Vox anuncia que no hay acuerdo con el PP y publica sus exigencias: reducir subvenciones, acabar con la memoria histórica y expulsar a inmigrantes
No hay acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. El partido de Santiago Abascal ha publicado en su web un comunicado "ante la negativa" del Partido Popular de llegar a un pacto. En él hacen públicas sus "propuestas para garantizar un gobierno que atienda a las necesidades de los castellanos y leoneses". Así, en los primeros tres meses, el partido de extrema derecha pretende reducir "todas las subvenciones públicas a sindicatos, patronales y organizaciones políticas, así como los fondos públicos dedicados a la publicidad institucional", derogar el Decreto 9/2018 de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León y eliminar "las partidas presupuestarias y normativas que promueven el efecto llamada y favorecen el tráfico de seres humanos" además de colaborar como Gobierno con la Policía "en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados".
La propuesta, que no acepta el PP, reconocía que la presidencia de la Junta estaría en manos del Partido Popular y "seis de las nueve consejerías" mientras que la vicepresidencia de la Junta, así como la Presidencia de las Cortes y la Secretaría tercera de la Mesa, recaería sobre Vox. Por tanto, los de extrema derecha, que durante la campaña electoral apostaban por la reducción drástica de consejerías, eliminarían solo una.
Entre los ejes de gobierno citan: vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León, promover la solidaridad entre todos los territorios de España y fortalecer el papel de las provincias y municipios, reivindicar la historia común, "entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarla para dividir a los españoles", la defensa de los intereses del campo, la industria, el comercio y el territorio ante la Unión Europea, o el Impulso de todas las capacidades productivas y de los recursos disponibles en Castilla y León para el crecimiento económico y la creación de empleo. Pero además, Vox pretendía que el Gobierno de la Junta se comprometiese a "rechazar las políticas impulsadas por la Agenda 2030 y cualquier impedimento ideológico del desarrollo energético e industrial y tenia también entre los ejes el compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo, la garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos, el desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad del territorio. la atención a las "demandas legítimas de las provincias·, el apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas, la "reducción significativa del gasto institucional y supresión del gasto público superfluo o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos" y el "compromiso" para no subir impuestos propios o crear alguno nuevo.