El juez del "caso Koldo" ya tiene en su poder toda la documentación intervenida a la expresidenta de Adif
El magistrado Ismael Moreno, instructor del "caso Koldo" en la Audiencia Nacional, ha recibido ya de manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil toda la documentación intervenida el pasado 26 de junio por los agentes durante los registros de los domicilios de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el que fuera director general de Carreteras Javier Herreros, investigados por supuestos amaños en adjudicaciones de obra pública en el Ministerio de Transportes que lideraba José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional, a instancias de la "trama" que según la UCO lideraba Santos Cerdán.
En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la secretaria judicial del juzgado de Moreno da cuenta del oficio remitido por la unidad policial, que se incorpora a la pieza separada en la que se investigan estos hechos y la supuesta contratación a dedo de la entonces pareja de Ábalos Jésica Rodríguez en dos empresas públicas.
La letrada de la Administración de Justicia acuerda que se proceda al "desprecinto, sellado y foliado de los documentos en formato papel" que fueron intervenidos el pasado junio tanto en el domicilio en Santiago de Compostela de Pardo de Vera y en otra vivienda en Madrid vinculada a la expresidenta de Adif como en el de Herrero en la capital de España.
Contrato de las mascarillas
En el registro de la vivienda de Pardo de Vera la Guardia Civil se incautó de un documento del Consejo de Administración de Adif relacionado con el contrato para la adquisición en 2020 de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la trama de adjudicaciones presuntamente irregulares que se embolsó 54 millones de euros en adjudicaciones de Transportes e Interior y de los gobiernos de Baleares y Canarias cuando los dirigían Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
El juez Moreno decidió investigar a Pardo de Vera y Herrero a instancias del Tribunal Supremo, que el pasado abril dejó en manos de la Audiencia Nacional la decisión de imputar a ambos por su supuesta participación en el amaño de adjudicaciones, que ambos niegan, y en el caso de la expresidenta de Adif, también por la "irregular y caprichosa" contratación de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec
Según expuso entonces el magistrado Leopoldo Puente Pardo de Vera "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente" por José Luis Ábalos, "quien habría contado para ello con la relevante participación" de Koldo García, "sin que, además, aquella, durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna". El instructor consideraba reveladores los mensajes intervenidos entre Pardo de Vera y el entonces asesor de Ábalos que desgranó la UCO en uno de sus informes.
"Enchufe" de la pareja de Ábalos
Tras declarar como investigados en la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 les retiró el pasaporte y les obligó a comparecer periódicamente en el juzgado al apreciar "motivos suficientes para considerarles responsable criminalmente" de la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Según Moreno, Pardo de Vera no solo habría estado implicada en la contratación de Jésica en Tragsatec, empresa pública vinculada a Adif, sino también en adjudicaciones bajo sospecha "para favorecer a determinadas constructoras".
En cuanto a Herrero, los investigadores lo vinculan con la supuesta trama de Ábalos y Cerdán por el interés del ex secretario de Organización del PSOE y del exasesor ministerial en que se mantuviese dentro de la cúpula del Ministerio de Transportes, como revelan los mensajes grabados por Koldo García intervenidos por la UCO.
Cuatro adjudicaciones en la diana
La Guardia Civil vincula a Pardo de Vera con cuatro adjudicaciones investigadas por supuestas irregularidades: el proyecto de construcción de un tramo del AVE a Extremadura, las obras del tren de Sant Feliu de Llobregat (adjudicadas a Acciona); la línea del AVE en Elche (de la que resultó adjudicataria otra empresa en la diana de los investigadores, LIC) y una obra de emergencia para renovar la red de cercanías en Asturias (que fue a parar también a Levantina, Ingeniería y Construcción). En total, más de 120 millones de euros.
La UCO aprecia indicios de que los investigados facilitaron a la "trama" información de algunos expedientes que acabaron en manos de Acciona, Levantina Construcciones y Regadíos (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).