Sin visos de encontrar material relevante en el pendrive de Leire tras meses de análisis en la UCO
El pendrive que Leire Díez entregó a Ferraz con supuesta información comprometedora sobre el Partido Popular no parece que vaya a arrojar resultados relevantes. Tres meses después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera diligencias por estos hechos, la investigación sigue su curso sin que parezca afloren indicios de ilícitos penales. El Ministerio Público encargó su estudio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, a día de hoy, sigue desentrañando los audios aportados, según informan fuentes de la investigación a LA RAZÓN.
El tiempo transcurrido desde que la Fiscalía encargó su análisis a la Policía Judicial constituye un indicador de que no parece haber material delictivo entre todos los audios aportados por el PSOE a la Fiscalía. Cabe recordar que la fontanera entregó la documental al partido socialista, que la llevó al Ministerio Público para su estudio. Desde el ente que dirigía Álvaro García Ortiz se derivó el pendrive a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual abrió diligencias en septiembre por estos hechos y las declaró secretas. Tres meses después, la UCO sigue sin presentar informe sobre su contenido.
La unidad de élite de la Guardia Civil ha priorizado otras pesquisas especialmente relevantes, como son el caso Koldo o la trama que se acaba de desarticular precisamente contra Leire Díez por integrar presuntamente una organización criminal dedicada al amaño de contratos públicos. El cúmulo de asuntos que lleva la UCO en cartera (y a los que se añaden importantes causas de fraude de hidrocarburos) ha dilatado el análisis de todo este material que, como viene informando LA RAZÓN, ya se analizó en el marco del caso Villarejo.
Caso Villarejo
Cabe recordar que la fontanera entregó este USB en pleno escándalo por sus presuntas maniobras para torpedear las investigaciones penales abiertas contar el entorno más cercano del presidente del Gobierno. Díez dijo entonces que el pendrive incluía datos sobre presuntas irregularidades del Partido Popular, del comisario José Manuel Villarejo así como de jueces y fiscales.
Según defendió, el mismo era fruto de un trabajo periodístico de investigación de años. Sin embargo, se trata de un material ya judicializado. La gran mayoría del mismo formaba parte de la documental que Javier Pérez Dolset entregó al caso Villarejo en 2022. El empresario, quien también ha denunciado ser víctima de la conocida como policía patriótica, aportó en mayo de aquel año una memoria con 39 archivos distribuidos en siete carpetas. Entre ellos se encuentran la bautizada como "caso Faisán"; "Audiencia Nacional", o "Astapa"; relativa esta última a supuestas irregularidades policiales en la investigación que se siguieron contra el que fuera alcalde de Estepona, José Antonio Barrientos.
A ellas se añaden la carpeta "Olivera" (relativa al comisario y exjefe de la UDEF José Luis Olivera); el archivo "JL Pérez" (que puede referirse a José Luis Pérez, uno de los informantes de Villarejo en la investigación contra Sandro Rosell); o la carpeta "PP", entre otras. Además, también incluyó audios de Villarejo comentando información sobre los supuestos prostíbulos de Sabiniano Gómez.
Las saunas de Sabiniano
La Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional estudió detenidamente todo este material y derivó parte de los audios aportados (como algunos relativos a María Dolores de Cospedal o Francisco Martínez) a la pieza Kitchen, relativa a un espionaje ilegal a Luis Bárcenas. Ahora bien, el grueso de lo aportado quedó fuera de la causa. Ni la Policía, ni la Fiscalía Anticorrupción vieron indicios de delito con el resto de audios entregados; criterio que respaldó el entonces juez instructor Manuel García Castellón y la Sala de lo Penal.
En lo que respecta al informe sobre el padre de Begoña Gómez, la Audiencia Nacional descartó que se hubiera cometido espionaje alguno con las conversaciones aportadas entre el comisario y Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. García Castellón expuso que este material no contenía indicio alguno que hiciera pensar que se investigó al suegro de Sánchez extramuros de un proceso judicial. Más bien al contrario, dijo que las supuestas irregularidades con su negocio se publicaron en prensa mucho antes de que lo comentaran Villarejo y Martínez en la conversación grabada.
Pese al escaso recorrido judicial que tuvo este pendrive, la fontanera y Pérez Dolset reactivaron el asunto a mediados de este año, coincidiendo con la filtración en prensa de unos audios que la implicaban en maniobras para actuar contra la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y jueces que investigan las causas sobre el hermano y la mujer de Pedro Sánchez. El pendrive que llevaron al PSOE contenía la información ya aportada al caso Villarejo más otra recabada recientemente como el informe del comisario sobre el espionaje de las saunas o información perjudicial sobre el juez Juan Carlos Peinado.
Análisis de la UCO
Sin embargo, el análisis de este pendrive no parece que vaya a arrojar resultados determinantes. Más bien al contrario, tras tres meses de análisis por parte de la UCO, no hay señal de que a corto plazo vayan a entregar su informe a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La Guardia Civil está priorizando ahora otras pesquisas más urgentes, tales como la trama Koldo o la causa que acaba de arrancar en la Audiencia Nacional y que casualmente se dirige contra Leire Díez.
La UCO es el cuerpo policial designado para investigar la existencia de una presunta trama que habría amañado contratos públicos de la SEPI y de empresas dependientes a cambio de importantes comisiones. El procedimiento, que se sigue bajo secreto de sumario, estalló la semana pasada, con motivo de las detenciones de Díez, del empresario Antxon Alonso y del que fuera presidente de la SEPI Vicente Fernández. Se les investiga por intervenir en el amaño de cinco contratos valorados en 133 millones de euros. A cambio, se habrían repartido comisiones superiores a los 730.000 euros.