Begoña Gomez recurre la investigación de todos sus correos del mail de Moncloa
La defensa de Begoña Gómez ha recurrido en apelación la orden del juez Juan Carlos Peinado de incautar los correos electrónicos que esta recibió y envió a través de la cuenta que tiene en Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018 (fecha en que se nombró a Cristina Álvarez como su asesora imputada) y hasta la actualidad.
El abogado de la mujer de Pedro Sánchez, Antonio Camacho, vuelve a acusar al instructor ante la Audiencia Provincial de Madrid de haber aprobado esta diligencia de investigación en una providencia que "carece de motivación" y que debería haber sido un auto, dado que -sostiene- "adopta medidas especialmente invasoras de derechos fundamentales.
Directamente, el letrado de la esposa del presidente del Gobierno defiende ante la instancia superior al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que la providencia con la que dio esta orden a la Unidad Central Operativa (UCO) respecto a los mails de Gómez "no recoge ninguna referencia" a los "indicios racionales" que deberían respaldar la adopción de la medida por Peinado.
Según expone Camacho en su escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, "la providencia solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida para inmediatamente acordar su práctica".
La representación legal de Gómez pone el foco, además, en la "repercusión mediática indiscutible" que ella tiene y, por ello, en que el volcado de sus comunicaciones a través del correo con la dirección se debería haber aprobado con "la adopción de cautelas destinadas" a que su derecho a la intimidad no se vea vulnerado. Dado que, avisa, puede haber almacenada en su buzón "información de sus hábitos más íntimos, fotografías familiares o íntimas".
Ahora, serán, de nuevo, los magistrados madrileños los que analicen la procedencia de esta pesquisa encargada por el juez Peinado a la Guardia Civil. En su último pronunciamiento, ya avalaron otra medida similar, de investigación de las comunicaciones.
Aunque, en ese caso, dieron un espaldarazo al análisis de las llamadas que pudo mantener Álvarez como alto cargo de Presidencia con las distintas empresas que patrocinaron las actividades de la cátedra que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).