Un año después del asesinato de Mateo, el presunto asesino permanece ingresado en el módulo psiquiátrico de la prisión de Segovia a la espera de que se señale la fecha del juicio. Fuentes próximas al caso han confirmado a ABC que la justicia ya dispone de todos los informes forenses solicitados. Además, han puntualizado que los análisis de ADN y de las muestras recogidas durante la investigación han dado resultados negativos , sin evidencias biológicas que aporten nuevos datos a la causa. El acusado, Juan, que tenía 20 años cuando ocurrió el homicidio, pasó la primera semana en la enfermería de la cárcel de Ocaña (Toledo), donde ingresó tras su detención. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Segovia por orden del juez , donde permanece bajo seguimiento psiquiátrico. Uno de los puntos clave en el caso será la determinación de su capacidad penal en el momento de los hechos . Según confirmaba el padre del asesino confeso aquellos días, su hijo presenta una discapacidad intelectual del 70 por ciento y habría manifestado en su declaración que actuó por impulso, atribuyendo la acción a un «otro yo». El Código Penal español contempla en los artículos 20 y 21 que una persona puede ser eximida de responsabilidad penal si, en el momento de cometer el delito, presentaba anomalía o alteración psíquica que le impidiera comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión. Mientras que el artículo 20 hace referencia a la eximente completa, lo que supone que no hay responsabilidad penal, pero sí se aplican medidas de seguridad, como internamiento en un centro psiquiátrico; el artículo 21 habla de eximente incompleta, es decir, reduce la pena aplicando una rebaja de uno o dos grados, pero no elimina la responsabilidad penal. En ambos casos, el tribunal se apoya en informes forenses y psiquiátricos para decidir. Fuentes consultadas por este diario explican que en un homicidio con las circunstancias del caso de Mateo, la pena máxima aplicable podría ser la prisión permanente revisable si no hubiera atenuantes . Sin embargo, si el tribunal considera que el acusado no tenía plena capacidad mental, se sustituiría por un internamiento en centro psiquiátrico penitenciario durante el tiempo que se estime necesario para la protección de la sociedad y el tratamiento del acusado. De hecho en España hay precedentes en los que delitos graves cometidos por personas con discapacidades intelectuales severas han acabado con medidas de internamiento indefinido en lugar de prisión ordinaria. La duración de estas medidas, aunque revisable, en la práctica puede ser de por vida si el riesgo persiste.
