IPE: abrir una mina en Perú puede tomar 40 años y fomentar minería ilegal
En el Perú, poner en marcha un proyecto minero puede tomar hasta 40 años desde que se descubre un yacimiento hasta que empieza a producir.
El dato, revelado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su estudio “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, supera con creces el promedio global de 28 años calculado por S&P Global. Y en el caso del cobre, la espera es aún más dramática: 62 años.
¿Cuáles son las causas?
El IPE advierte que esta demora no es casual. La maraña de trámites, las dificultades para llegar a acuerdos con las comunidades y el avance de la minería ilegal son los principales cuellos de botella.
En promedio, el 60% del tiempo se consume solo en pasar de la exploración a la factibilidad, y el resto en obtener permisos ambientales, autorizaciones y construir la mina.
El problema se agrava porque el Perú exige más procedimientos administrativos que otros países mineros y los plazos legales casi nunca se cumplen.
En paralelo, el país ha perdido competitividad frente a sus rivales. Nueve de los 29 proyectos de cobre más grandes del mundo que están paralizados se encuentran aquí, lo que equivale al 22% de la producción potencial global en pausa.
Mientras Chile y el Congo aumentan su inversión minera aprovechando los precios récord de los metales, en Perú esta se mantiene estancada en 2% del PBI desde 2020, menos de la mitad de lo alcanzado en el ciclo anterior.
¿Cuánto le cuesta al Perú?
El costo de la inacción es alto. La minería genera 2,1 millones de empleos directos e indirectos (8,2% del total) y puede transformar regiones enteras: Apurímac pasó de ser la más pobre del país al puesto 16 en PBI per cápita tras el arranque de operaciones mineras, mientras Cajamarca, con su producción de oro reducida en 64%, volvió al último lugar pese a su potencial.
Según el IPE, si se ejecutara toda la cartera de proyectos, el aporte económico sería más del doble del PBI actual, con un impacto social capaz de reducir la pobreza en magnitudes similares a las de 2007-2019.
Frente a este escenario, el instituto propone tres ejes de acción: simplificar y agilizar la tramitología fortaleciendo entidades como SENACE y ANA, mejorar las relaciones con las comunidades y combatir la minería ilegal.
Y lanza una advertencia clave en medio del debate por una nueva Ley MAPE: acortar los plazos de concesiones sin resolver los cuellos de botella es abrir la puerta para que crezca la minería informal.