Los letrados del Parlament dan oxígeno al independentismo
A menos de 24 horas antes de la celebración del último Pleno en el Parlament antes del periodo vacacional, los letrados de la cámara catalana entregaron ayer a los grupos parlamentarios el informe sobre cómo aplicar la suspensión de los seis diputados procesados por rebelión. Si cada dictamen de los servicios jurídicos se había convertido en sinónimo de revés al independentismo, ayer, en el estreno del ex secretario general de ERC, Joan Ridao, como jefe de los abogados de la cámara catalana, cambió por completo la dinámica y el informe cuestionó la suspensión de los parlamentarios dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
En este sentido, los letrados del Parlament se acogieron a la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional del artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –que dicta que todos aquellos cargos públicos procesados por rebelión y en prisión deben ser suspendidos– en una sentencia de 1987, donde precisaban que para hacer efectiva la suspensión, el delito de rebelión por el cual se les procesaba debía haberse fundado en el uso de «armas de guerra y explosivos», algo que no ha ocurrido en los diputados separatistas, como se desprende a lo largo de todo el proceso de instrucción. Para evitar la suspensión, los servicios jurídicos consideraron que el auto del juez Llarena no puede aplicarse de forma «automática» sino que debe buscar una «conciliación» entre el artículo 25 del reglamento de la cámara –que apuesta por votar la suspensión en Pleno– y ese artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «La conciliación entre las dos regulaciones es necesaria, pero puede requerir una modulación en los criterios de aplicación de la norma establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal», precisa el dictamen.
Esta conciliación, según sugirieron, podría materializarse con la modificación del Reglamento del Parlament para que introduzca la posibilidad de sustituir temporalmente a los diputados –la solución que también sugirió en el auto el juez Llarena–, ya que ahora no está recogido. Mientras fructifica este cambio legal, los letrados propusieron que los diputados procesados pueden seguir delegando el voto en otro diputado de su mismo grupo parlamentario –aunque lo definen ya como «sustitución»–.
En cualquier caso, lo que sí insistieron en el informe es que la propia Mesa del Parlament es quien tiene competencias para decidir cómo aplicar el auto del juez Llarena. Para ello, hoy a primera hora se reunirá, y por la tarde arrancará el Pleno, que se prolongará hasta el jueves. En paralelo, el viernes, los abogados de los seis diputados (Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva) presentaron un recurso para evitar la suspensión, aunque todavía no ha habido resolución.