Pardo de Vera y Herrero se desligan de los presuntos amaños y el juez les prohíbe salir de España
La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero, han negado cualquier irregularidad en la adjudicación de obras públicas que investiga la Guardia Civil en el marco del caso Koldo. La directiva, que ha prestado declaración hasta en dos ocasiones como testigo, ha rechazado, esta vez como investigada, que hubiera participado en el presunto amaño de adjudicaciones desde el Ministerio de Transportes para beneficiar a las empresas seleccionadas por Santos Cerdán y Koldo García.
Al término de su comparecencia el magistrado les ha retirado el pasaporte, les ha prohibido salir de España. Así lo confirman a LA RAZÓN fuentes presentes en el interrogatorio, las cuáles precisan que las medidas cautelares se han adoptado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Con todo, ambos se han desvinculado de esta presunta organización criminal. En lo que respecta a Pardo de Vera ha descartado su implicación en las adjudicaciones, así como también de todo lo relativo a la contratación de Jesica Rodríguez en dos empresas públicas.
Pardo de Vera niega que diera órdenes sobre Jesica
Sobre este último asunto, Pardo de Vera, ha especificado que, cuando terminó el contrato de Jesica en Ineco, en noviembre de 2020, le planteó al entonces ministro, José Luis Ábalos, que no le parecía "ético" prorrogar el contrato a esta joven, entonces pareja del exdirigente socialista. Con todo, se ha desvinculado su contratación y ha dicho que no dio órdenes a sus subordinados sobre el trato que debía recibir, pese a que un correo desvelado por este medio desvela que se habrían dado órdenes desde la cúpula de Adif para tratar bien a la joven.
Del mismo modo, ha dicho que ella nunca llegó a conocer la segunda contratación de Rodríguez en otra empresa pública, en concreto, en Tragsatec. Se trata de un contrato que se investiga en el caso Koldo toda vez que la expareja de Ábalos estuvo en nómina en ambas mercantiles sin trabajar. Al respecto ha dicho que es "imposible" que diera órdenes de que se le cuidara en Tragsatec dado que ella nunca supo de la existencia de su contrato en la firma tutelada por el Ministerio de Agricultura.
Sobre el primero de los asuntos, Pardo de Vera ha explicado que Adif contrató con las empresas que le indicaron desde la cúpula del Ministerio y ha declinado que participara en el presunto reparto de mordidas. En relación con la contratación de quien fuera pareja de José Luis Ábalos, ha delegado la gestión en el exministro y, más concretamente, en su entonces asesor, Koldo García.
Conoció a Santos Cerdán siendo ya presidenta de Adif
Durante su interrogatorio, en el marco del cual ha declinado responder a las acusaciones populares, ha negado que Koldo García le influyera para adjudicar los contratos investigados. La Unidad Central Operativa (UCO) atribuye a Pardo de Vera cuatro adjudicaciones que suman más de 123 millones de euros. Se trata del proyecto para construir un tramo del AVE a Extremadura (valorada en cerca de 38 millones de euros y que fue a parar a la UTE Construcciones Pérez Jiménez S.L y OPR); las obras del tren de Sant Feliu de Llobregat (valoradas en 71,5 millones de euros y que fueron a parar a Acciona); la construcción del AVE en Elche (de 13,2 millones y que se adjudicó a LIC) y una licitación de emergencia para renovar la red de cercanías en Asturias. Esta última se presupuestó en 592.053 euros y también fue a parar al dueño de Levantina.
En lo que respecta a Acciona ha explicado que nunca recibió órdenes de Koldo García para contratar con Acciona y que no conocía a Fernando Merino, el exdirectivo de la constructora imputado por girar, presuntamente, pagos a Santos Cerdán. Precisamente, del que fuera secretario general del PSOE ha dicho que lo conoció siendo ya presidenta de Adif y no antes. Cabe recordar que los investigadores sostienen que la trama comenzó a operar en 2014, en Navarra, impulsada por Cerdán y por Koldo García.
Imputados por cinco delitos
El magistrado del Tribunal Supremo derivó a la Audiencia Nacional lo relativo a Pardo de Vera y al que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero al considerar que sus conductas fueron instrumentales a la finalidad perseguida por Ábalos. Tras adherir al caso el conocido como "informe Cerdán" de la UCO, Leopoldo Puente se dirigió al magistrado Ismael Moreno para que si lo considerara, les imputara por estos hechos. Según expuso, los nuevos mensajes analizados por la UCO apuntalaron su presunta mediación para que las adjudicaciones investigadas "pudieran llegar a buen término".
El instructor determinó que había indicios consistentes para concluir que facilitaron "de manera inmediata" la información de algunos expedientes para que los cabecillas de la trama facilitaran las adjudicaciones a Acciona, Levantina Construcciones y Regadíos (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR). Por ese motivo, Ismael Moreno accedió a la solicitud y les imputó por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y prevaricación.
Tras ello, el magistrado Moreno ordenó los registros de las viviendas de Pardo de Vera y de Herrero, en el marco de los cuáles localizaron abundantes dispositivos digitales. En el caso de la expresidenta de Adif , la Guardia Civil se incautó de un documento del Consejo de Administración de Adif relacionado con el contrato de suministro de cinco millones de mascarillas que este ente, dependiente de Transportes, adjudicó a Soluciones de Gestión. Se trata de la empresa de la trama Koldo que consiguió contratos por 54 millones de euros con dos ministerios, además de los gobiernos de Baleares y Canarias.