Petróleo, terrorismo y guerra preventiva: Trump refuerza el cerco contra Venezuela

La ofensiva estadounidense contra el régimen venezolano vuelve a escalar y lo hace, una vez más, bajo el sello personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La noche de este miércoles, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario norteamericano anunció nuevas y más duras medidas tanto en el plano militar como diplomático, reforzando una estrategia que, lejos de descomprimirse, entra en una fase de máxima tensión.

En su habitual estilo directo y confrontacional, Trump aseguró que Venezuela se encuentra rodeada por la mayor flota naval desplegada jamás en Sudamérica. Advirtió que esta presencia militar no hará más que incrementarse hasta que el país caribeño “devuelva a los Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”. La afirmación, más allá de su tono provocador, deja al descubierto una de las claves centrales de esta ofensiva, Trump quiere hacerse con los recursos naturales venezolanos, en especial con el petróleo.

En el mismo mensaje, el republicano anunció que el régimen encabezado por Nicolás Maduro ha sido designado oficialmente como “organización terrorista extranjera”. Junto con ello, confirmó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que intenten entrar o salir de Venezuela, una medida que profundiza el cerco económico y marítimo sobre el país.

Con apenas tres párrafos, el presidente estadounidense no sólo elevó el tono del conflicto, sino que también reveló con claridad sus motivaciones estratégicas. Al dejar de catalogar a Venezuela como un “gobierno ilegítimo”, Trump modifica de manera sustancial el encuadre legal del conflicto. Se trata de un cambio que abre la puerta a nuevas herramientas jurídicas militares para Washington, reduciendo los obstáculos institucionales para una acción de fuerza directa. Ninguna alineada derecho internacional, sino que con el propio ordenamiento jurídico norteamericano.

La gravedad del giro no se limita a la designación del régimen venezolano como organización terrorista. En declaraciones recientes, Trump fue más allá y calificó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”. La terminología no es casual. Tras etiquetar un narcótico como arma de destrucción masiva, el gobierno estadounidense desbloquea facultades extraordinarias asociadas a la seguridad nacional y a la guerra preventiva.

Es exactamente el mismo razonamiento que se utilizó para justificar operaciones militares en Afganistán e Irak.

El paralelo con Irak resulta inevitable. Antes de la invasión de 2003, la administración de George W. Bush construyó sistemáticamente un relato que vinculaba al régimen de Saddam Hussein con el terrorismo internacional y con la posesión de armas de destrucción masiva. Esa narrativa permitió justificar una guerra preventiva sin una declaración formal del Congreso, amparada en la llamada “guerra contra el terrorismo”.

Según la nueva doctrina de seguridad estadounidense, si un actor posee armas de destrucción masiva y tiene la intención de utilizarlas contra civiles norteamericanos, Estados Unidos se arroga el derecho a realizar ataques preventivos en nombre de la legítima defensa. La llamada “guerra preventiva” fue el pilar de la estrategia de Bush. Hoy ese mismo concepto reaparece en el discurso de Trump, pero aplicándolo al narcotráfico.

El anuncio del bloqueo total a los petroleros sancionados, también recuerda inevitablemente a las sanciones y a la zona de exclusión aérea impuestas a Irak antes de la invasión. Medidas que asfixiaron la economía, no lograron derrocar al líder, pero prepararon el terreno para el conflicto armado.

Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro acusó a Trump de pretender imponer un “bloqueo militar naval absolutamente irracional” con el objetivo de robar las riquezas venezolanas. En un comunicado oficial, el gobierno denunció una flagrante violación del derecho internacional, del libre comercio y de la libre navegación, calificando la amenaza como temeraria y grave.

La administración venezolana sostuvo que la verdadera intención de Estados Unidos siempre ha sido apropiarse del petróleo, las tierras y los minerales del país mediante campañas de mentiras y manipulación. Reafirmó su soberanía sobre los recursos naturales y su derecho a la libre navegación en el Caribe y en los océanos del mundo, anunciando además que denunciarán esta situación ante las Naciones Unidas.

Más allá de las declaraciones, lo cierto es que Trump inauguró una nueva etapa en la ofensiva contra Venezuela. Tras aumentar la presión diplomática y económica, la estrategia apunta a forzar una capitulación desde el interior del propio régimen. Desde la recompensa por la cabeza de Maduro hasta la designación como organización terrorista, el objetivo ha sido provocar fisuras entre la cúpula chavista y las fuerzas armadas.

No es casual que el tono y las acciones evoquen con tanta fuerza a Irak. Trump busca elevar la amenaza para forzar un cambio. Aunque durante meses muchos analistas consideraron que las advertencias sobre una intervención terrestre eran solo una herramienta de presión, la profundización de la retórica y la imprevisibilidad del mandatario hacen cada vez más difícil descartar un escenario de guerra abierta.

Pero una intervención militar en Caracas no solo sería catastrófica para el chavismo, sino para toda la región. La experiencia iraquí dejó una estela de destrucción, caos y desestabilización que aún persiste. Un conflicto similar en Venezuela podría agravar la crisis migratoria, el narcotráfico y la violencia en todo el hemisferio.

Este escenario también choca con las promesas del presidente electo chileno, José Antonio Kast, particularmente en materia migratoria. Crear corredores o expulsar migrantes sería aún más inviable frente a un eventual flujo masivo de refugiados escapando de una guerra abierta.

Además, Trump advirtió que sus acciones militares podrían expandirse a otros países bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, señalando a Colombia y advirtiendo también a México. Un escenario regional convulso, como ocurrió en Medio Oriente, no favorece la estabilidad ni la cooperación necesaria para enfrentar desafíos comunes.

Más allá de las legítimas críticas al régimen de Maduro, una intervención militar a gran escala podría desestabilizar la región de formas imprevisibles, con consecuencias que irían mucho más allá de las fronteras venezolanas y en otras materias que solo la migratoria o seguridad. Sería inaugurar una nueva etapa completamente nueva y desconocida para una región que históricamente se ha resistido a los grande conflictos militares desde hace más de un siglo.