El cinismo de la izquierda americana ante la renovación del Tribunal Supremo
En parte, se debe a un inusitado uso de la propaganda de masas con evidente cinismo, confiado en la ignorancia de los más: sólo así se pudo lanzar en España la campaña de los "cien años de honradez"; la derecha, abrumada por las consecuencias de la guerra civil, no tenía fuerzas para denunciar –sintetizo- el golpe de estado antidemocrático de 1934, ni las políticas represivas a partir del frente popular del 36, que llenaron las páginas del BOE de órdenes ministeriales depuradoras de funcionarios…
Tengo una sensación semejante ante tanto comentario sobre la sustitución del dimitido juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Anthony Kennedy. El sistema constitucional americano tiene sus limitaciones, pero se ha vivido con relativa normalidad dentro de la alternancia del poder. Los miembros de esa Corte son nombrados por el presidente con carácter vitalicio. Su muerte o, como ahora, una dimisión, llevan a una sustitución que, lógicamente, refleja la orientación política del primer mandatario, entre personas que cumplen objetivamente los requisitos necesarios. A mi entender, no tiene sentido quejarse, salvo para quienes son partidarios de una interpretación de la Constitución "creativa" y, en el fondo, partidista.
Lo ha explicado bien Juan Meseguer en Aceprensa el 12 de julio: en el actual debate se invoca el aborto y la sentencia Roe v. Wade de 1973, pero, en el fondo, la cuestión es la esencia del Tribunal Supremo: originalismo frente a constitucionalismo vivo, que no es –aunque pudiera parecerlo- una cuestión cuasi teológica como la que enfrente a creacionistas y evolucionistas en el ámbito de la educación básica de los ciudadanos.
El enfoque no es nada teórico. Tiene consecuencias muy prácticas: según la perspectiva, el Tribunal Supremo no se limitaría a reconocer los derechos establecidos por la Constitución o sus enmiendas, sino que podría crear derechos, aplicando los textos a una realidad social distinta, con la mente de los legisladores. Los originalistas consideran que eso es misión del poder legislativo, no de nueve jueces –no elegidos por el pueblo-, en una especie de función expansiva de los textos fundamentales.
Brett Kavanaugh es católico. Pero como juez se somete a la ley, de acuerdo con una tradición clásica en todo el mundo: si no fuese así, se excluiría injustamente a los creyentes del desempeño de tareas judiciales. Durante sus doce años largos de juez federal de apelaciones en Washington DC, ha sido coherente con su concepción de la función jurisdiccional: “debe ser independiente e interpretar la ley, no hacerla. (...) Un juez debe interpretar la Constitución como está escrita, informada por la historia, la tradición y el precedente”.
Si no pasa la prueba del Senado, no será por sus convicciones religiosas, sino por haber sido asesor del presidente George W. Bush. O simplemente por la intolerancia de quienes le han presentado falsamente como un extremista. Lo sintetiza el comentario de Cory Booker, senador demócrata de Nueva Jersey, repetido casi literalmente por otros: el presidente Trump “quiere hacer retroceder los derechos individuales, quiere hacer retroceder los derechos de las mujeres, quiere hacer retroceder los derechos de los trabajadores, quiere hacer retroceder los derechos civiles”.
Rechazar el nombramiento por esos estereotipos maniqueos supondría discriminación ideológica, que denotaría una vez más ese cinismo al que me refería al comienzo de estas líneas: la izquierda no suele ceder cuando tiene el poder –lo estamos comprobando estos días en España-, pero desde la oposición exige tolerancia y amplitud de miras a quienes piensan de otra manera.
Parece claro que Trump ha propuesto a un candidato que reúne los requisitos como profesional del derecho. Veremos si la mayoría acepta esa condición fundamental, o la somete a la ideología. De hecho, en la prensa americana se pueden leer artículos que le apoyan, escritos por personas que manifiesta no ser partidarios del actual presidente.
Por lo demás, y a diferencia del Constitucional español –con doce miembros-, el Tribunal Supremo tiene nueve jueces, por lo que el equilibrio entre ellos no llevará nunca al empate: se decantará en una línea o en otra, no determinada necesariamente por la ideología del presidente de la Unión que nombró a cada uno de los vocales. No hace falta recurrir al poco democrático voto de “calidad” del presidente, como en España.