En medio de la ofensiva de los fondos buitre para quedarse con YPF, el Gobierno desguazó la Procuración, la encargada de defender al Estado en ese juicio. Su titular es Santiago Castro Videla, socio de un abogado contratado por el fondo Burford como testigo contra la Argentina. Curiosamente, justifican los 60 despidos con el rumor de que “les filtraron información a los buitres”
