Por qué los republicanos de EEUU han retomado la censura de libros como apuesta electoral
Las imágenes muestran estanterías de bibliotecas vacías, otras con los tomos de los libros dados la vuelta o cubiertas para que no se vean los títulos. Son escenas de colegios de Florida que han sido objeto de denuncias de padres que consideran que las obras no son adecuadas para los estudiantes. En uno de ellos han retirado 150 títulos por la petición de una sola persona. En otro distrito estudian una solicitud para censurar más de 3.600 en todas las escuelas de un condado.
La censura de libros en los colegios de Estados Unidos es un fenómeno conocido, pero se producía en casos aislados. Cuando una demanda en los años 80 llegó al Tribunal Supremo, sólo afectaba a 11 títulos. En la actualidad, una avalancha de iniciativas de políticos republicanos y ejecutadas por organizaciones ciudadanas con vínculos conservadores intenta retirar miles de libros tanto en las aulas como en bibliotecas públicas.
En dos años, la censura de libros se ha convertido en el debate político y electoral en uno de los países con mayores protecciones a la libertad de expresión. Los expertos aseguran que el movimiento tiene una dosis de oportunismo político, pero también ha calado entre los estadounidenses de una manera difícil de prever hasta hace poco. Así, el liderazgo del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se ha encontrado con el apoyo de otros legisladores que han copiado su iniciativa o incluso aspiran a llevarla más lejos.
Estados como Kansas han añadido la premisa de que un docente que utilice cualquier material que trate la homosexualidad en el aula puede ser denunciado. En Arizona, los padres podrán demandar directamente a profesores y escuelas si consideran que se ha incumplido la ley. Missouri quiere impedir que se utilicen fondos públicos para comprar títulos que puedan tener contenidos “lascivos”. Y en Dakota del Norte el Senado ha aprobado un proyecto de ley para que desaparezcan de las bibliotecas públicas —incluido el material para adultos— los títulos que contienen material “sexualmente explícito” y propone hasta 30 días de prisión para los bibliotecarios que no retiren los libros indicados.
El mecanismo concebido por los republicanos es simple. La ley permite a los padres denunciar que consideran un libro como inapropiado por su contenido “obsceno” o “pornográfico”. Los activistas denuncian que, a veces, ese contenido supuestamente obsceno es una escena de un beso entre dos personajes del mismo sexo. Pero en cuanto un título es señalado, es obligatorio retirarlo hasta que el consejo escolar estudie si el texto es adecuado o no.
Varias organizaciones conservadoras proporcionan además instrucciones para denunciar libros, lo que ha permitido atacar un gran número de publicaciones. Una de ellas es MassResistance, calificada como “grupo de odio anti-LGTBQ+” por el Southern Policy Law Center, especializada en el recuento de estas organizaciones. Otras son Moms for Liberty (Madres por la libertad) y Parents Defending Education (Padres en defensa de la educación). En sus páginas web publican desde una guía para entender el lenguaje ‘woke’ hasta cómo crear formularios para recabar comentarios a favor de la retirada de un libro.
“Puedes crear una cuenta de redes sociales dedicada a tu escuela y documentar ejemplos de adoctrinamiento”, dice la guía de Parents Defending Education. “Sacar a la luz datos indiscutibles para que tu comunidad y el mundo lo vean es una herramienta muy poderosa”. Otro grupo, No Left Turn on Education (No al giro a la izquierda en educación) ofrece modelos de cartas que se pueden enviar a diferentes instancias educativas y ejemplos de peticiones realizadas por otros grupos en todo el país.
“Es muy distinto cuando el director del colegio tiene que lidiar con un padre enfadado que cuando deben responder a una ley estatal que está a punto de entrar en vigor”, explica Jonathan Friedman, director de PEN America, una organización que defiende la libertad de expresión a través de la literatura. Su último informe ha documentado todos los libros retirados de las estanterías escolares entre el verano de 2021 y la primavera de 2022: más del 40% tenían protagonistas de minorías raciales, otro 30% contaba con una temática o personajes LGTBI y un 7% hablaba de personas transgénero.
Friedman atribuye la ofensiva, en parte, a que en la última década las bibliotecas escolares se han llenado de títulos que reflejan la diversidad y los avances del país. “Podía haber un niño en la escuela con dos papás y encontrar un libro que habla de esa misma realidad”, asegura. “Pero cuando ese libro termina en una casa donde tienen valores basados en el matrimonio entre un hombre y una mujer, no quieren que sus hijos sepan que esas personas existen”.
El paso del enfado de un puñado de padres a la ofensiva legislativa de los últimos meses ha sorprendido incluso a las organizaciones que rastrean los distintos intentos de censura. “La escala es inmensa, es una oleada de censura que roza lo absurdo”, dice Friedman, que atribuye esta escala a que las organizaciones “son cada vez más eficientes a la hora de conseguir la retirada de mayores cantidades de libros”.
Los expertos se muestran sorprendidos porque los republicanos, liderados por el gobernador de Florida y posible candidato presidencial en 2024, Ron DeSantis, han apostado por una baza que no prometía gran calado entre los ciudadanos. Apenas uno de cada ocho estadounidenses considera que los padres deben ser quienes decidan los libros que puede haber en las aulas, según datos de la CNN.
Sin embargo, el ascenso de un candidato republicano apenas conocido en 2020 y que logró convertirse en gobernador de Virginia dio varias pistas a los conservadores. El vencedor, Glenn Youngkin, había prometido que prohibiría lecciones sobre racismo en el currículum escolar si ganaba las elecciones y la apuesta le salió bien.
En apenas dos años, otros republicanos como DeSantis han prohibido que las escuelas de Florida den lecciones sobre identidad de género y orientación sexual hasta los 11 años, han limitado las lecciones sobre racismo y esclavitud y los institutos ya no pueden impartir un curso especializado en historia afroamericana de EEUU para alumnos menores de 18 años.
“Los políticos han exagerado el miedo de los ciudadanos acerca de cómo abordan las escuelas asuntos de raza o de sexualidad”, explica Christopher Finan, director ejecutivo de la Coalición Nacional Contra la Censura. Pero ha funcionado. En parte, gracias a una avalancha de leyes con lenguaje deliberadamente confuso que hace dudar a los profesores de lo que pueden o no decir en las aulas y de los libros que pueden recomendar. “Han creado un problema de autocensura, [los profesores] evitan debates de ideas que les puedan traer problemas”, añade Finan.
Según el recuento de la organización PEN America, una veintena de Estados han aprobado medidas similares. En total son 270 leyes desde el año pasado. El ataque afecta a clases en las que los menores aprenden a detectar casos de discriminación y acoso escolar, asignaturas sobre raza, género o cualquier filosofía que haya desatado debates públicos sobre el racismo, la identidad de género o la sexualidad.
También afecta a las asignaturas donde aprenden la historia de su propio país. “Las dificultades de Florida para enseñar la historia afroamericana se han convertido en una batalla sobre quién controla el pasado”, titulaba la semana pasada el Miami Herald. Millones de estudiantes corren el riesgo, por ejemplo, de no poder leer las obras de Toni Morrison, la única afroamericana en hacerse con el Nobel de Literatura, en 1993.
Empresas casi centenarias como Essential Voices, que sirven a las bibliotecas escolares con títulos para distintos grupos de edad, han visto sus colecciones sobre niños afroamericanos, asiáticos o hispanos en la diana de las nuevas demandas. La América conservadora no quiere que estas historias entren en las aulas. Una de ellas es la de Roberto Clemente, la leyenda puertorriqueña de la liga de béisbol nacional cuya historia ya no se puede leer en un condado de Florida. Mientras tanto, ‘Mi Lucha', de Adolf Hitler, sigue circulando libremente porque nadie ha pedido que se retire.
Friedman utiliza el ejemplo de ‘El cuento de la criada’, el título de Margaret Attwood que está presente en numerosas peticiones de censura porque en su contenido menciona violaciones. “Se ha convertido en un clásico contemporáneo y la legislación actual consideraría que ese contenido sexual es esencial para la narración”, asegura el experto.
Sin embargo, la falta de exactitud en el lenguaje de las nuevas leyes permite acusar a un título de pornográfico y conseguir sacarlo de las escuelas, aunque sea temporalmente. Otras víctimas han sido textos infantiles como la novela gráfica ‘Gender Queer: A Memoir' o la obra ‘Maus’ de Art Spiegelman.
“Es un movimiento basado en una mojigatería extrema”, explica Friedman, quien asegura que el movimiento está liderado por “un grupo que quiere imponer sus normas en las instituciones públicas”.
El número de restricciones de títulos aprobadas en los últimos dos años supera todos los registros anteriores, según el recuento de la Asociación Americana de Bibliotecas. Son más de 681 peticiones de retirada de títulos que afectan a más de 1.650 libros. Ante la ofensiva, diferentes organizaciones han reaccionado con demandas, como la del Sindicato Americano por las Libertades Civiles (ACLU) contra la legislación de Texas y que ha motivado una investigación por parte del Departamento de Educación estadounidense.
Se trataría de la primera vez que el Gobierno investiga la ofensiva conservadora para prohibir libros en las escuelas que tratan temas de sexualidad e identidad de género. La demanda contra Texas alega que la legislación incumple la prohibición de discriminar por sexo, orientación sexual o género en las escuelas.
Sin embargo, el temor de los activistas que luchan contra la censura es que mientras los políticos hablan de escuelas y bibliotecas públicas, su objetivo sea ir más lejos. Varios senadores republicanos han solicitado, por ejemplo, que los programas de televisión muestren avisos si emiten contenido LGTBI.
“Estamos hablando de leyes que quieren imponer nuevas restricciones de edad en libros y avisos parentales como los que antes había en las cajas de cigarrillos”, lamenta Friedman, que teme que los libros se conviertan en “otro objeto de consumo regulado”. La idea de regular la circulación de información, lamentan desde PEN America, se puede aplicar en las escuelas y las bibliotecas infantiles, pero también en las de adultos, las bibliotecas públicas, tiendas de libros y universidades. Para Friedman, “una vez que esta idea ha calado, puede avanzar en cualquier dirección”.