El 10 de mayo de 2022, el Pleno del Congreso convalidó el decreto-ley 7/2022 que pretende garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones 5G. El texto incluyó una disposición adicional, la tercera, para poder declarar cuáles son suministradores de alto riesgo y protegerse de ellos. «En el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el Gobierno, mediante acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y previa audiencia de los operadores 5G y suministradores 5G afectados por un plazo de 15 días hábiles, podrá calificar que determinados suministradores 5G son de alto riesgo». Para llegar a esa calificación, el Gobierno debía analizar «tanto...
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