"La cárcel me quita el sueño": un activista de Futuro Vegetal, a las puertas del banquillo por "pegarse" a un jet privado
“Acabar en la cárcel es uno de los motivos que me quitan el sueño y, a la vez, una posibilidad cada vez más certera”, afirma a elDiario.es Bilbo Bassaterra, cofundador de Futuro Vegetal, que se define a sí mismo como “un colectivo de desobediencia civil y acción directa que lucha contra la crisis climática”. Bassaterra acaba de recibir una notificación del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa en la que se le cita a declarar en calidad de investigado por un presunto delito leve de daños. La acusación particular es ejercida, en este caso, por Air 2 Aviation GMBH, AENA y la Fiscalía.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 14 de julio cuando tres activistas de Futuro Vegetal y uno de Extinction Rebellion entraron en la pista de aterrizaje del aeropuerto de la isla, rociaron de pintura biodegradable a un ‘jet’ privado y se pegaron a él, en el marco de la campaña Jets and yachts, the party’s over (Aviones privados y yates, la fiesta se ha terminado).
Con esta acción, los activistas climáticos exigían “la prohibición de los jets privados y la eliminación de las emisiones de lujo”. Además, reclamaban al Gobierno “que derive las subvenciones que actualmente destinan a la ganadería a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales”.
No es la primera acción por la que Bassaterra ha tenido que acudir al juzgado. Esta semana ha recibido otra notificación de un juzgado de Bilbao por hechos ocurridos en el Museo Guggenheim. “Intervine grabando la acción, que consistió en tirar un poco de pintura lavable en la puerta”, explica. “Nos piden medidas cautelares: prisión preventiva y fianza, probablemente” y añade que ya acumula cuatro o cinco procesos similares.
En todos ellos ha sido imputado por presuntos delitos leves de daños o, simplemente, por un delito de daños. A estas acusaciones se le suma otra de extrema gravedad que afecta al colectivo en su conjunto: la Fiscalía incluyó a Futuro Vegetal en su memoria anual de 2022 bajo un capítulo dedicado al terrorismo. Por otro lado, en enero de este año, la Policía Nacional cerró una operación con 22 detenidos que fueron puestos a disposición judicial bajo la acusación de pertenecer a una “organización criminal”.
“Si alguien tuviera la tentación de imputarlos por un delito de terrorismo o banda armada [en referencia a la acción del aeropuerto de Eivissa] o algo más grave, como sedición [en referencia al caso de Tsunami Democràtic en Catalunya], estaríamos ante algo realmente desproporcionado”, asegura a elDiario.es Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Urías cree que en el caso de Eivissa, en referencia al delito leve de daños que se investiga, no ha habido una vulneración del derecho a la protesta, pero que es cierto que hay una mayor propensión “a perseguir este tipo de acciones más que a otras”.
Después de que Futuro Vegetal y Extinction Rebellion aparecieran en la memoria anual de la Fiscalía de 2022 en un capítulo dedicado al terrorismo, el Ministerio Fiscal salió a desmentir que tales grupos fueran “organizaciones terroristas”. Acusaciones de este tipo, o como ha ocurrido con el caso de Tsunami en Catalunya, provocan que las personas “dejen de ejercer sus derechos”, sostiene Urías. “El objetivo es de disuasión”, señala el profesor de Derecho Constitucional.
En términos más generales, Urías apunta que, si durante el transcurso de una protesta o manifestación “se producen daños a las personas o a los bienes” (por ejemplo, que alguien rompa el escaparate de un banco), se puede imputar a los responsables un delito de daños. “Eso no necesariamente supone una vulneración del derecho a la protesta”, afirma Urías. Preguntado por otras acciones de grupos climáticos alineados con los objetivos de Futuro Vegetal, como la protesta que tuvo lugar el 6 de abril de 2022 por parte de Scientist Rebellion, en la que se ha pedido penas de cárcel para activistas que rociaron la fachada principal del Congreso de los Diputados con líquido de agua con remolacha, Urías afirma que eso “sí que ha sido muy desproporcionado”. “Hay una voluntad represiva que al final disuade de ejercer derechos fundamentales”, declara el exletrado del Tribunal Constitucional.
Tras la protesta frente a la Cámara Baja, a la que acudieron personalidades de renombre como el científico del CSIC Fernando Valladares, más de una decena activistas fueron detenidos e imputados, entre ellos Jorge Riechmann (profesor de la Universidad Autónoma de Madrid), Juan Bordera (activista climático) y Karen Killeen (fundadora de Extinction Rebellion Ibiza). Todos ellos fueron acusados de dos delitos: uno de daños agravados a edificios de valor histórico y otro de desórdenes públicos, por los que se enfrentan a varios años de prisión.
“En el caso del Congreso de los Diputados las penas son desproporcionadas. Se está lanzando un mensaje para intentar evitar que las protestas contra el cambio climático vayan a más y para cercenar el derecho a la protesta”, valora Urías, pero añade que, en el caso de la protesta del aeropuerto de Eivissa, sin conocer a fondo el tema, “la acusación no suena tan desproporcionada” como para desalentar que la ciudadanía siga protestando contra la crisis climática.
Los delitos de daños suponen acusaciones que pueden conllevar penas de prisión, sobre todo, si se producen de forma repetitiva, como es el caso de algunos integrantes de Futuro Vegetal. Sin embargo, la que más preocupa a Bassaterra es la que hace la Brigada de Información de la Policía Nacional. “Consideran que somos una organización criminal y nos llevan al juzgado: si nos condenan por ese delito, las penas de cárcel son de entre tres y ocho años”, lamenta el cofundador de la organización climática. “Estoy absolutamente convencido de que no formo parte de ninguna organización criminal, pero no puedo poner la mano en el fuego de que algún juez o jueza considere que sí”, añade.
Preguntado sobre qué repercusiones cree que tendría para el Gobierno progresista que activistas climáticos de Futuro Vegetal o Extinction Rebellion acabaran en prisión por llevar a cabo “acciones de desobediencia civil”, Bassaterra afirma, en relación a la legislatura pasada, que se cometieron “vulneraciones de derechos humanos que son básicas”. En este sentido, señala la actuación de la Guardia Civil el 24 de junio de 2022, cuando murieron 23 personas intentando saltar la valla de Melilla, al menos uno de ellos en suelo español, y que puso en entredicho el papel de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
El activista climático pone otro ejemplo más reciente: la condena del Tribunal Supremo de cuatro años y nueve meses de prisión para varios antifascistas del grupo conocido como ‘los seis de Zaragoza’, encausados por los disturbios posteriores a una protesta en un acto de Vox en Zaragoza en enero de 2019. “Creo que le puede pasar factura [al Gobierno] porque puede generar cierto desapego en el voto de la izquierda”, opina.
Para hacer frente al contexto climático actual, Futuro Vegetal exige medidas “contundentes” al Gobierno que, a su juicio, a día de hoy no existen. “Me pregunto qué utilidad tiene el Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico”, afirma Bassaterra, cuya existencia atribuye a un “instrumento de propaganda” del PSOE. “Están dando subvenciones a las empresas más contaminantes para que, en las grandes hectáreas de campo que tienen, instalen placas solares o molinos de viento”, asegura. “Es una transición ecológica y energética de mentira”, añade.
Finalmente, Bassaterra advierte sobre el peligro de que, a su juicio, el Gobierno progresista haga “políticas reaccionarias” que puedan abonar el terreno para los discursos de la extrema derecha, negacionistas de la crisis climática. Así, el activista recoge el lema del movimiento 15M (“Lo llaman democracia y no lo es”) y llama a la movilización ciudadana porque, según asegura, “la democracia va mucho más allá del sistema parlamentario actual”.
“Tenemos que ser conscientes de que necesitamos grandes consensos dentro de la población, pero tenemos que plantearnos si queremos seguir dando subvenciones públicas para que todos podamos alimentarnos masivamente con carne hasta niveles insanos para la propia salud o si queremos recuperar las tierras de cultivo que ahora mismo están en manos de grandes corporaciones”, manifiesta, y concluye que hay que adaptar el sistema agroalimentario al actual contexto de “caos climático”.