La crisis política y la corrupción hunden la inversión extranjera un 45%
La inversión extranjera en España durante el primer trimestre no dio signos positivos, cayó a mínimos desde la pandemia y no muestra signos de recuperación en el corto plazo. Y las razones de este hundimiento no son solo económicas, sino que también ha influido la creciente inseguridad jurídica, la presión fiscal, las trabas administrativas y la subida exponencial de las cotizaciones. Así lo confirman los analistas y las propias cifras oficiales del Ministerio de Economía, que constatan que las operaciones de no residentes se desplomaron hasta los 4.067 millones de euros durante el primer trimestre, frente a los 7.440 millones de euros que se registraron en el mismo periodo del pasado ejercicio. Una caída del 45%, lastrada adicionalmente por la inestabilidad geopolítica global, la crisis nacional de corrupción y paralización parlamentaria del Gobierno.
Esta inversión extranjera representa asimismo un 30% menos que la media registrada en los primeros trimestres de la última década y del último lustro, que se situó en torno a los 6.000 millones de euros, según los datos preliminares del Registro de Inversiones de la Asociación Multinacionales con España, que recuerda que las cifras trimestrales «confirman la tendencia negativa global de estas cifras en el inicio del año», señalada por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), que aunque deben interpretarse «con su debida cautela», puesto que «tienden a amplificar el efecto de operaciones singulares de gran dimensión» y «están sujetos a un marcado efecto calendario», marcan una tendencia negativa evidente.
Este golpe a la inversión es más evidente después de que los datos correspondientes a 2024 revelan que los flujos de inversión productiva recibidos por España ese año ascendieron a 38.292 millones de euros, consolidando el segundo mejor registro histórico desde 1993, únicamente por detrás de la «excepcional cifra» de 2018. A su vez, la inversión representó un incremento del 22% en relación con el año anterior (2023), encadenando el tercer año consecutivo por encima de los 30.000 millones de euros.
Respecto a la procedencia geográfica de las inversiones, la asociación ha señalado que tres países destacan por su contribución durante el primer trimestre de 2025, aunque «con volúmenes todavía modestos en el contexto histórico». En concreto, Francia lideró las inversiones con 678 millones de euros, seguida de cerca por Estados Unidos con 652 millones y Reino Unido con 639 millones de euros.
Estas cifras mantienen intacto el destino interno entre las comunidades autónomas, entre las que Comunidad de Madrid «mantuvo su liderazgo como principal receptor de flujos extranjeros, absorbiendo más del 67% de las inversiones recibidas con 25.812 millones de euros en 2024. Cataluña se situó en segunda posición con 5.234 millones (13,7%), seguida por la Comunidad Valenciana con 1.120 millones (2,9%), el País Vasco con 1.071 millones (2,8%), Aragón con 912 millones (2,4%) y Andalucía con 824 millones de euros (2,2%).
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 fueron identificadas unas 14.209 filiales de empresas extranjeras en España, una cifra que representa un descenso del 3,7% en comparación al año anterior. «Aunque estas filiales constituyen solo el 0,5% del total de empresas en los sectores analizados por el INE, son responsables del 28,7% de la cifra de negocios de todas las empresas en dichos sectores, del 42% de las exportaciones y del 33,2% de la inversión bruta en activos materiales”, ha expresado la asociación.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) apunta que España ha perdido dos posiciones respecto a 2024 en el Índice Kearney de Confianza para la Inversión Extranjera Directa, colocándose ahora en el puesto 11 de 25. Este «think tank», ligado a CEOE, sitúa las causas que han llevado a esta situación a los problemas de inseguridad jurídica, la complejidad e hiperrregulación burocrática, la insuficiente protección de los derechos de propiedad por la okupación, la falta de mano de obra y el crecimiento de las vacantes sin cubrir, y la presión fiscal y por las cotizaciones sociales. Pero «el factor determinante que lastra la inversión y la confianza es la inestabilidad política, el que llevemos dos años sin Presupuestos Generales y la percepción negativa por los casos de corrupción», denunció su director general, Gregorio Izquierdo.