El Tribunal Supremo ha confirmado un decreto del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que impuso una sanción de 800 euros a una subordinada por haber difundido un borrador de sentencia a un medio de comunicación, una infracción disciplinaria grave de revelación de datos conocidos en ejercicio de su función. El decreto en cuestión data de diciembre de 2024, cuando García Ortiz ya estaba siendo investigado por el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos, en su caso por la filtración de datos reservados relativos a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Sala Tercera el Alto Tribunal desestima íntegramente el recurso de la fiscal sancionada, que alegaba infracciones formales del...
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