Claves del reparto de la PAC
A la espera de conocer los aranceles que finalmente establezca Trump a los productos de la Unión Europea (incluidos los agroalimentarios) y la respuesta de Von der Leyen y su equipo, el curso de política agraria ha finalizado en España, y en el resto de estados miembros, con la presentación de las propuestas de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero 2028-34 y sobre la nueva PAC.
La primera de las conclusiones, a la vez que más importante, es que el dinero asignado a la PAC dejará de tener un carácter sagrado, ya que se meterá en una bolsa común creada con la «pasta» de otros fondos y que podrá haber intercambio entre las diferentes partidas presupuestarias.
Lo segundo se deriva en parte de lo anterior, junto a otras premisas: el dinero de la PAC ya no está seguro y la estructura del presupuesto comunitario ya no queda clara, lo que impide hacer un cálculo real sobre el montante del recorte, aunque, con los datos que se conocen, se puede hablar de que será de al menos el 20%, lo que sumado a la inflación ya registrada y a la que está por llegar hará que ese porcentaje suba de forma significativa. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de propuestas, que deben ser negociadas todavía en el seno del Consejo de Ministros, la Cumbre Europea y también la Eurocámara.
La tercera de las conclusiones es que, al margen del dinero que se establezca para la PAC, habrá una nueva distribución del mismo entre los estados, los sectores y también entre los diferentes grupos de agricultores y ganaderos beneficiarios del régimen de ayudas directas, siempre y cuando se mantengan las citadas propuestas de la Comisión Europea. Y de ahí se deriva una conclusión muy importante: los llamados profesionales, entendiendo como tales a los que viven fundamentalmente de la actividad agraria, resultarán perjudicados con la nueva distribución.
El planteamiento de la Comisión Europea se basa en las siguientes premisas: habrá una ayuda por hectárea que sustituirá a la actual ayuda básica a la renta; será una ayuda decreciente por superficie y se diferenciará por grupos de agricultores y ganaderos o zonas geográficas, teniendo en cuenta que los pagos se dirigirán a aquellos que tengan menos renta, en particular a los jóvenes y los que se incorporen a la actividad, las mujeres, las explotaciones familiares o los pequeños. También a las que estén situadas en zonas con limitaciones naturales y a las mixtas, es decir, que tengan cultivos y ganadería.
El problema es que esa ayuda, que contará con una dotación presupuestaria más baja, tendrá un carácter decreciente y los pagos se reducirán en función de diversos tramos: cuando el importe de la ayuda sea mayor de 20.000 euros y hasta 50.000, la caída será del 25%; entre 50.000 y 75.000 el «tajo» será del 50%, mientras que si el montante de la ayuda es superior a los 75.000 euros, la ayuda que recibirá el agricultor o ganadero tendrá una disminución del 75%. Habrá, además un tope máximo de 100.000 euros.
Por otro lado, se refuerza el principio de que para recibir esta ayuda hay que ejercer una actividad agraria en la explotación y se incorporan otra serie de limitaciones. Así, por ejemplo, a partir de 2032 los jubilados que perciban una pensión no podrán recibir ayudas, por lo que quedarán excluidos del sistema. Los considerados como pequeños agricultores pluriactivos, es decir, cuya actividad principal no sea la agricultura, pero que lleven a cabo un mínimo de actividad agraria, podrán acceder a las ayudas.
El segundo régimen de ayudas financiado íntegramente por el presupuesto comunitario serán las acopladas destinadas a sectores con dificultades o que sean importantes por motivos socioeconómicos o medioambientales, aunque quedarán excluidos dos importantes para España: el vino y el tabaco; hay que añadir una ayuda especifica para el algodón y el pago simplificado para los pequeños agricultores que se mantiene.
El resto de los apoyos estarán cofinanciados entre la UE y los socios. Entre ellos figuran los pagos por limitaciones naturales, las ayudas para compensar las desventajas derivadas del cumplimiento de determinados requisitos obligatorios y las acciones agroambientales y climáticas. Todo lo anterior, unido a otra serie de propuestas, va a dar lugar a un nuevo reparto de las ayudas entre los beneficiarios, que será perjudicial, en principio para los agricultores y ganaderos «profesionales».
Tras el paréntesis del verano, comenzarán las negociaciones sobre el Marco Presupuestario y la propia PAC, asuntos que serán los ejes del próximo curso.