalan un desplome en su fuerza electoral. A todos los niveles: estatal, autonómico y local. Todo un problema a un año exacto de que se reparta buena parte del poder institucional. En 2019 están previstas elecciones en Andalucía, en las regiones no históricas, en todos los municipios y para renovar el Parlamento Europeo.

Los escándalos de corrupción, que están pasando ya de la sospecha y la investigación a las sentencias judiciales, están golpeando además a algunos de los antiguos bastiones electorales del PP. La Comunidad de Madrid y el País Valencià han sido los caladeros de voto históricos para el partido que hoy preside Mariano Rajoy ya desde los tiempos en que el líder era José María Aznar. Los sondeos apuntan a que el PP naufraga en a nivel autonómico en Madrid después del escándalo del máster falsificado de Cristina Cifuentes y no recupera aire a escala municipal, ni en la capital ni en las principales ciudades de la región. En la Comunidad Valenciana la situación no es mejor.

El último barómetro del CIS que recoge estimación de voto estatal es también un jarro de agua fría para las aspiraciones de Rajoy. Aunque el instituto público de opinión mantiene al PP como primera fuerza la realidad es que el margen de error lo sitúa casi en empate técnico con Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos.

Moción de censura: amenaza real en manos del PNV

La sentencia del caso Gürtel era esperada. La condena del PP, plausible. Y la reacción de los partidos, la prevista. Albert Rivera, el principal socio de Mariano Rajoy, salía a dar una rueda de prensa en la que fijaba un punto de inflexión en este 24 de mayo. "Hay un antes y un después", señalaba el líder de Ciudadanos. Sin embargo, Rivera quiso medir mucho sus palabras y dejó para más adelante [en principio para el 11 de junio, aunque se podría adelantar] la decisión sobre cuál debe ser la relación de su partido con el PP y el Gobierno en adelante.

Rivera no quiso dar pie a que los periodistas pudieran interpretar que abría la puerta a apoyar una moción de censura contra Rajoy. Tampoco lo contrario. La sentencia de la Gürtel se conoció menos de 12 horas después de que Ciudadanos aprobara, junto al PNV y los aliados regionales del PP, los Presupuestos Generales para 2018. Una votación que permitirá al presidente del Gobierno apurar la legislatura hasta su final, previsto para 2020. Siempre que Pedro Sánchez no se anime y dé el paso para presentar una moción de censura.

Pablo Iglesias se la ha reclamado al líder socialista. Otra vez. El secretario general de Podemos compareció en el Congreso a la misma hora que Rivera. Y recordó que los partidos catalanes ya han dado el sí a Pedro Sánchez. Incondicional. Antes de que el líder socialista decida dar el paso. Así lo confirmaron en la mañana del jueves portavoces de ERC y del PDeCAT.

El PSOE decidirá si presenta o no una moción de censura en una reunión urgente de su Ejecutiva Federal este mismo viernes. Varias federaciones ya han trasladado a Sánchez la necesidad de impedir la continuidad en el Gobierno a un partido "condenado por corrupción".

Los números de esa posible moción están muy ajustados. Los partidos que se han posicionado a favor de echar al PP (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canaria) suman 175 votos. Uno menos de los necesarios para desbancar a Rajoy.

La decisión quedaría así en manos de Albert Rivera, que no parece inclinarse por otorgar a uno de sus principales rivales la maquinaria del Estado a dos años de las elecciones. Las miradas se dirigirían entonces al PNV y sus cinco diputados. El partido vasco, que acaba de dar a Rajoy dos años de oxígeno extra, debería afrontar otra vez el debate: estabilidad frente a higiene democrática.