¿Por qué los Estados no reconocen el genocidio en Gaza?

La tragedia humanitaria que ocurre en Gaza ha despertado un intenso debate en el ámbito ético, político y mediático sobre si corresponde hablar de un genocidio. Lo primero que debemos hacer es recordar qué significa ese término. El genocidio, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 —el gran marco jurídico internacional que nace precisamente después del Holocausto nazi, con el objetivo de evitar que una situación similar vuelva a ocurrir—, es cualquier acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esos actos incluyen matar a miembros del grupo, causarles daños graves a su integridad física o mental, someterlos a condiciones de vida que provoquen su destrucción física, impedir nacimientos o trasladar por la fuerza a sus hijos. No hace falta que existan muertes masivas en el contexto de un conflicto: la clave es la intención manifiesta de aniquilar a un pueblo o comunidad en su totalidad.

Si observamos Gaza bajo esa definición, los elementos son evidentes. Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva militar israelí ha provocado la muerte de más de 61 mil palestinos, de los cuales la gran mayoría son mujeres, niños y personas ancianas. UNICEF y la OMS han alertado que Gaza se ha convertido en el lugar más peligroso del planeta para los niños: más de 15 mil han muerto, miles han perdido extremidades por bombardeos y otros tantos padecen enfermedades derivadas del hambre y la falta de agua potable. Reporteros Sin Fronteras, también ha declarado que el enclave palestino es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, con más de 200 profesionales de las comunicaciones asesinados desde el inicio de la ofensiva militar israelí.

Actualmente cerca del 90% de la población ha sido desplazada forzosamente dentro de la Franja, en múltiples ocasiones, a esto se suma la destrucción deliberada de hospitales, universidades, colegios, centros y/o campamento de refugiados, viviendas y gran parte de la infraestructura de servicios básicos. Todo esto ha dejado a la población en condiciones de vida incompatibles con la supervivencia en condiciones mínimas.

Las cifras del Programa Mundial de Alimentos y de la ONU son claras: más de un millón de gazatíes está en riesgo de hambruna severa. No se trata de daños colaterales de una guerra convencional, sino de un asedio sistemático: Israel ha bloqueado la entrada de alimentos, medicinas y combustible desde marzo de este año, solo hace unas semanas Israel permitió el ingreso controlado de asistencia humanitaria. Pero incluso la entrega de ayuda humanitaria se ha transformado en una herramienta más de este martirio. Más del 1700 palestinos han muerto en las cercanías de los centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza, entidad con patrocinio estadounidense y autorizada por Israel, según diversos analistas, estos centros han servido para conformar verdaderos campos de concentración al sur de la franja.

Ahora, desde que la presión internacional obligó a Israel permitir la entrada de la asistencia humanitaria, los camiones con ayuda esperan durante días en la frontera sin poder entrar y los que lo hacen en su mayoría son saqueados, mientras que los pocos hospitales que siguen funcionando en Gaza se quedan sin anestesia, incubadoras o combustible para funcionar. Estamos hablando de una población atrapada, sin posibilidad de escapar y sometida a la destrucción planificada de sus condiciones de vida.

Las declaraciones de líderes israelíes que refuerzan la idea de la intencionalidad genocida

Por otro lado, las declaraciones de intenciones también son uno de los puntos constitutivos del genocidio. Una serie de pronunciamientos de ministros y exautoridades del Estado de Israel ha sido citada por organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales como evidencia de una posible “intención genocida”. Estas declaraciones, tomadas en conjunto, son vistas como un reflejo de una cultura política que deshumaniza sistemáticamente a los palestinos y que, según críticos, está en sintonía con las acciones militares llevadas a cabo en Gaza. La relevancia de estas palabras radica en que, dentro del derecho internacional, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional es un componente clave para establecer la existencia de genocidio.

El primer ministro Benjamin Netanyahu habló en múltiples ocasiones de “una guerra de luz contra la oscuridad” y de “luchar contra animales humanos”, deshumanizando de forma explícita al pueblo palestino. Además se encargado de negar la hambruna en Gaza, motivado, según sus propias palabras, por sentirse en una misión histórica y espiritual por conquistar el “Gran Israel”, un concepto histórico y biblico del sionismo religioso que, según ciertas interpretaciones, fueron las extensiones de territorio prometido al pueblo judío.

Otras autoridades del gobierno israelí fueron más lejos: el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, sugirió incluso la posibilidad de lanzar una bomba nuclear sobre Gaza; el ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció el 9 de octubre que impondría un “asedio total”, afirmando textualmente: “No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia”. Este lenguaje no es retórico: es una invitación directa a justificar el exterminio.

Itamar Ben-Gvir, actual Ministro de Seguridad Nacional y representante de la extrema derecha israelí, ha sido uno de los más ferreos promotores de esta política. Ha expresado de manera abierta su apoyo a la llamada “emigración voluntaria” de los palestinos de Gaza, un eufemismo que muchos analistas consideran equivalente a una llamada a la limpieza étnica. Además,  ha declarado que “Gaza debe ser arrasada” y que “no existe algo así como personas inocentes” allí.

Otro caso relevante es el del Ministro de Finanzas y encargado de las colonias israelíes en Cisjordania, Bezalel Smotrich, conocido por su ultranacionalismo. Smotrich ha realizado comentarios extremadamente controvertidos, defendiendo la inanición como método de guerra. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su “estupor y horror” ante sus declaraciones, en las que sugiere que dejar morir de hambre a los gazatíes podría considerarse “justificado y moral” para liberar a los rehenes. Smotrich también ha afirmado que, después de la destrucción total de Gaza, la población palestina comenzará a “marcharse” hacia otros países y ha pedido explícitamente la “destrucción” de la Franja, palabras que, según expertos, reflejan una intención de eliminar a la población palestina de manera estructural y sistemática.

La extremidad de los discursos no se limita a los ministerios clave. Amichai Ben-Eliyahu, Ministro de Patrimonio, propuso públicamente el uso de una bomba nuclear sobre Gaza, generando indignación internacional. Aunque el Primer Ministro Netanyahu condenó sus comentarios y lo suspendió brevemente, la rápida reincorporación de Ben-Eliyahu al gabinete es interpretada por críticos como un indicio de que estas ideas extremas no son ajenas al círculo de poder.

Estas evidencias no solo constituyen un testimonio político, sino también una herramienta analítica que los expertos utilizan para evaluar la responsabilidad de los Estados frente al genocidio. La combinación de retórica de deshumanización, amenazas explícitas de destrucción y acciones militares dirigidas de manera desproporcionada hacia la población civil encaja con los criterios internacionales que definen este crimen.

Las consecuencias de reconocer un genocidio

Los organismos internacionales, desde Human Rights Watch hasta Amnistía Internacional, han calificado las acciones de Israel como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De hecho, la Corte Internacional de Justicia, en enero de 2024, determinó que existen indicios plausibles de genocidio en Gaza, ordenando medidas provisionales para detener la ofensiva y garantizar el acceso de ayuda humanitaria. Incluso organizaciones israelíes de derechos humanos, como B’Tselem o Breaking the Silence, han advertido que lo que ocurre en Gaza constituye, en sus palabras, “nuestro genocidio”. Con esta expresión buscan subrayar la responsabilidad directa que tiene la sociedad israelí en las acciones de su gobierno y Ejército, al mantener un sistema de ocupación y violencia sistemática que, en este momento, alcanza niveles de exterminio. Para estas ONG, no se trata solo de un crimen contra los palestinos, sino también de una herida moral y política que marcará para siempre a Israel, pues los crímenes perpetrados se cometen en nombre de todos sus ciudadanos.

La mayoría de los Estados y organismos internacionales se refieren a la situación en Gaza con términos como “crisis humanitaria”, “violaciones al derecho internacional humanitario” o incluso “crímenes de guerra”, pero evitan de manera sistemática usar la palabra “genocidio”. En foros como la ONU, la Unión Europea o incluso en gobiernos aliados y críticos de Israel, predomina un lenguaje que denuncia la magnitud del sufrimiento palestino pero que se mantiene dentro de marcos jurídicos menos comprometedores.

La razón de esta cautela es, ante todo, jurídica y política. Calificar oficialmente una situación como genocidio implica activar obligaciones internacionales inmediatas, pues según la Convención de 1948, los Estados están obligados no solo a condenar, sino a prevenir y detener el genocidio por todos los medios a su alcance. Esto abriría la puerta a sanciones más duras, juicios internacionales, e incluso a la necesidad de romper relaciones diplomáticas o suspender acuerdos militares y económicos con Israel.

Además, muchos países occidentales —en particular Estados Unidos y gran parte de Europa— mantienen con Israel alianzas estratégicas, cooperación tecnológica y vínculos de defensa que se verían gravemente afectados si reconocieran un genocidio en curso. Por ello, prefieren hablar de “uso desproporcionado de la fuerza” o “operaciones militares excesivas”, términos que no los comprometen legalmente al mismo nivel que la acusación de genocidio.

En otros casos, Estados del Sur Global, como Chile, aunque críticos de Israel, también evitan la etiqueta de genocidio para no exponerse a tensiones diplomáticas innecesarias o a represalias en organismos internacionales. Incluso gobiernos que sí han presentado denuncias ante la Corte Internacional de Justicia, como la denuncia impuesta por Sudáfrica y de la que Chile es parte, han sido acompañados por pocos aliados, justamente porque el término “genocidio” todavía representa un umbral político y jurídico demasiado alto que la mayoría de los países no está dispuesta a cruzar.

El fracaso del sistema y del derecho internacional… de nuevo

Y es aquí donde surge la reflexión de fondo. El genocidio en Gaza representa otro fracaso rotundo del sistema de Naciones Unidas y del derecho internacional moderno. Ese sistema nació tras el Holocausto judío, con la promesa solemne de “Nunca más”. Nunca más permitir que un pueblo fuese exterminado a los ojos del mundo. Nunca más tolerar que el hambre, el desplazamiento y el asesinato sistemático quedaran impunes. Y sin embargo, ochenta años después, lo que vemos es que esa promesa se ha desvanecido, no fue capaz de actuar en el genocidio camboyano de Pol Pot y los jemeres rojos, ni en Ruanda y ahora tampoco en Gaza.

Pero Gaza conlleva un hitó particular, es el primer genocidio transmitido en vivo y en directo a todo el mundo y aún así la capacidad de asombro se ha perdido junto a la capacidad de detener el peor de los crímenes de guerra y del derecho internacional. Si hoy, con todas las pruebas que día a día vemos del enclave palestino no basta, entonces ¿De qué sirven estas declaraciones? ¿De qué sirve el derecho internacional? Y peor aún ¿Existen garantías reales de que en un futuro algo así puedan volvera ocurrir en cualquier parte del mundo?

La paradoja es brutal: el sistema internacional surgió después del Holocausto precisamente para que el genocidio no volviera a repetirse nunca más. Y sin embargo, hoy, bajo los ojos del mundo entero y con transmisión en tiempo real, se ejecuta una destrucción sistemática de un pueblo, mientras los mecanismos creados para evitarlo se muestran incapaces de actuar.

Gaza no es solo una tragedia humanitaria. Es la demostración de que el derecho internacional, tal como lo conocemos, ha fracasado en su misión esencial: proteger la vida de los pueblos frente al exterminio. Y mientras el mundo discute semánticas y tecnicismos, un pueblo entero se consume en las ruinas.

En definitiva, Gaza constituye el mayor fracaso de las Naciones Unidas y del derecho internacional contemporáneo. No porque falten pruebas, al réves, las pruebas sobran, sino porque falta voluntad política de los estados más influyentes. Los pueblos del mundo lo llaman por su nombre: genocidio. Los gobiernos, en cambio, prefieren callar o disfrazarlo con eufemismos. Y así, el mismo crimen que dio origen a la ONU y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos vuelve a repetirse. Un recordatorio doloroso de que, mientras los estados prioricen alianzas geopolíticas por sobre la dignidad humana, el derecho internacional seguirá siendo letra muerta.