La Fiscalía de Valencia reclama cuatro años de cárcel para el empresario audiovisual Francis Puig -hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig- en la causa penal abierta por las ayudas del Gobierno valenciano y del catalán que recibieron, entre 2015 y 2018, las productoras que administraba en la provincia de Castellón. En un escrito fechado el 9 de julio y consultado por ABC, el Ministerio Público le acusa de un presunto delito de falsedad documental continuada en concurso medial con un delito de estafa agravada. Para el otro acusado, el también empresario Juan Enrique Adell Bover, pide tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de de estafa agravada, por cooperación necesaria. Además, la fiscal reclama a Puig que indemnice a la Generalitat Valenciana (58.866 euros) y a la de Cataluña (51.825) por la cantidad que considera defraudada por Mas Mut -un total de 110.691,97 euros- en el periodo señalado. Del mismo modo, solicita que Adell Bover indemnice junto a Puig con 74.710, repartidos de forma proporcional, a ambas administraciones. Sobre la actuación de Puig en Comunicacions dels Ports, la fiscal señala que «con la intención de beneficiarse económicamente obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido, simuló gastos empresariales, utilizando facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor». Como responsable de Mas Mut «solicitó subvenciones para este sociedad sabiendo que era una empresa ficticia y presentó facturación con simulación de gastos, con la única finalidad de obtener subvenciones, que, posteriormente, tampoco han sido aplicadas a la finalidad para las que fueron convocadas por las administraciones». A juicio de la Fiscalía, Adell Bover ha aportado facturas de Canal Maestrat a Mas Mut «que pueden ser consideradas no auténticas y, por tanto, que hayan sido creadas bien por él mismo o por otra personas siguiendo sus instrucciones, con la única finalidad de incrementar las cantidades obtenidas en concepto de subvención». «Aunque otras personas pudieron haber intervenido en la autoría de la facturación cuestionada penalmente o pudiera haberse planteado la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de estafa», no ha sido posible porque la investigación se cerró por un error procesal, asevera.
