¿Qué pasó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador colombiano? Lo que se sabe del ataque y los sospechosos
El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay sufrió un atentado en Bogotá el 7 de junio durante un evento de campaña. Son seis las personas detenidas por su presunta vinculación con el ataque.
Las imágenes de video que circularon en redes sociales mostraron al senador dando un discurso ante una multitud antes de que se escucharan múltiples explosiones. Se lo vio tendido en el suelo mientras la gente a su alrededor huía. Posteriormente, la policía y los civiles lo llevaron rápidamente a una ambulancia.
Las autoridades investigan el origen y los responsables de este acto violento, que ocurre a un año de las elecciones presidenciales en Colombia que se realizarán en primera vuelta el 31 de mayo de 2026.
El político de 39 años, del partido Centro Democrático, el mayor partido de oposición en Colombia, había expresado su intención de presentarse a los comicios.
El 12 de junio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le dijo a CNN que pediría ayuda de la CIA y del FBI “para investigar a fondo los autores intelectuales del crimen”.
Esto es lo que sabemos del caso:
En conferencia de prensa al día siguiente del ataque, la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que habían incautado un arma vinculada a los hechos. “Hemos realizado el estudio del arma incautada en el lugar de los hechos y de 12 vainillas que también se recuperaron”, y agregó que le realizaron estudios para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos.
El arma fue comprada el 6 de agosto de 2020 en Arizona, EE.UU, según informó en la conferencia Carlos Fernando Triana, director de la Policía de Colombia. Se está intentando verificar cómo ingresó al país.
Por otra parte, indicó que se realizó el relevamiento de más de 1.000 videos de la zona, y se observaron entradas y salidas, más todo el recorrido del menor detenido, desde su lugar de residencia, hasta el lugar de la concentración, y los momentos posteriores al atentado. La fiscal detalló que tienen identificado en video el momento del accionar del arma.
De la misma manera se revisaron los movimientos de Uribe Turbay para determinar si estaba sometido a vigilancia. “Normalmente cuando hay un atentado de carácter sicarial, normalmente hay seguimiento al objetivo”, dijo la fiscal. También indicó que no había pedidos de protección por parte del senador antes del ataque.
Además, se realizaron varias entrevistas a personas que participaron de la concentración y a familiares del menor de edad, para reconstruir los hechos.
Por otra parte, se investiga si el senador contaba con la seguridad adecuada durante el evento en el que sufrió el atentado, según detalló la fiscal.
El primer sospechoso del ataque contra Miguel Uribe Turbay fue un menor edad de 15 años, quien fue detenido tras el hecho.
La Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El adolescente no aceptó los cargos.
El menor cuenta con un abogado de oficio para su defensa, un defensor público. CNN ha intentando comunicarse con este abogado.
Un segundo sospechoso fue imputado el 12 de junio por la Fiscalía de Colombia. El hombre fue identificado como Carlos Eduardo Mora González, a quien señaló como presunto coautor del ataque contra Uribe Turbay, al supuestamente haber participado en la logística.
Mora González fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
El 15 de junio, una mujer se convirtió en la tercera detenida por el caso. Se trata de Katerine Andrea Martínez Martínez, arrestada como sospechosa de haber “participado en la planeación del ataque armado” contra Uribe Turbay, según informó la Fiscalía en un comunicado difundido en redes sociales.
La mujer fue imputada por los delitos de “tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y uso de menores de edad en la comisión de delitos”, pero rechazó los cargos en su contra, según el comunicado de la Fiscalía.
El 19 de junio, un cuarto detenido fue identificado como William Fernando González Cruz, quien el día del ataque presuntamente recogió en un auto a otras personas supuestamente implicadas y estuvo vinculado con la planeación de la agresión con arma de fuego, dijo la Fiscalía.
A principios de julio, las autoridades colombianas capturaron a Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, como uno de los presuntos responsables del atentado contra el senador, según confirmó en una rueda de prensa este sábado el director de la Policía colombiana, general Carlos Fernando Triana Beltrán.
El 18 de julio, las autoridades detuvieron a una sexta persona por su presunta participación en el atentado. De acuerdo la Fiscalía General de Colombia, esta persona fue presuntamente designada para trasladar fuera del lugar de los hechos al adolescente señalado como autor material del atentado contra Uribe.
Todos los involucrados se han declarado inocentes de los cargos.
La fiscal indicó días después del atentado que se estaban analizando las redes sociales del menor detenido, y que intentaban determinar si fue captado por una red ilegal e involucrado en el hecho. Camargo aclaró que se estaban reconstruyendo los movimientos del menor con evidencias.
El adolescente recibió un disparo en la pierna a pocos metros del lugar del ataque, según detalló la fiscal. El objetivo del disparo fue evitar su huida. Pero también fue agredido por personas de la comunidad. “La policía controló la situación”, indicó la fiscal, y se lo trasladó a un centro asistencial, donde fue intervenido quirúrgicamente.
El 9 de junio se formalizó su detención y se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Además, se realizaron allanamientos en casas de familiares del menor, en donde se recolectó “importante evidencia” que sería analizada.
Consultada sobre las hipótesis del ataque, la fiscal dijo que estaban realizando una investigación “juiciosa, transparente y seria” y que iban a reconstruir basados en evidencia.
La fiscal aclaró que en este caso “rige la presunción de inocencia como a cualquier persona” y detalló que el menor podría enfrentar una sanción de hasta 8 años, pero no propiamente de prisión, sino en un alojamiento para adolescentes infractores. El objetivo es que sea una sanción “reparadora” y para “restablecer los derechos de ese menor”, explicó la fiscal.
“Hay toda una serie de legislación que protege a los menores, que lo que pretende es rescatarlos”, dijo la fiscal, y añadió: “Lo que debiéramos hacer como sociedad es reflexionar frente a por qué un menor de edad termina inmerso en una red sicarial y cómo y qué tipo de medidas pudiéramos adoptar para que esto no suceda, ni en este caso ni en ningún otro”.
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