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2025

Presupuesto 2026: la controversia por eventuales recortes en gobernaciones y en el Ministerio de Seguridad

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La movida que preparan el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, sobre un ajuste en el erario del 2026 ha encendido las alarmas en distintos sectores. La medida, que afectaría principalmente a las gobernaciones regionales y al recientemente creado Ministerio de Seguridad, busca dar una señal de disciplina fiscal y reducir el gasto, en medio de un escenario económico desafiante.

La advertencia ante los recortes preparados por Hacienda apunta ante eventuales costos sociales que podría acarrear, pero también en materia política. Cabe mencionar que la comisión asesora que convocó Hacienda en su momento estimó un reajuste de al menos $2 mil millones de dólares, por lo que estas medidas apuntarían en lograr ese objetivo.

De acuerdo con antecedentes entregados por Emol, el ajuste impactará a 12 de las 16 gobernaciones regionales. Estos irían entre un 0,4% y un 6,9%. Las que más impacto tendrán son las de Aysén, Los Lagos, Arica y Parinacota, Antofagasta y Ñuble.

Frente a esta información, ya se habla de un “sesgo político” del Gobierno, al verse más afectadas aquellas gobernaciones encabezadas por la oposición. Así lo denunció la senadora Ximena Rincón (Demócratas), presidenta de la Comisión de Hacienda.

Rincón apuntó a un golpe contra la descentralización y que el criterio utilizado para la distribución de recursos es arbitrario. “Lo que ha dado a conocer el gobierno en materia de distribución de recursos a los gobiernos regionales nos parece una vergüenza”, comenzó señalando.

“El gobierno debería estar preocupado de ver cómo llegan los recursos al país y no cómo los distribuye de mejor manera a sus gobiernos regionales. Los mayores recortes que hace la Dirección de Presupuestos son a los gobiernos regionales que lideran algún gobernador de oposición”, remarcó la senadora.

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Boris Barreca (PC), consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, también consideró como “lamentable” la reducción de presupuesto a las gobernaciones, “pensando que hay muchas transferencias y proyectos que se ejecutan a través de ello y que van en directo beneficio de la ciudadanía”.

No obstante, entregó matices al aclarar que “tengo entendido que vienen en este presupuesto un poco de flexibilidad en la forma de ejecutar el gasto” para las gobernaciones. “Esto le permitiría poder realizar asignaciones, por ejemplo, u otros tipos de gastos de manera más expedita. Entonces, si bien va a haber una disminución, también va a haber una mejora en relación a la flexibilidad para que puedan gastar y cumplir con la ejecución del presupuesto”, indicó.

En medio de los cuestionamientos que se han levantado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a los emplazamientos durante esta jornada. “Llama la atención que se critique el proyecto de presupuesto cuando todavía no se ha presentado”, sostuvo.

“De todas maneras, el gobierno ha sido explícito respecto a la necesidad de actuar con responsabilidad fiscal, porque finalmente es un patrimonio que entre todos tenemos que cuidar”, advirtió el secretario de Estado.

Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en punto de prensa. Javier Salvo/Aton Chile.

¿Golpe directo a las regiones?

En el caso de las regiones, los gobernadores se han puesto en alerta. Principalmente, se han levantado preocupaciones respecto de cómo el recorte en las gobernaciones podría afectar a los programas sociales, entre otros.

El exintendente por la Región Metropolitana y Los Lagos, exministro y director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile, Sergio Galilea, sostuvo en diálogo con nuestro medio que es “una señal negativa”, pero que también debe haber una autocrítica de las gobernaciones por su ejecución presupuestaria.

En esa línea, Galilea llama a “completar el cuadro”. “Hay también una cantidad significativa de gobiernos regionales que tienen una subejecución presupuestaria. Por lo tanto, probablemente la proyección del gasto efectivo de inversión implica algunos márgenes de incertidumbre”, prosiguió en su análisis.

“En la última década, la subejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, en promedio, es del orden entre un 12% y 14%. Que se produzca una disminución a esta altura del partido del orden del 6% no es tan terriblemente exagerado. Ahora, cada gobierno regional tiene sus particularidades”, manifestó, advirtiendo que la Dipres deberá aclarar porque hay casos “como la Región Metropolitana donde no se produce el ajuste”.

A diferencia de lo que plantean desde la oposición, Galilea consideró que el recorte no se debe a factores políticos sino más bien “a fundamentos que tienen que ver con cuestiones objetivas” y al “contexto de estrechez fiscal” que también afectará a ministerios y otras instituciones.

Exintendente Sergio Galiliea.

Los riesgos en seguridad

Otro de los focos de tensión está en el Ministerio de Seguridad, en funcionamiento desde abril pasado. Los recortes ponen en duda la implementación de sus subsecretarías regionales, además de iniciativas como el Plan Nacional contra el Crimen Organizado.

En un contexto donde la seguridad se ha vuelto una de las principales preocupaciones ciudadanas, el ajuste abre un flanco complejo: las consecuencias que puede tener debilitar políticas públicas en un área sensible.

No obstante, la diputada oficialista y miembro de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (FA), llamó a la calma asegurando que esta situación aún se puede modificar, que se debe dialogar con todos los sectores y que en el caso particular de Seguridad aún se deben esperar informes para conocer los resultados durante estos meses de las políticas implementadas, para así conocer con claridad sí se debe o no hacer un recorte en la cartera.

Hay un compromiso de presentar una evaluación de qué es lo que ha sucedido con el plan contra el crimen organizado y la proyección de gasto que se tenía en su momento, y lo que se ha ejecutado a la fecha”, aseguró Yeomans.

La legisladora insistió en que el informe del Ministerio de Seguridad es importante para determinar “si es que hay ciertos temas, áreas, del plan que estén resultando bien u otras que no, para poder hacer un gasto que sea eficiente”.

Consultado por nuestro medio, el economista Alejandro Alarcón sostuvo que en el escenario actual “si hay plata que asignar, es a Seguridad”. “Este país tiene un serio problema de seguridad pública, es evidente. Yo no tocaría los gastos de seguridad, es lo que el país necesita en estos momentos”, insistió Alarcón.

El debate se instala en un año electoral, lo que agudiza el conflicto: parlamentarios y expertos anticipan una dura discusión en el Congreso cuando el proyecto de Presupuesto 2026 ingrese a fines de septiembre.















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