Sánchez prohibirá futuras amnistías fiscales y plantea que las grandes empresas paguen más
Un mes y medio después de acceder al Gobierno, Pedro Sánchez ha comparecido ante el Congreso de los Diputados para exponer su programa de Gobierno, que ha articulado en cuatro pilares: consolidar crecimiento económico y creación empleo digno, igualdad y cohesión social, regenerar la democracia y fomentar la cohesión territorial y la participación activa en la construcción europea.
El presidente del Gobierno ha confirmado en el arranque de su comparecencia que su «decisión política es firme» en lo referente a la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. «Vamos a proceder a la exhumación», ha confirmado Sánchez, que ha asegurado que a la espera de ultimar el instrumento jurídico que lo hará posible su finalización será «en un muy breve espacio de tiempo». Lo ha justificado en que «ninguna democracia puede permitirse monumentos que exalten ninguna dictadura».
En el apartado económico el presidente del Gobierno ha hecho una valoración que reconoce la situación de crecimiento económico que vive el país, pero cuestionando la forma de ese crecimiento. «España crece pero no redistribuye. España crece, sí, pero a golpe de precariedad y no de productividad», ha dicho Sánchez.
La base de su política económica se sustentará en un incremento de gasto vía dos pilares. La primera es un aumento de los ingresos a través del «rediseño» del impuesto de Sociedades para que «el tipo efectivo de grandes corporaciones se acerque al nominal y en ningún caso sea inferior al 15%».
Pero el otro pilar será el menor ritmo de reducción de déficit pactado con Bruselas. La nueva senda es llegar al 2,7% en lugar de al 2,2% en 2018 y al 1,8% en lugar de un 1,3% en 2019. Ese margen adicional se repartirá entre todos los niveles de la Administración.
Así, las Comunidades Autónomas podrán llegar el próximo año al 0,3% en lugar de al 0,1%. El gobierno lo cifra en 2.400 millones de margen adicional para el conjunto de las autonomías. «Son unos objetivos coherentes con la evolución económica de nuestro país. Y coherentes con las necesidades sociales». Sánchez ha anunciado que se convocará para el jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera para sellar este acuerdo con los gobiernos autonómicos.
Sánchez ha anunciado que planteará también un anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incorporará la prohibición para elaborar en el futuro nuevas amnistías fiscales. Una medida que el presidente utiliza para justificar la no publicación de la lista de personas que se acogieron a la amnistía como había prometido. «Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía», ha dicho Sánchez. En ese proyecto se incluirá en la lista de morosos a los responsables solidarios del fraude.
Sobre el acontecimiento vivido ayer en el Congreso al fracasar la renovación de RTVE, el presidente del Gobierno ha pedido a sus aliados en esa operación (Unidos Podemos y los independentistas) «que apoyen el último paso para salir del bloqueo», es decir, se aferra ya a la fórmula del administrador único.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado hoy que el Gobierno reformará los plazos máximos de instrucción al considerar que han sido «especialmente nocivo» en procesos complejos como los vinculados a la corrupción. «La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad», ha manifestado Sánchez antes de anunciar que derogará el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cataluña: «Generosidad por parte de todos»
Estos han sido las cuestiones más novedosas durante un discurso que se ha extendido durante una hora y media. A partir de ahí, Sánchez ha desarrollado durante el resto del discurso un programa del que ya ha habido dado pinceladas.
En su primera intervención Sánchez ha hablado muy poco de Cataluña y la política territorial, aunque la ha catalogado como «objetivo prioritario». Sánchez se ha comprometido en «avanzar en la vigencia efectiva del marco estatutario», lo que supone el planteamiento defendido por PSOE y PSC de desarrollar mediante otras vías normativas aquellos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron suspendidos por el TC.
Sánchez ha defendido su estrategia de caminar hacia la «normalidad institucional» y se ha manifestado «dispuesto a abrir un discurso franco y directo» en el que ha demandado «generosidad por parte de todos». En este punto ha defendido la activación de las comisiones bilaterales como planteamiento «fundamental para restablecer confianzas quebradas».