Dominga vuelve al centro de la polémica tras millonarios pagos ligados a caso de coimas judiciales

Un nuevo escándalo de corrupción vuelve a involucrar al proyecto minero-portuario Dominga luego de que se revelaran millonarios pagos realizados por su empresa titular, Andes Iron, a abogados hoy imputados por el pago de coimas a jueces. El antecedente fue dado a conocer a través de un reportaje del medio Reportea, que expuso transferencias efectuadas durante 2023 por concepto de “minutas” y “lobby judicial”.

Según la investigación, Andes Iron pagó un total de 255 millones de pesos entre marzo y diciembre de 2023 al estudio jurídico de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos actualmente en prisión preventiva. Los profesionales están imputados en el marco del denominado caso “muñeca bielorrusa”, causa que derivó en la destitución de ministros del Poder Judicial, entre ellos Ángela Vivanco.

La evidencia presentada indica que, a su vez, Lagos y Vargas realizaron pagos a los exdiputados DC Gabriel Silber y Aldo Cornejo por servicios de “asesoría jurídica y de posicionamiento público y estrategias para la empresa”, según reconoció este último. Asimismo, durante el mismo periodo se registraron transferencias a la esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, quien participó en fallos que rechazaron recursos de comunidades contra Dominga, sin que hasta ahora se conozca el motivo de dichos pagos.

El abogado principal del proyecto, Patricio Leyton, del estudio Ferrada y Nehme, aseguró no tener antecedentes de la contratación del estudio de Vargas y Lagos, pese a representar a Andes Iron desde los inicios del proyecto. Cabe recordar que a comienzos de 2023 Dominga fue rechazado por segunda vez por el Comité de Ministros, mediante una resolución que acogió gran parte de las reclamaciones presentadas por comunidades locales.

Posteriormente, en agosto de ese mismo año, Andes Iron reclamó dicha decisión ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Los alegatos se realizaron en diciembre de 2023 y la causa quedó en acuerdo, mientras la empresa pagaba los servicios de “lobby judicial”. El fallo del tribunal, que ordenó una nueva votación del proyecto imponiendo condiciones al Comité de Ministros, fue duramente cuestionado por abogados y académicos por exceder sus atribuciones.

Las reacciones desde los territorios no tardaron en manifestarse. Rodrigo Flores, presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Archipiélago de Humboldt, afirmó que los nuevos antecedentes demuestran que “el dinero lo puede todo”, reiterando la oposición de la pesca artesanal al proyecto.

“Aquí existen más de mil 500 empleos directos de pesca artesanal, y no queremos que se transforme en una zona de sacrificio. Como dirigentes de la pesca vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, y no vamos a permitir que un proyecto tan viciado y corrupto como Dominga se instale en esta zona, porque no estamos dispuestos a perder nuestro sustento familiar, nuestra economía por el bien de algunos pocos”, complementó el dirigente.

En la misma línea, Marcelo Villalobos, presidente de la Corporación de Turismo Sustentable de La Higuera, calificó a Dominga como “un proyecto falso de principio a fin”, mientras que Nancy Duman, vocera de Alianza Humboldt Coquimbo Atacama, denunció graves conflictos de interés y riesgos irreversibles para la biodiversidad del territorio.

“¿Quién responderá cuando la naturaleza y los empleos responsables y sostenibles del archipiélago se pierdan por causa de este proyecto? Hemos explicado una y otra vez que Dominga es incompatible con este ecosistema, un espacio de vida segura para cientos de especies, para la pesca artesanal y para el turismo. Sin embargo, Dominga insiste en instalarse y, además, empujando todo desde el conflicto de interés y siempre involucrada en los casos de corrupción que han conmocionado a nuestro país”, agregó Duman.

En tanto, desde organizaciones ambientales, la subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile, Tania Rheinen, sostuvo que no es casual que Dominga vuelva a estar vinculado a casos de corrupción, recordando sus nexos previos con el caso Penta, los Pandora Papers y el caso Audios. A su juicio, estos antecedentes afectan la reputación del país y refuerzan las advertencias científicas sobre el grave impacto que el proyecto generaría en el Archipiélago de Humboldt.

“Desconocemos el alcance de esta nueva información que se ha dado a conocer, pero aquí hay una prueba concreta de una relación entre Andes Iron y abogados que están presos por pagar coimas a cambio de fallos judiciales. Esperemos que se conozca toda la verdad, y que se siga indagando. Es malo para la reputación del país que Dominga siga adelante, pese a todos los cuestionamientos éticos y sumado al enorme daño que la ciencia ya ha advertido generará en el Archipiélago de Humboldt”, concluyó.

Las reacciones desde el Parlamento

En el Congreso, la situación ya despertó las primeras respuestas por parte de algunos de los parlamentarios que han seguido desde cerca lo sucedido con el caso Hermosilla y sus diversas aristas.

Por ejemplo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró que lo develado por el reportaje de Reportea es “gravísimo. Son 250 millones de pesos traspasados de Dominga a los abogados Lagos y Mario Vargas sin una justificación aparente. Luego, hemos visto un traspaso de parte de estos abogados a la esposa del juez Jean Pierre Matus. Y acto seguido, fallos del señor Matus a favor de Dominga”.

En esa misma línea, recalcó que se trata de hechos donde vuelven a estar involucrados y nombrados “el señor Simpertigue y la señora Ángela Vivanco, Nos parece que es una situación extremadamente grave y que huele a corrupción”.

Así, Manouchehri y su par Daniella Cicardini confirmaron que hicieron ingreso a la Fiscalía una denuncia con el fin de que “se investigue hasta el total esclarecimiento de estos hechos. Recordemos que estos mismos abogados hoy están formalizados y en prisión por coimear a jueces”.

“Aparecen los mismos nombres, abogados, bufet y vínculos familiares. Evidentemente, cuando hay fallos multimillonarios y con un proyecto que ha sido tan cuestionado, se requiere mayor claridad y que se investigue a fondo”, afirmó Cicardini.