Varapalo de Competencia a Yolanda Díaz: su plan de banca ética "genera inseguridad jurídica" y sería ilegal según el tipo de ayudas públicas
Otro de los planes estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también está en entredicho y puede quedarse en nada antes incluso de que pueda desarrollarse en una proyecto viable. El varapalo ha llegado esta vez desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que avisa de que su intención de impulsar una banca ética podría situarse en la ilegalidad si se financia con recursos públicos del Estado y fomenta la inseguridad jurídica. Así lo advierte en su informe sobre el proyecto de real decreto de fomento y promoción de las entidades financieras de la economía social y de las finanzas éticas, que señala la opacidad de los requisitos y reclama "más claridad en los requisitos para discernir qué tipo de finanzas se califican como éticas".
El Ministerio, que ultima la norma que pretende tramitar de urgencia, pretende poner las bases de un "marco jurídico estable que reconozca y promueva a las entidades que trabajan desde los principios de transparencia, participación democrática y compromiso social y ambiental, y dar un paso más dentro de la economía social para regular en positivo, promocionando el cooperativismo de las finanzas en España y la banca ética", informaron fuentes de este departamento. Pero este objetivo ya ha chocado con el propio sector bancario por su "indefinición normativa" y levantado las dudas en el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo, ya que cree que puede provocar una inseguridad manifiesta sobre la definición de lo que es ético y lo que no, y por incidencia directa en la banca convencional".
Por ello, señala que el marco de fomento y promoción para estas entidades y para las operaciones de financiación que se alineen con objetivos medioambientales y sociales no quedan definidos y pueden provocar problemas de competencia. Además, muestra serias dudas sobre que las subvenciones públicas con las que pretende Díaz financiar estas finanzas éticas con que puedan contravenir la normativa europea y provocar duras sanciones. Asimismo, critica las acciones de difusión planteadas por el Ministerio para impulsar la actividad de esta banca ética y mejorar su visibilidad, por lo que asegura que "deben examinarse con cautela y valorar su adecuación a la normativa de ayudas de Estado".
El informe, solicitado por Ministerio de Trabajo y Economía Social, plantea varias y profundas mejoras, entre las que se encuentra definir con "mayor precisión" qué se entiende por entidades de finanzas éticas, "justificar adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de los requisitos impuestos" y que el proyecto normativo respete los principios de promoción de la competencia y buena regulación. "Una delimitación insuficiente podría generar inseguridad jurídica o imponer restricciones injustificadas en el acceso a las medidas de apoyo, impulso y fomento previstas", detalla el organismo, que reclama que se establezcan "indicadores claros, parámetros verificables y procedimientos de acreditación para evaluar de manera objetiva y homogénea el cumplimiento de los requisitos por parte de las entidades y proyectos beneficiarios".
También recomienda "justificar los umbrales de territorialidad y los efectos positivos esperados de los umbrales previstos", especificar expresamente que las subvenciones sean "susceptibles de ser consideradas ayudas de Estado", por lo que deberán cumplir la normativa europea aplicable para evitar que sean apreciadas como ilegales e incorporar "criterios objetivos" para valorar el impacto social y medioambiental de los proyectos que aspiren a recibir estos apoyos.
La norma, que no deberá pasar por el Parlamento, establece diez exigencias que deberán cumplir las entidades para ser consideradas banca ética. Según el borrador que maneja el Ministerio, para ser consideradas entidades de finanzas éticas, deberán priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico; reinvertir el 75% de sus beneficios, excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad y en la creación de fondos específicos para favorecer la financiación de proyectos de alto impacto social para los que puedan necesitarse garantías especiales; evaluar las solicitudes de financiación, con especial atención al impacto social y ambiental y a la economía social; tendrán que destinar al menos el 20% de su actividad crediticia a organizaciones sin fines de lucro o entidades de la economía social en un periodo sostenido de, al menos, tres años; adoptar un modelo de gobernanza y organizativo inspirado en un enfoque democrático, transparente y participativo; o adoptar políticas de remuneración que reducen la diferencia salarial en la entidad, con una ratio retributiva entre el sueldo máximo y mínimo no superior a 7, entre otras.