¿Qué se sabe sobre el asesinato del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay?

La Alcaldía de Bogotá confirmó este lunes el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, tras permanecer dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde fue atendido desde el atentado sufrido el pasado 7 de junio en Fontibón.

Ese viernes, en medio de un acto de campaña, un presunto sicario le disparó tres veces: dos balas impactaron su cabeza y una su pierna. Uribe fue intervenido en varias ocasiones y, aunque mostró signos de recuperación, en los últimos días sufrió una hemorragia en el sistema nervioso central que agravó su estado hasta su deceso a la 1:56 de la madrugada, según confirmó el parte médico.

La noticia sacude a Colombia reavivando los miedos de lo que fue una de las épocas más violentas de la historia del país cafetero entre los 80 y 90. De hecho, la periodista y madre de Uribe Turbay, murió en esas fechas en un fallido intento de rescate luego de ser secuestrada por sicarios de Pablo Escobar.

Miguel Uribe era un líder político joven y con mucha proyección, diversas encuestas lo situaban como el favorito para suceder a Gustavo Petro en las elecciones del próximo año. El ahora exsenador que fue herido en un acto público y hospitalizado durante dos meses— deja una estela de estremecimiento político y social en Colombia, las preguntas y dudas sobre las razones detrás del atentado y las inquietudes en seguridad sin duda serán cuestiones centrales que definirán el debate y la agenda de cara a las elecciones de marzo del próximo año.

Lo que se conoce de las investigaciones

Las investigaciones acerca del caso de Uribe han dibujado una trama compleja. La Fiscalía confirmó que al menos diez personas participaron en la preparación y ejecución del atentado.

Entre los detenidos aparecen nombres y roles que dan cuenta de una cadena operativa: el presunto autor intelectual, Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”; la joven de 19 años identificada como Katerine Martínez Martínez —alias “Gabriela”—, señalada de haber entregado el arma al menor que efectuó los disparos y de haber participado en la planeación; Carlos Eduardo Mora, el conductor que trasladó al sicario y a otros implicados; William Fernando González Cruz, vinculado a la logística de huida y Cristián Camilo González Ardila, quien habría colaborado en la fuga del menor y se entregó voluntariamente. También, obviamente figura el adolescente y sicario de 15 años que disparó y que, según la Fiscalía, fue presentado ante la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Del expediente emerge una mezcla de patrones: desde la contratación de un menor por dinero —en su testimonio, el menor confesó que le ofrecieron 20 millones de pesos por el atentado— pero también hay evidencias técnicas y logísticas —incautación de un arma Glock 9 mm cuyo origen fue rastreado hasta Arizona, Estados Unidos—, también están los videos y chats interceptados, así como más de mil grabaciones analizadas—.

La Fiscalía investiga además los posibles nexos con estructuras criminales y disidencias, apuntando a la influencia de grupos en regiones como el Caquetá y la posible orientación criminal desde cárceles en el Meta. Las autoridades han subrayado la existencia de una cadena de mando fragmentada: un autor intelectual que habría contratado redes locales para ejecutar el crimen.

En cuanto a las hipótesis que se investigan, la Fiscalía no descarta un atentado con motivación política, dado el rol de Uribe Turbay como figura visible de oposición y precandidato presidencial. Otra línea apunta a los intereses de estructuras criminales con las que habría chocado en su actividad legislativa y de control político. Analistas de seguridad señalan que el uso de un menor como autor material y la logística del ataque sugieren una operación contratada, posiblemente vinculada a redes delictivas con influencia regional. También se indaga si la reducción en el esquema de seguridad del exsenador y que fue denunciada por su equipo meses atrás, pudo haber facilitado la ejecución del crimen.

Las reacciones políticas no tardaron. El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de Uribe y afirmó: “La violencia política es una herida abierta que no podemos permitir que se profundice. El crimen contra Miguel Uribe es un golpe a la democracia”. En esa misma línea, la vicepresidenta Francia Márquez expresó que “la democracia no se construye con balas ni con sangre”. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que “el mal todo lo destruye” y pidió que la lucha de Miguel “ilumine el camino correcto de Colombia”. Mientras que el también expresidente Iván Duque escribió en su cuenta de X que: “El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente”. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio pidió justicia para los responsables.

Su esposa, en redes sociales, agradeció por “una vida llena de amor” y prometió cuidar de sus hijos.

Analistas como Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, señalaron que el caso podría considerarse un magnicidio, al no registrarse un hecho similar en los últimos 35 años. Para la opinión pública, el desenlace judicial será clave para saber no solo quién disparó, sino quién ordenó y coordinó el crimen.

¿Qué cambia ahora en el tablero político colombiano?

El asesinato de Miguel Uribe Turbay puede reconfigurar las alianzas políticas y modificar el discurso de campaña de 2026. Sin embargo, todavía es temprano para calibrarlo por completo, de todas formas, hay señales claras: en el corto plazo, la muerte de Uribe Turbay puede radicalizar discursos, favorecer narrativas de “mano dura” en seguridad y presionar al gobierno por respuestas y responsabilidades institucionales —especialmente ante denuncias de reducción de su esquema de seguridad y solicitudes de refuerzos no atendidas—.

Para la oposición, el crimen puede convertirse en movilizador y elemento de cohesión; para el Ejecutivo, en un foco de crítica y exigencia para esclarecer posibles omisiones institucionales.

En las calles, más allá de la disputa política, persiste una sensación de vulnerabilidad: si un senador con esquema de seguridad y reconocimiento nacional puede ser asesinado, ¿qué pueden esperar los líderes sociales y comunitarios en las regiones más apartadas?

El país, entonces, enfrenta una doble tensión: la búsqueda de verdad y justicia contra los mecanismos y redes que permitieron el crimen, y la necesidad política de que la respuesta institucional no se traduzca en reacciones que profundicen la polarización.

Como lo dijo la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, se trata de un “magnicidio en toda regla”. Desde la organización advierten que este hecho podría desatar una revisión de fondo sobre las condiciones de seguridad de los candidatos presidenciales. Ese peso simbólico obliga a que la investigación sea “juiciosa, transparente y seria”, como afirmó la fiscalía.

La muerte de Miguel Uribe Turbay es, en suma, un hecho que interpela a la sociedad entera: por la seguridad de sus líderes, por la protección de la vida pública democrática y por la capacidad de las instituciones para enfrentar la violencia política sin sacrificar el delicado tejido democrático que tanto ha costado reconstruir en Colombia.