La presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Emvisesa este pasado miércoles tenía una misión clara. Los dos agentes que se personaron en las dependencias de la empresa municipal iban buscando el expediente de 2016 en el que se incluían los documentos del contrato de arrendamiento de la parcela Q4-2 del plano 6 del proyecto de reparcelación SUP-PM16 de Pino Montano Norte . Unos terrenos de más de 10.000 metros cuadrados situados entre el comienzo de la Carretera de Brenes y las calles Estrella Castor y Estrella Vega, casi lindando con la zona del Higuerón en la que se ubican dos grandes superficies comerciales como Brico Depot o Costco. La Guardia Civil sabía exactamente lo que estaba buscando y por eso obvió realizar un registro en profundidad de las dependencias de Emvisesa. No era necesario. Los agentes reclamaron los documentos vinculados con aquella licitación que realizó la empresa municipal y que fue adjudicada a la particular Olga Pérez Jiménez en el año 2016 , a cambio de un canon de 108.000 euros (IVA excluido) que tendría que pagar al Ayuntamiento de Sevilla anualmente durante un periodo de 40 años. Todo ello, a pesar de que los pliegos de la licitación especificaban en un principio que la concesión sería por 50 años prorrogables hasta 75. Finalmente, se optó por reducir el plazo en una década, aumentando en 3.000 euros el canon de partida que era de 105.000 euros más impuestos. Fuentes del caso han confirmado a ABC de Sevilla que los funcionarios de Emvisesa facilitaron toda la documentación que pidieron los agentes, que les fue entregada en un pendrive que, posteriormente, será incorporado a la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla , al frente del cual está la jueza Pilar Ordóñez. Según ha podido saber este periódico, además de los escritos relacionados con la licitación publicada, las ofertas que se presentaron y los criterios que justificaron que la concesión fuese a parar a Olga Pérez Jiménez, los miembros de la UCO también se llevaron todos los correos electrónicos que estaban vinculados con esta operación, ante la posibilidad de que en los mismos hubiese algún tipo de información relevante para esclarecer lo ocurrido. Una vez que la parcela fue alquilada a Pérez Jiménez, la inquilina optó por subarrendarla a tres firmas , en una operación que está permitida por la actual legislación. En concreto, abrieron sus puertas en estos terrenos dos restaurantes de comida rápida (Burger King y KFC) y una estación de servicio que se sitúan en medios de estos dos negocios. Al parecer, la mujer que resultó adjudicataria de este suelo cobraba un alquiler a cada una de las tres empresas. Con lo recaudado, abonaba posteriormente el canon que había acordado con el Ayuntamiento de Sevilla , obteniendo como beneficio de la operación el saldo restante.
