Las protestas de la “Generación Z” ponen contra las cuerdas al gobierno de Dina Boluarte

En Perú, un país marcado por la inestabilidad política y la desconfianza en sus instituciones, la llamada Generación Z ha tomado las calles. Jóvenes que, siguiendo el ejemplo de movimientos en Asia y otras regiones, han convertido su indignación en acción, pasando de las redes sociales a las plazas y avenidas de todo el país.

Una oleada de protestas que desde finales de septiembre ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Dina Boluarte. “¡No más corrupción, no más inseguridad!”, son los gritos que resuenan en Lima, en Cusco, en Arequipa y en Tacna.

Perú carga con un récord poco honroso, la mayoría de sus presidentes electos desde 1990 han enfrentado problemas judiciales, juicios o incluso prisión por casos de corrupción. Fue en ese escenario que, el 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo. Se convirtió en la primera presidenta mujer de la historia de la nación, pero su llegada no trajo estabilidad.

Hoy, las encuestas revelan un rechazo abrumador. Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercado, el 93,8% de los ciudadanos desaprueba la gestión de la presidenta. Otro sondeo de Datum señala que un 79% siente vergüenza del gobierno y un 85% del Congreso.

Las tensiones acumuladas explotaron tras la reforma del sistema de pensiones aprobada por el Congreso, que obligaba a los jóvenes a afiliarse a fondos privados en un país donde más del 70% trabaja en la informalidad. Para muchos, fue la gota que rebalsó el vaso. “Somos la Generación Z, estudiantes y trabajadores, que decimos basta ya a la corrupción, a la inseguridad y a la indiferencia de quienes gobiernan de espaldas al pueblo”, afirmaba un pronunciamiento del colectivo “Jóvenes líderes del Perú”.

El mensaje fue claro, este movimiento no responde a partidos ni caudillos. Son ciudadanos indignados que quieren un país más justo y democrático.

La sombra de la represión de 2022 sigue presente. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Defensoría del Pueblo denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza que dejó al menos 60 muertos, la mayoría en comunidades indígenas y campesinas andinas. Esas heridas abiertas explican por qué las actuales protestas llevan también un reclamo de justicia por los caídos.

Los jóvenes articulan sus demandas en cuatro grandes ejes, el rechazo a la corrupción y al control político de instituciones como la Fiscalía y la Junta Nacional de Justicia, la exigencia de justicia por las muertes en protestas, el rechazo a leyes de amnistía que consideran un retroceso democrático y la denuncia de la inseguridad que azota al país.

Y es que Perú vive una crisis de seguridad sin precedentes, más del 75% de los ciudadanos se siente inseguro, un 63% cree que la situación ha empeorado y los homicidios ya superan las cifras de los últimos ocho años.

El crimen organizado se ha vuelto cotidiano. Solo en 2024, se registraron más de mil 600 homicidios, muchos por armas de fuego. El transporte público ha sido uno de los sectores más golpeados, 47 choferes fueron asesinados en lo que va del año. El gremio de transportistas incluso paralizó el país este jueves, logrando un acuerdo con el Congreso para crear un grupo élite, que reúne a la policía, la fiscalía y el poder judicial, contra la extorsión. Un triunfo aislado en medio del descontento general.

Durante una ceremonia pública, la presidenta Boluarte intentó hablar directamente a los jóvenes: “Queridos estudiantes, no se dejen manipular. Unámonos en el abrazo blanquirrojo que nos debe llenar de orgullo y dignidad”. Pero esas palabras no calmaron los ánimos. Muchos las consideraron una burla. “A nosotros no nos manipula nadie, ni el Estado nos mantiene. Nosotros estudiamos, trabajamos (…) y exigimos dignidad”, decía un escrito difundido por redes sociales que se viralizó entre los manifestantes.

A la tensión política y social se suman los procesos judiciales. Boluarte es investigada por enriquecimiento ilícito y por la represión de las protestas de 2022. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó suspender todas las investigaciones preliminares en su contra hasta que termine su mandato, en 2026. Un blindaje legal que para muchos evidencia la complicidad del sistema y de lo que llaman la “Coalición Autoritaria” en el Congreso.

Hoy, la permanencia de Dina Boluarte en el poder depende de ese pacto con el Parlamento. Pero la situación es frágil. Cada día de protesta suma presión. Cada nueva denuncia judicial o estallido social podría ser el golpe final para su gobierno. Perú vive un nuevo estallido social, encabezado por una generación que no confía en los políticos tradicionales y que busca abrir un camino propio.

El desafío de Dina Boluarte no es menor, gobernar un país donde la confianza en las instituciones está en su nivel más bajo, donde la corrupción y el crimen organizado marcan la agenda, y donde una juventud empoderada no está dispuesta a ceder su voz. La pregunta no es solo si Boluarte podrá terminar su mandato. La pregunta de fondo es si Perú logrará romper el ciclo de corrupción, violencia e inestabilidad que ha marcado su historia reciente, y si esta nueva generación será la que finalmente escriba un capítulo distinto.