La financiación singular de Cataluña: ineficiencia, inequidad y desafío al Estado moderno
El reciente pacto para transferir a Cataluña la recaudación de impuestos estatales -y solo retribuir al Estado central una parte de ellos- supone una financiación singular equiparable a un concierto fiscal bilateral. Josep Borrell ya advirtió que equivaldría a reproducir el sistema foral destinado únicamente a territorios históricos, lo cual no fue previsto para Cataluña en la Constitución Española. La fragmentación de la potestad recaudatoria conlleva elevación de costos administrativos, duplicidad de funciones y complicaciones en el control del fraude fiscal. Lo denuncian los propios inspectores de Hacienda: multiplicar haciendas autonómicas reduce la eficacia recaudatoria del Estado. Diversos estudios independientes estiman que el Estado podría perder entre un 0,4% y 1,5% del PIB en ingresos, agravando su déficit, lo que conduciría a una presión sobre el resto de regiones para compensar el desajuste.
Este modelo favorece de forma injusta a Cataluña, una región con renta per cápita superior a la media española, erosionando el principio de solidaridad interterritorial. Los inspectores también alertan de que este sistema rompería la equidad ante el tributo y establecería ciudadanos de “primera y segunda clase” según su comunidad autónoma. Si otras regiones políticas edulcoran estos privilegios, se consolidaría un Estado asimétrico donde solo los territorios más ricos disfrutan de recaudación plena, aumentando las brechas entre autonomías erosionando la equidad entre regiones y ciudadanos.
Más allá de los aspectos técnicos, aquí entra en juego la esencia pura de la teoría del Estado. Para Max Weber, el Estado moderno se define como: “una comunidad humana que reclama con éxito el monopolio del uso legítimo de la violencia en un territorio determinado”. Este monopolio legitima que una única autoridad –el Estado– pueda imponer y gestionar impuestos. Tal monopolio no es opcional; es estructural para la organización del poder público. Por su parte, Karl Loewenstein, uno de los grandes teóricos del constitucionalismo, argumentó que el Estado moderno se caracteriza por estructuras constitucionales que legitiman y organizan la recaudación central de hacienda y control del poder político. Aunque no lo expresó como Weber, su defensa de la democracia constitucional —que rechaza estructuras asimétricas que permiten a ciertos territorios funciones soberanas tributarias— subraya que la uniformidad fiscal, establecida por un poder central, es propia del Estado confiable, capaz de proteger libertades y garantizar control democrático.
Si bien el sistema foral se fundamenta en antecedentes históricos, otros Estados modernos no admiten asimetrías fiscales amplias. En Alemania, aunque los Länder recaudan ciertos impuestos compartidos, existe un marco armonizado y redistributivo que impide ventajas fiscales locales indiscriminadas, fortaleciendo un sistema federal equilibrado. En Estados Unidos, si bien los estados establecen impuestos propios, los tributos federales (Renta, Seguridad Social, IVA federal) son homogéneos en todo el país y administrados por el IRS, con lo que se preserva la unidad fiscal. Ambos sistemas respetan cierto autogobierno subnacional, pero no permiten que una unidad territorial recobre la totalidad de los impuestos estatales ni que pueda retenerlos selectivamente.
La financiación singular para Cataluña no solo genera ineficiencias y desigualdades claras, sino que también desvirtúa uno de los pilares del Estado moderno: la potestad tributaria compartida pero centralizada, expresada en la noción weberiana de monopolio legítimo del uso de la fuerza, de la que la recaudación es su expresión fiscal, y confirmada por el constitucionalismo defendido por Loewenstein.
Permitir esa excepción erosionaría el principio constitucional de igualdad tributaria y debilitaría la agencia fiscal común, socavando la unidad económica, la cohesión territorial y la legitimidad estatal. Frente a ello, España necesita reformas que refuercen la equidad y capacidad fiscal general, no aventuras asimétricas que fracturen el Estado de derecho y su sistema fiscal solidario.
*Álvaro Hidalgo es catedrático de Análisis Económico y Finanzas de la Universidad de Castilla-La Mancha y presidente de la Fundación Weber