El comisario de Justicia reclama que los fiscales actúen «sin injerencias y de manera independiente»

No ha sido la primera vez que sucede, pero si probablemente la denuncia de la corrupción política en España que puede haber tenido mayor repercusión en las instituciones europeas. Este miércoles en la Eurocámara tuvo lugar un debate específico sobre la situación en España en el que participó el comisario de Justicia, Michael McGrath , que es el responsable del informe sobre la situación del Estado de derecho en España que el Ejecutivo comunitario ha de publicar en las próximas semanas. McGrath señaló que en la elaboración del de este año tendría en cuenta las asociaciones de jueces y fiscales «porque desempeñan un papel fundamental en la promoción del Estado de derecho y nos aportan una experiencia valiosa e información crucial». Habitualmente, la Comisión es muy cauta a la hora de señalar una política concreta de un país miembro y más en este delicado campo del poder judicial. Sin embargo, ha llamado la atención sobre la necesidad de que haya «salvaguardas institucionales» para garantizar que los fiscales actúen «sin injerencias y de manera independiente», pues la «autonomía es fundamental», lo que podría considerarse como una alusión a la situación inédita del Fiscal General del estado en España. El debate, en el que sorprendentemente los eurodiputados de Vox fueron más críticos con el Partido Popular que con el Gobierno de Pedro Sánchez, se había vinculado al informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE que elabora el Parlamento y que es mucho más matizado que el de la Comisión porque ha de ser aprobado por los demás grupos por lo que ni siquiera se mencionan a los países. Pese a ello, el Grupo Popular ha logrado que se aprueben enmiendas expresas que se refieren a la inquietud de la Eurocámara por «los casos pendientes ante los tribunales nacionales» en los que existen «indicios de presuntos delitos de revelación de secretos con fines partidistas por parte de miembros del Ministerio Fiscal». Las informaciones que vinculan al ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán , con el cobro de comisiones ilegales y con operaciones de desprestigio de jueces y policías han hecho que toda la prensa continental refleje la situación delicada del Gobierno de Pedro Sánchez.