La alcaldesa de Vall d’Uixó, denunciada también por tráfico de influencias por el derribo de una cruz de la localidad
La Asociación Española de Abogados Cristianos ha solicitado al Juzgado de lo Penal número 1 de Nules (Castellón) que amplíe diligencias contra la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños (PSPV-PSOE), por el derribo de la Cruz de la Plaza de la Paz de la localidad. Según informa la Cadena Cope, la organización de juristas considera que Baños pudo incurrir en los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos por la adjudicación de las obras para desmontar el monumento, ya que se concedieron a una empresa propiedad de un miembro de Esquerra Unida, partido con el que el PSOE ha gobernado en coalición desde 2015 y del que ha buscado su apoyo para revalidar el cargo.
Tania Baños tendrá que declarar el próximo 25 de julio en calidad de investigada junto a otros testigos, entre ellos el concejal de Urbanismo. Según fuentes del Ayuntamiento de la Vall d'Uixò, la alcaldesa y el equipo de gobierno están "tranquilos" porque están convencidos de que actuaron "cumpliendo la ley".
Abogados Cristianos presentó una querella contra la alcaldesa en 2018 por el derribo de la Cruz de la plaza de la Paz de la localidad por los presuntos delitos de prevaricación e incitación a la discriminación, ante el cual Baños interpuso un recurso, que fue rechazado.
El juez argumenta que en este procedimiento todavía no ha sido practicada diligencia de investigación alguna, por lo que es, según indica el Ministerio Fiscal, "prematuro acordar su archivo".
Por ello, "debe desestimarse el recurso de reforma interpuesto acordando la práctica de diligencias interesadas por los querellantes en orden a cumplir los fines propios que la Ley de Enjuiciamiento Criminal encomiendo al proceso de instrucción".
La asociación de juristas pide al juez la reposición de la Cruz en la plaza de la Paz, así como el abono de los costes derivados de su derribo y posterior reconstrucción a los responsables del mismo, y solicitarán además la inhabilitación de Baños para cargo público.
La Cruz fue demolida en junio de 2018 pese a la oposición de los vecinos, lo que obligó a desplegar un importante dispositivo policial en la localidad para que el dispositivo pudiese llevarse a cabo.
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