Arévalo se prepara para asumir la presidencia de Guatemala pese a la persecución judicial del "pacto de los corruptos"

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió el pasado 14 de diciembre un recurso de amparo definitivo que exhorta al Congreso a llevar a cabo la toma de posesión del nuevo presidente. El fallo de la máxima corte llegaba justo un mes antes de la investidura, programada para el 14 de enero. El progresista Bernardo Arévalo se ha sometido a una persecución constante desde antes de las elecciones por parte de la vieja élite del país y la Fiscalía intenta suspender su partido, el Movimiento Semilla.

Desde que el socialdemócrata Bernardo Arévalo ganó la presidencia del país el pasado 20 de agosto, la Fiscalía impulsó una serie de casos judiciales que buscan cancelar y deslegitimar los resultados. Según la mayoría de los analistas, se trata de un intento de golpe de Estado “técnico” y es una muestra más de persecución política y de la deriva autoritaria que ha vivido el país en los últimos años.

Aunque la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala allana el camino para que el 14 de enero de 2024 se efectúe la toma de posesión del nuevo presidente electo, el analista político y miembro de la asociación de Analistas Independientes de Guatemala (AIG) Luis Fernando Mack advierte que el fallo del alto tribunal no extingue los esfuerzos del Ministerio Público por evitar la investidura. Como él, diversos analistas consultados por este medio coinciden en sostener que la persecución política contra Semilla no cesará.

Sin embargo, Arévalo se prepara para la toma de posesión y se espera que el 8 de enero anuncie su Gabinete de Gobierno. "Se vienen grandes cosas", declaró el pasado fin de semana el presidente electo. "Hemos reunido un equipo de hombres y mujeres sumamente profesionales, comprometidos con Guatemala y que lo darán todo por ti y tu familia", añadió confiado en que jurará el cargo.

El Movimiento Semilla, encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, fue la gran sorpresa de las pasadas elecciones presidenciales. Con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la recuperación democrática de las instituciones, la formación logró obtener un respaldo popular del 60,9% en la segunda vuelta presidencial.

La victoria de los socialdemócratas ha desafiado las formas tradicionales de hacer política y ha logrado romper con la correlación de fuerzas de la clase política y económica dominante del país. Específicamente, contra el denominado “pacto de corruptos”, término que utilizan la mayoría de analistas políticos del país para referirse a la coalición de funcionarios, políticos, militares, empresarios y estructuras criminales que han cooptado la mayoría de instituciones del Estado en favor de su propio interés. 

Sin embargo, desde su inesperado pase a la segunda vuelta a finales de junio, el Movimiento Semilla empezó a sufrir una campaña de persecución política y judicial con el objetivo de deslegitimar su victoria electoral e impedir la investidura.

La Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras y Rafael Curruchiche, sancionados por Estados Unidos por corrupción y por “socavar la justicia”, abrieron una investigación contra el partido por una supuesta falsificación de firmas en el proceso de fundación de la organización política. A la persecución penal se le han sumado allanamientos a la sede del Movimiento Semilla y a la del Tribunal Supremo Electoral, así como la suspensión temporal del partido.

A los pocos días de su triunfo electoral, Arévalo de León denunció en rueda de prensa que se estaba impulsando un “golpe de Estado mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales en distintas instancias" con el objetivo de "impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente”.

En este sentido, Luis Mack sostiene que los casos judiciales abiertos contra el partido son un “chantaje” que busca limitar la capacidad de gobernar del nuevo ejecutivo y tratar de evitar, mediante la represión y el miedo, que desarrollen todo su programa político de cambio. A su vez, toda la campaña de desprestigio contra Semilla “tiene el objetivo de socavar la legitimidad del nuevo gobierno antes de que ejerza, un discurso que ha ido calando paulatinamente entre la población”, asegura Mack.

Tras el 14 de enero, el principal desafío de Arévalo será la gobernabilidad. En caso de ser investido, el nuevo presidente electo deberá afrontar los diversos procesos judiciales abiertos en su contra. Un partido suspendido por la justicia y dos solicitudes por parte del Ministerio Público de retirar la inmunidad judicial del presidente, prevén que la persecución judicial se prolongue en el tiempo.

Para diversos analistas y expertos, además, se vislumbra un Gobierno débil en términos legislativos. Con un Congreso ampliamente controlado por fuerzas conservadoras, en el que la bancada de Semilla cuenta con apenas 23 diputados de 160, las esperanzas de cambio del nuevo gobierno pueden verse muy limitadas. Los socialdemócratas se verán obligados a establecer un proceso de diálogo con los distintos sectores sociales y políticos para generar grandes acuerdos alrededor de políticas públicas y reformas que son necesarias para el país.

Mientras tanto, la conflictividad institucional y tensión política que se prevé que se viva en los próximos meses va a coexistir con las expectativas y las esperanzas de cambio que Arévalo ha generado entre una mayoría de guatemaltecos.

El país centroamericano ha vivido el proceso electoral más convulso desde los Acuerdos de Paz firmados en 1996, lo que ha puesto en alerta a la comunidad internacional, empezando por la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión de observación electoral de la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos.

Los diferentes organismos internacionales han exigido a las autoridades de Guatemala que garanticen la investidura del presidente electo. A las recientes sanciones económicas interpuestas por Estados Unidos contra diferentes operadores de justicia del país, se suma la condena explícita del Parlamento Europeo contra el “intento de golpe de Estado” y las maniobras del Ministerio Público para invalidar el resultado de las elecciones.

A nivel nacional, los ataques contra Semilla y el orden democrático también han sido contrarrestados por una gran movilización social. Tras un paro nacional que mantuvo al país colapsado durante más de un mes, las comunidades indígenas y organizaciones sociales, aunque con menos capacidad de movilización, continúan con las protestas frente a las sedes de organismos oficiales. Según Mack, estos dos elementos han sido clave para evitar que se consolide la cancelación de Semilla.

Sin embargo, la incertidumbre continúa gobernando en Guatemala. A pesar de que hay señales que indican que la investidura se producirá, continúan existiendo indicios de que en los días y horas previas al traspaso de poderes podría haber alguna acción que impida la toma de mando, asegura el analista político. Con la mayoría de instituciones gubernamentales y de justicia cooptadas por la oposición, son muchas las posibilidades de que los sectores conservadores del país lleven a cabo alguna argucia legal que acabe con la voluntad popular expresada en las urnas.