El TSJM suspende el plan de Carmena que bloquea 50.000 pisos en los desarrollos del sureste
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La decisión, fechada el pasado 2 de julio, supone un espaldarazo a las juntas de compensación de Valdecarros, Los Cerros y Los Berrocales, impulsores del proyecto, que denunciaron al Consistorio por considerar que el Plan Director –aprobado el 25 de enero en la Junta de Gobierno– era contrario a Derecho. Como publicó ABC, argumentaron que no tenía validez y únicamente se basaba en un artículo de la ley de Capitalidad para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La suspensión, explican fuentes jurídicas, se basa en que en este conflicto de intereses públicos «debe prevalecer el que se sustenta en la preservación y ejecución del ordenamiento urbanístico vigente». Su modificación, añaden, «sólo puede llevarse a cabo a través de los instrumentos urbanísticos legalmente establecidos».
Luis Cueto, coordinador general de la Alcaldía, recordó ayer que se trata de una medida cautelar e insistió en que el desarrollo «tiene que hacerse ordenadamente». Los promotores, que celebran la decisión, destacan que es una «buena oportunidad» para que el Ayuntamiento reconsidere su postura y «se siente a dialogar».
En contra de lo planteado por las juntas de compensación, Urbanismo elaboró un calendario a largo plazo que reduce notablemente la edificabilidad. Su objetivo es abordar el proyecto en dos fases, de modo que la primera, entre los años 2022 y 2030, permitirá levantar 27.000 pisos en 1,3 millones de metros cuadrados. La segunda, entre 2031 y 2039, prevé dar luz verde a otras 26.000 en 1,2 millones de metros edificables; cifras que están muy lejos de las 105.000 viviendas y los 6,5 millones de metros cuadrados previstos con el PGOU.
«Era una cacicada»
Los grupos de la oposición en Cibeles valoraron al auto del TSJM con diversos grados, con el PP y Cs de la mano y el PSOE de parte del Gobierno. José Luis Martínez Almeida (PP) señaló que el tribunal «ha velado por los intereses de los madrileños mejor que el Ayuntamiento», mientras que Begoña Villacís (Cs) recordó que la suspensión demuestra que lo que quería hacer el Consistorio es «una cacicada». Purificación Causapié (PSOE) reiteró su disposición a rebajar la edificacabilidad: «Es importante ver el desarrollo de equipamientos».