La decisión levantó suspicacias sobre la letra chica de las conversaciones con Donald Trump por el salvataje financiero. El decreto viola la Constitución y las leyes vigentes, que establecen que la entrada y salida de tropas debe contar con aprobación parlamentaria. Un ejercicio similar ya había sido desechado por el gobierno anterior por su riesgo territorial. "Seguimos entregándole soberanía a Estados Unidos, socio estratégico de Gran Bretaña", fustigó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
