En un sector tan intensamente regulado como el energético, cualquier interrupción del suministro no puede considerarse un accidente técnico, sino un fallo del Estado. Lo ocurrido el 28 de abril, cuando buena parte de la Península Ibérica quedó sumida en un apagón sin precedentes, no es una anécdota ni un sobresalto casual: es el resultado de una gestión pública deficiente, opaca y peligrosamente ideologizada. La electricidad no es una mercancía cualquiera. Es un servicio esencial operado bajo un sistema regulado de concesiones, permisos, planificación centralizada y fiscalidad diseñada al milímetro. En España, el Estado es el accionista de control de Red Eléctrica (Redeia), decide el calendario de cierre de las nucleares, establece los peajes, diseña el mix energético y autoriza...
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