El PSOE pide a Pedraz que no cite al ministro Torres y a Leire Díez por la trama del fuel de Aldama
El PSOE, personado como acusación popular en la trama de hidrocarburos que salpica a Víctor de Aldama, se ha opuesto a que la Audiencia Nacional cite a declarar al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres o a la "fontanera" del partido, Leire Díez, en el marco de este procedimiento. Los servicios jurídicos del partido consideran que estas diligencias, solicitadas por Hazte Oír, son "inútiles" y que no tienen nada que ver con el procedimiento penal en el que se investiga un presunto fraude la fisco superior a los 200 millones de euros.
La formación política sostiene, en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que son peticiones "impertinentes" y que están "fundadas" en noticias de prensa "que buscan contaminar la instrucción con motivos mediáticos y políticos". Sin embargo la asociación, que representa a de todas las acusaciones que litigan en este procedimiento, entiende que se les debe tomar declaración en aras a esclarecer sus presuntos vínculos con la trama y, en concreto, con Aldama y su socio, Claudio Rivas.
Hazte Oír solicitó la citación como investigados de un total de 33 personas implicadas en los hechos. Se trata de empresarios -algunos de ellos presuntos testaferros- al frente de merncatiles salpicadas por el fraude, tales como Still Growing, Diseño de Fabricación y Soluciones Integrales, Setespan Oil, Movimientos Internacionales Petrolíferos S.L, Novogar 2005 S.L o Gaslow Abastecimientos. Además, reclamó que se vuelva a interrogar por estos hechos a Claudio Rivas, dueño de Villafuel, Víctor de Aldama y sus socios investigados en el caso Koldo: César Moreno, Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano.
El exnúmero dos de Maroto y Koldo, entre los testigos
Del mismo modo, propusieron al magistrado Santiago Pedraz que citase como testigo al que fuera jefe de gabinete de la ex ministra de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart; a Koldo García; a Leire Díez (conocida como "la fontanera" del PSOE); al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al administrador único de Gaslow Abastecimiento, Francisco Javier Patiño. La acusación sostiene que todos ellos pueden explicar si hubo alguna actuación irregular en la concesión de la licencia de operador a Villafuel, la empresa clave de la trama.
Aunque el PSOE considera que estas diligencias "no conducen a profundizar la investigación", Hazte Oír sostiene lo contrario, principalmente a tenor de lo que declaró Carmen Pano. La empresaria, que asegura que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en 2020, expuso que Koldo García y Aldama mediaron para acelerar la concesión de la licencia con la que Villafuel habría cometido el fraude millonario del IVA. En concreto dijo que consiguieron una reunión en el Ministerio de Industria en la que participó Bidart y donde les habrían guiado para conseguir la licencia que les otorgó el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.
Además, desveló que los dos empresarios viajaron a Canarias para reunirse con Torres, entonces presidente del gobierno canario. Pano ya se refirió a este episodio en su declaración ante la Guardia Civil. Según declaró ante la UCO en diciembre, ambos viajaron en avión privado con la intención de adquirir un depósito fiscal, poder ser operativo y descargar carburante que pretendían traer en barcos desde Venezuela a República Dominicana y finalmente a España. Como no lo consiguieron, optaron por poner en marcha la comercializadora Canary Island Fuel Company. Con todo, sí confirmó que la trama introdujo barcos procedentes de Georgia que contendrían fuel de origen ruso.
Reunión con Torres para exportar petróleo venezolano
Por todo ello, Hazte Oír considera que las testificales propuestas son claves para arrojar luz sobre estos capítulos. En lo que respecta al exnúmero dos de Reyes Maroto, dice que en su comparecencia en el Tribunal Supremo en mayo terminó confirmando ante el juez del caso Koldo la existencia del encuentro, siendo además, que obra un mensaje en el sumario del caso Koldo de diciembre de 2020 en el que este último comunica a Bidart el nombre de las personas que iban a participar en la reunión para que les permitieran el acceso al aparcamiento del Ministerio. Por ello, reclaman también que se cite a Koldo García y aclare si fue el "artífice" de la cita y si cobró a cambio de abrirle las puertas de Industria a Aldama.
En lo que respecta a Torres, la acusación popular quiere que se le cite como testigo para que se le pregunte por los presuntos encuentros con Aldama y Rivas "para exportar petróleo venezolano" y comercializarlo en España a través de los puertos marítimos. Aunque el expresidente canario dijo en su comparecencia de la comisión del caso Koldo en el Senado que no le constaba ninguna reunión por estos hechos, Aldama contradice su versión. El comisionista del caso Koldo ha defendido en diversas entrevistas televisivas que tuvieron "al mayor funcionario de Canarias" a su "disposición".
También solicitan la testifical de Leire Díez para que aclare si, como dijo en rueda de prensa, todas sus reuniones con empresarios afectados por las tramas de hidrocarburos se enmarcaban en un trabajo de investigación sobre este asunto. Además, quieren que explique si entregó sus hallazgos al PSOE, toda vez que la grabación de uno de sus encuentros evidenció que lo que buscaba era conseguir información perjudicial de la cúpula de la UCO para apartarla de las causas que siguen a día de hoy contra el entorno más cercano de Pedro Sánchez.
La concesión de la licencia, en el foco
Pese a ello, el partido socialista -representado por el mismo abogado que se personó con Santos Cerdán en el caso Koldo- considera que no arrojarán luz a la causa. De Bidart dijo que ya declaró en el Tribunal Supremo y, en lo que respecta a Torres, sostiene que es una "ocurrencia" que se le implique un presunto negocio de venta de petróleo venezolano. "La declaración de Dª Leire Díez Castro no parece que vaya a arrojar mucha luz sobre las infracciones tributarias objeto de la presente causa. Por todo ello, las diligencias solicitadas, a juicio de la representación del PSOE, son inútiles, innecesarias y no conducentes a profundizar la investigación instructora", concluye.
Además, asegura que la concesión de la licencia a Villafuel no está bajo sospecha. Sin embargo, el magistrado Pedraz solicitó el pasado 8 de julio al magistrado del caso Koldo en la Audiencia Nacional copia testimoniada de los archivos que contuvieran los móviles de Aldama y Koldo requisados por la Guardia Civil "que tengan relación con todas las actividades relativas a la obtención del título de operadora" de Villafuel. Además, cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ya deslizó en su querella que la empresa epicentro de este fraude millonario habría obtenido la licencia del Ministerio de Teresa Ribera sin cumplir, aparentemente, todos los requisitos.
El movimiento de Pedraz despeja el camino para investigar si José Luis Ábalos medió en favor de la trama. Aunque el magistrado se negó a investigarlo en estas diligencias, ahora el asunto podría dar un vuelco toda vez que su entonces mano derecha, Koldo García, habría mediado para ayudarles y que Have got time, la firma de Carmen Pano investigada también en la trama, fue la que adquirió la casa de la Alcaidesa (Cádiz) en la que veraneó Ábalos en 2021, meses después de la reunión celebrada en Industria con el exnúmero dos de Maroto para agilizar la concesión de la licencia.