Estos serían los primeros ciudadanos llamados a filas si España entrara en guerra
El contexto internacional actual está marcado por una sucesión de conflictos que han incrementado la preocupación en materia de seguridad. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, se han sumado otros focos de tensión como Gaza, Sudán, Yemen o Siria, además de las fricciones entre China y Taiwán, y más recientemente, la guerra de Irán. Este escenario ha llevado a replantear las estrategias de defensa en distintos países.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la OTAN ha apostado por reforzar su capacidad militar, planteando que los países miembros destinen un 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a defensa. España, sin embargo, ha optado por mantener una postura más flexible tras negociar con la Alianza. En este contexto surge la duda: si se produjera un conflicto que implicara directamente al país, ¿cómo se organizaría la defensa y quiénes serían llamados a filas?
Tres tipos de reservistas
España cuenta con un modelo de Ejército profesional desde 2001, cuando el Gobierno de José María Aznar eliminó el servicio militar obligatorio, conocido como la mili. Actualmente, las Fuerzas Armadas están formadas por unos 120.000 efectivos, que serían los primeros en intervenir ante una situación de guerra.
Si la situación lo requiriera, entraría en juego la legislación vigente. La ley de la carrera militar, aprobada en 2007, contempla tres categorías de reservistas: los de especial disponibilidad, los voluntarios y los obligatorios. Su activación se produciría en circunstancias excepcionales en las que “las necesidades de la defensa nacional no puedan ser atendidas por los efectivos militares profesionales”.
Cómo sería el proceso de movilización
En caso de necesidad, el Consejo de Ministros sería el encargado de ordenar la incorporación de los reservistas voluntarios y de especial disponibilidad. Este último grupo incluye tanto a antiguos militares que abandonaron el Ejército al cumplir 45 años como a civiles que han solicitado formar parte de la reserva. En conjunto, suman unas 8.000 personas.
Si esta cifra resultara insuficiente, el Gobierno tendría que solicitar autorización al Congreso para activar a los reservistas obligatorios, es decir, a ciudadanos sin relación previa con las Fuerzas Armadas. Según la ley, esta medida afectaría a personas de entre 19 y 25 años.
Los seleccionados recibirían un cuestionario inicial para aportar información sobre su estado de salud, condición física y preferencias en cuanto al destino dentro del Ejército. Posteriormente, deberían superar pruebas médicas, psicológicas y físicas. Una vez incorporados, pasarían a formar parte de las Fuerzas Armadas con el rango de soldado, quedando sujetos a la normativa militar tanto disciplinaria como penal.
La ley también contempla la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia. Según recoge el artículo 138, pueden solicitarla quienes no deseen prestar servicio en las Fuerzas Armadas ni en otras organizaciones “en las que se requiera el empleo de armas”.