El Gobierno de Biden dice que es “razonable considerar” que Israel utilizó armas estadounidenses de forma “incompatible” con el derecho internacional
(CNN) — El gobierno de Biden afirmó este viernes que es “razonable considerar” que las fuerzas israelíes utilizaron armas estadounidenses en Gaza de forma “incompatible” con el derecho internacional humanitario, pero no llegó a afirmar oficialmente que Israel violó la ley.
El informe, elaborado por el Departamento de Estado, afirma que se están investigando posibles violaciones, pero señala que Estados Unidos “no dispone de información completa para verificar” si las armas estadounidenses “se utilizaron específicamente” en presuntas violaciones del derecho internacional humanitario.
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“Dada la naturaleza del conflicto en Gaza, con Hamas tratando de escudarse en poblaciones e infraestructuras civiles y exponerlas a la acción militar israelí, así como la falta de personal del Gobierno estadounidense sobre el terreno en Gaza, es difícil evaluar o llegar a conclusiones definitivas sobre incidentes individuales. No obstante, dada la considerable dependencia de Israel de artículos de defensa de fabricación estadounidense, es razonable considerar que las fuerzas de seguridad israelíes han utilizado desde el 7 de octubre artículos de defensa incluidos en la norma NSM-20 en casos incompatibles con sus obligaciones en materia de derecho internacional humanitario o con las mejores prácticas establecidas para mitigar los daños a civiles”, señala el informe.
El informe, que abarca desde el estallido de la guerra con Hamas el 7 de octubre hasta finales de abril, no concluye que Israel haya retenido la ayuda humanitaria a Gaza en violación de la legislación estadounidense.
Aunque el informe no considera que Israel haya violado ninguno de los términos del memorando, critica duramente el saldo de la campaña militar israelí. Las conclusiones del informe marcan otro momento de tensión en las relaciones entre Estados Unidos e Israel en la misma semana en que el presidente Joe Biden amenazó con restringir las transferencias de armas si Israel seguía adelante con una gran ofensiva en Rafah.
Aun así, la conclusión final, a saber, que las garantías ofrecidas por Israel en el marco del memorando de seguridad nacional son “creíbles y fiables”, suscitará probablemente el escrutinio de algunos legisladores y organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
El informe no obliga al gobierno de Israel a tomar ninguna medida, y no implica ningún cambio de política. La administración ha evitado en gran medida restringir la ayuda militar a Israel, pero en un cambio significativo antes de la publicación del informe, Biden declaró públicamente en una entrevista con CNN esta semana que si Israel lleva a cabo una gran ofensiva en la ciudad de Gaza, restringiría la transferencia de ciertas armas ofensivas a Israel.
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El informe de alto riesgo fue desclasificado y transmitido al Capitolio el viernes por la tarde. La administración estaba obligada a tomar una determinación sobre esos dos asuntos en virtud de un memorando de seguridad nacional de febrero, que Biden emitió bajo la presión de los legisladores demócratas. Era la primera vez que el gobierno estadounidense tenía que hacer una evaluación sobre la conducta de Israel en los siete meses de guerra con Hamas en Gaza, desencadenada por el brutal ataque del grupo terrorista del 7 de octubre, que ha dejado más de 34.000 muertos y gran parte del enclave costero destruido.
“Eludió todas las preguntas difíciles”
El senador demócrata Chris Van Hollen, impulsor de la creación del memorando de seguridad nacional, expresó su decepción por el informe.
“La administración eludió todas las preguntas difíciles sobre la determinación real”, dijo a los periodistas el viernes por la noche. “Creo que lo que intentan hacer es dejar claro que reconocen lo mala que es la situación, pero no quieren tener que tomar ninguna medida para responsabilizar al gobierno de Netanyahu de lo que está ocurriendo”.
El demócrata de Maryland afirmó que “el propósito de este informe no era ofrecer una instantánea en el tiempo” y acusó a la administración de aceptar las garantías de Israel “sin más”, a pesar de que las investigaciones realizadas por grupos de derechos humanos constatan violaciones de la ley.
Sin embargo, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que siempre se pretendió que fuera retrospectivo, y que hay procesos en marcha para evaluar la actividad en curso. No hay ningún plazo para que se extraigan conclusiones en el marco de esos procesos.
El informe señala que “en cualquier conflicto en el que participen socios extranjeros, a menudo es difícil realizar evaluaciones o determinaciones rápidas y definitivas sobre si se han utilizado artículos o servicios de defensa estadounidenses específicos de manera no conforme con el derecho internacional”.
“Sin embargo, se ha informado de suficientes incidentes como para suscitar serias preocupaciones”, decía.
“Aunque Israel tiene los conocimientos, la experiencia y las herramientas para aplicar las mejores prácticas para mitigar los daños a civiles en sus operaciones militares, los resultados sobre el terreno, incluidos los altos niveles de víctimas civiles, plantean dudas sustanciales sobre si las FDI las están utilizando eficazmente en todos los casos”, decía el informe.
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El informe de gran trascendencia fue remitido al Capitolio el viernes por la tarde. El Gobierno debía pronunciarse sobre estas dos cuestiones en virtud de un memorando de seguridad nacional de febrero, que Biden emitió bajo la presión de los legisladores demócratas. Era la primera vez que el gobierno estadounidense tenía que hacer una evaluación sobre la conducta de Israel en los siete meses de guerra con Hamas en Gaza, desencadenada por el brutal ataque del grupo terrorista del 7 de octubre, que ha dejado más de 34.000 muertos y gran parte del enclave costero destruido.
Según un alto funcionario del Departamento de Estado, la elaboración del informe ha sido una herramienta útil para que el gobierno de Biden se dirija al gobierno de Israel e insista en la obtención de información y en cambios de comportamiento. Ese funcionario dijo que el informe se compartiría con el gobierno de Israel.
Los funcionarios del gobierno de Biden llevan meses pidiendo a Israel que haga más para reducir el número de víctimas civiles y permitir la entrada de más ayuda en Gaza. En cuanto a la ayuda humanitaria, el informe señala que el gobierno estadounidense “ha estado profundamente preocupado durante el periodo transcurrido desde el 7 de octubre por la acción y la inacción de Israel, que han contribuido significativamente a la falta de una entrega sostenida y predecible de la ayuda necesaria a gran escala, y el nivel general que llega a los civiles palestinos -aunque ha mejorado- sigue siendo insuficiente”.
Sin embargo, afirma que “actualmente no se considera que el gobierno israelí esté prohibiendo o restringiendo de otro modo el transporte o la entrega de ayuda humanitaria estadounidense en el sentido de la sección 620I de la Ley de Ayuda Exterior”, que prohíbe la asistencia a gobiernos que restrinjan intencionadamente la ayuda.
El informe considera que “el impacto de las operaciones militares de Israel sobre los actores humanitarios” es un área específica de preocupación, citando una serie de incidentes, incluyendo el ataque mortal a un convoy de ayuda de la World Central Kitchen.
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Tras ese ataque, el mes pasado, Biden advirtió al primer ministro israelí Netanyahu en una llamada telefónica que Israel tenía que hacer más para abordar la situación humanitaria o se produciría un cambio en la política estadounidense. En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses afirmaron que Israel había tomado medidas importantes tras esa conversación, pero que aún quedaba mucho por hacer. Sin embargo, tras el lanzamiento de operaciones militares israelíes “limitadas” en Rafah, adonde han huido millones de palestinos, el acceso de la ayuda humanitaria ha vuelto a caer en picado.
Intenso debate
El informe fue objeto de intenso debate durante meses en toda la administración. Las organizaciones de derechos humanos han considerado que la campaña militar israelí ha violado el derecho humanitario.
A finales del mes pasado, Amnistía Internacional estimó que las armas suministradas por Estados Unidos a Israel se han utilizado “en graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y de manera incompatible con la legislación y la política estadounidenses”.
Un funcionario de Amnistía Internacional declaró el viernes que “este informe parece la versión internacional de ‘pensamientos y oraciones’: admitir que hay un problema pero no hacer nada significativo para evitar que se sigan perdiendo vidas”.
“A pesar de los vagos comentarios del presidente Biden a principios de esta semana, su administración ha dejado hoy clara su postura: señala con el dedo y actúa con rapidez cuando un actor al que el gobierno estadounidense considera adversario viola el derecho internacional, pero trata al gobierno de Israel como si estuviera por encima de la ley, aun reconociendo la abrumadora evidencia de que las fuerzas israelíes están violando el derecho internacional y matando a civiles palestinos con armas estadounidenses con el dinero de los contribuyentes estadounidenses”, declaró Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones Gubernamentales e Incidencia Política de Amnistía Internacional Estados Unidos.
Van Hollen dijo el viernes que “no es creíble que el gobierno estadounidense tenga menos información que organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oxfam”.
Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que no podían hablar de las normas de las evaluaciones realizadas por esas organizaciones, pero afirmó que el proceso del gobierno estadounidense era muy diligente y tenía en cuenta cualquier medida de rendición de cuentas emprendida por el gobierno israelí.
El presidente también reconoció a CNN que “han muerto civiles como consecuencia” de las bombas suministradas por Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó el jueves que Biden se refería a “la trágica pérdida de vidas civiles a lo largo de este conflicto”, y no a una determinación legal en virtud del derecho internacional humanitario.
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