El relevo en los próximos meses de los tres principales oficiales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido su máximo responsable, el ahora general de brigada Rafael Yuste y el teniente coronel Adolfo Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica, es presentado oficialmente como un reconocimiento a sus méritos profesionales. Todos ellos han ascendido o ascenderán en el escalafón, como es natural en cualquier estructura jerárquica. Sin embargo, el contexto en que se produce este cambio y el historial de tensiones políticas con esta unidad investigadora, particularmente por parte del PSOE y del Gobierno, obligan a mirar más allá del mero trámite administrativo. La UCO no es una unidad policial cualquiera. Es la élite de la investigación criminal en España y ha sido clave en el esclarecimiento de casos de corrupción de enorme trascendencia pública. Ha actuado, además, con independencia frente a todos los gobiernos, sin importar su signo político. Su profesionalidad ha sido reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero esa misma eficacia ha incomodado, y mucho, al poder. En el último año, la UCO ha desempeñado un papel fundamental en investigaciones judiciales que afectan a personas muy cercanas al presidente del Gobierno. Desde los casos que implican a Ábalos y Cerdán, exsecretarios de Organización del PSOE, hasta las diligencias sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano David, la UCO ha cumplido su misión como Policía judicial, pese a los obstáculos y la presión mediática orquestada por sectores afines al Gobierno. No es casual que figuras del entorno socialista –como Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE que dijo estar a las órdenes de Cerdán– hayan impulsado campañas de desprestigio contra la UCO y contra el propio Balas. Tampoco lo es que ministros del Ejecutivo hayan dado pábulo a bulos grotescos, como el que acusaba a un oficial de esta unidad de planear un atentado con bomba contra el presidente del Gobierno. El objetivo de estas acciones no era otro que erosionar la credibilidad de una unidad que se ha atrevido a investigar sin mirar el color político de sus objetivos. El caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también ha sido detonante de esta tensión. El informe de la UCO, que lo implica de forma directa en la revelación de secretos del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido ratificado por sus autores pese a los intentos de la Abogacía del Estado por desacreditarlos. Que el Gobierno consiga remover ahora a los jefes por la vía de los ascensos, produce una sospecha razonable sobre quiénes serán los sustitutos y con qué objetivos políticos. Sobre todo cuando aún contaba con meses de margen y un escenario tan delicado como el actual invita a la máxima prudencia. No se puede ignorar que, como denunció ABC el pasado mayo, el Ejecutivo ha contribuido de manera irresponsable a generar un ambiente tóxico contra la UCO para tener coartadas con las que desactivar ante la opinión pública las indagaciones de esta unidad. El relevo en la cúpula, aunque legal y justificado, llega en el peor momento posible para un Gobierno que está bajo la lupa de los investigadores y no deja de exhibir su incomodidad por ello. España necesita cuerpos policiales fuertes, autónomos y blindados frente a las injerencias políticas. Desmantelar ‘de facto’ la independencia de la UCO, por la vía de los hechos consumados, sería un acto de profunda irresponsabilidad. Porque el verdadero mensaje que transmite este relevo es que, si una unidad policial hace su trabajo con celo y llega demasiado lejos, el poder encontrará la forma de neutralizarla.
