El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario y las facultades anticiparon un paro nacional
El presidente Javier Milei vetó la Ley de Presupuesto Universitario, en un nuevo capítulo en la serie de tensiones entre el Ejecutivo y el sistema universitario. Al mismo tiempo, los sindicatos docentes y no docentes anunciaron la convocatoria a una huelga general universitaria para el viernes 12 de septiembre.
La medida fue anunciada a través del Decreto 647/2025 en el Boletín Oficial y deja sin efecto la normativa que había sido aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
En respuesta, la Asociación Gremial Docente de la UBA anunció una huelga general para el próximo viernes e informaron que "los estudiantes están llamando a asambleas en distintas unidades académicas de todo el país", sin descartar posibles tomas de los establecimientos.
"Asimismo docentes, estudiantes y no docentes convocamos a toda la población a acompañarnos a una marcha nacional contra el veto a la educación", confirmó Antonio Rosselló, miembro de la mesa ejecutiva de la AGD UBA. La movilización, detalló, se realizará en Buenos Aires y en todas las ciudades del país "el día en que el veto se trate en la Cámara de Diputados".
La iniciativa fue sancionada en Diputados con 158 a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, tras el veto de Milei el año pasado. Quedó a un solo voto para llegar a los dos tercios.
En esa misma sesión, se aprobaron la declaración de emergencia pediátrica y los proyectos de los gobernadores para redistribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles. Ambas iniciativas también serán vetadas por el Poder Ejecutivo, que tiene plazo hasta esta semana.
Marcha en rechazo al veto.
Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario que vetó el Gobierno
La norma establecía la recomposición presupuestaria por Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024 y, además, la actualización bimestral del 2025 para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
A su vez, establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades desde diciembre del 2023 hasta la fecha de sanción en un porcentaje que no sea inferior al IPC acumulado de ese período. También insta al PEN de convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria que no puede exceder los 3 meses y asegurando una actualización mensual no menor a la inflación.
Además, dispone la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles desde diciembre del 2023 y asegura los créditos presupuestarios para la continuidad y eficiencia de los recursos.
La Casa Rosada rechazó el proyecto por no especificar una partida presupuestaria específica, argumentando además que pone en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares del plan económico del Gobierno. Justificaron así que la norma implicaba un "aumento desproporcionado del gasto público sin respaldo".