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Декабрь
2025

“Un buen acuerdo” para el Gobierno, “tabla rasa” para la ANEF: las reacciones cruzadas tras el reajuste del sector público

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Mientras el Ejecutivo sostuvo que el pacto “pone en el centro la dignidad de la función pública”, la ANEF afirmó que el reajuste salarial deja a los trabajadores “en una posición de estancamiento” y consolida una pérdida salarial a futuro.

La madrugada de este miércoles, el Gobierno, representado por los ministerios de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, alcanzó un acuerdo con los gremios de la Mesa del Sector Público (MSP) y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del Estado afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en el marco de la negociación anual del reajuste de remuneraciones.

El entendimiento considera un reajuste gradual de 3,4% de carácter general, además de un aumento de 5% para las remuneraciones mínimas y los bonos destinados a los trabajadores de menores ingresos. A ello se suman una serie de medidas orientadas a fortalecer las condiciones laborales, entregar mayor certeza en la función pública y avanzar en materias largamente demandadas por los gremios.

Tras el cierre de las conversaciones, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el acuerdo alcanzado y destacó su dimensión institucional. “Hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública. Con esto completamos cuatro años llegando a acuerdo con la Mesa del Sector Público, mejorando la calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dando gobernabilidad al país”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Foto: Aton.

En la misma línea, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, subrayó que el pacto busca un equilibrio entre las demandas económicas y los estándares laborales. “Es un entendimiento que busca equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar dos aspectos esenciales: un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales”, señaló, agradeciendo además la disposición de la Mesa para arribar a este acuerdo.

Desde el mundo sindical, la vicepresidenta de la CUT y encargada del Sector Público, Gabriela Farías, sostuvo que el acuerdo permitirá avanzar hacia la tramitación legislativa. “El día de mañana vamos a ir avanzando con la redacción final del texto y la firma de todas las organizaciones, para posteriormente generar el proyecto de ley y que las y los trabajadores públicos puedan gozar de los beneficios que esta ley pueda entregar”, explicó.

Farías agregó que existe satisfacción por los avances logrados: “Estamos satisfechos porque en este acuerdo se han logrado avances en muchas materias laborales, sobre todo en ámbitos largamente deseados por las y los trabajadores, que van a permitir más estabilidad, desarrollo y proyección para seguir siendo servidores públicos al servicio de la ciudadanía”.

Por su parte, la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Laura San Martín, enfatizó que la negociación no se centró únicamente en el reajuste salarial. “Siempre dijimos que había cosas más importantes que el reajuste, que es el trabajo decente, la estabilidad laboral y la libertad sindical. Y nosotros no transamos en esos principios”, afirmó.

Laura San Martín, coordinadora de la mesa del sector público y Gabriela Farias, vicepresidenta de la CUT y Encargada del sector Público entregan pliego de negociaciones 2025. Foto: Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

San Martín destacó especialmente los avances en materia de estabilidad laboral y regulación de la confianza legítima. “No podemos estar a merced de un dictamen. Tenemos que legislar sobre eso, y nos alegra mucho que ahora en este acuerdo vaya incluido”, señaló, junto con resaltar mejoras para trabajadores a honorarios y garantías para dirigentes sindicales.

La ANEF cuestiona el acuerdo en materia económica

No obstante, el acuerdo no concitó la adhesión de todas las organizaciones. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) decidió no suscribirlo, argumentando que el reajuste pactado no permite recuperar el poder adquisitivo de las y los trabajadores del Estado. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, enfatizó que hay dos líneas de trabajo y destacó el acuerdo en materia laboral: “Hay avances que uno reconoce y que tienen que ver con los principios que pusimos en la negociación: trabajo decente, estabilidad del empleo y libertad sindical. En ese sentido, creo que se logró, en general, avanzar”.

José Pérez. Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Sin embargo, Pérez resaltó que hay diferencias con la definición relacionada con el porcentaje del IPC, es decir, con la recuperación del poder adquisitivo: “Este gobierno ratifica un 3,4%, pero eso significa el mismo 3,4% de los últimos 12 meses, según lo informado por el INE respecto al costo de la vida. Quedamos en tabla rasa, en una posición de estancamiento, lo que implica una contención parcial de nuestras remuneraciones”.

“A esto se suma que hay un componente de un 2% en diciembre de este año y el 1,4% restante en junio de 2026. Para ANEF —y hablo también por ANEF, ya que seis organizaciones no estamos de acuerdo con esta fórmula— no estamos disponibles para firmar y suscribir un protocolo, porque aquí hay un principio que esta confederación históricamente ha relevado: la obligación del Estado empleador de recuperar el poder adquisitivo. Mantener esta fórmula es consolidar una pérdida salarial a futuro”, enfatizó.

En esa línea, el líder de la ANEF destacó que para el gremio es fundamental “discutir bien cómo este reajuste primero supera ese piso, porque hoy quedamos más bien frente a un reajuste plano. Esto debiera considerar también la distribución de la recuperación, incluso adelantando en junio parte de ese 3,4%, que será acumulativo en la medida en que se incremente el IPC durante 2026”.

Respecto a cómo visualizaba la discusión legislativa, Pérez sostuvo que: “Va a ser una tramitación difícil, porque hoy el Congreso está convulsionado. Nos consta. Esperamos que los parlamentarios y parlamentarias escuchen a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, sin excepción”.

El acuerdo deberá ahora ser formalizado mediante la firma de las organizaciones que lo respaldan y traducirse en un proyecto de ley que será enviado al Parlamento para su discusión y aprobación.















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