La Guardia Civil llevaba a cabo las labores de seguimiento y control de un varón implicado en un caso de violencia de género en el que tenía activa una orden de alejamiento y la prohibición de portar armas cuando el pasado 8 de diciembre descubrieron al hombre participando en una montería en un pueblo de Soria y llevando una escopeta de caza. En el momento en el que los agentes le sorprendieron , el hombre, vecino de la localidad de El Burgo de Osma , emprendió la huida por el terreno colindante. Los agentes localizaron un vehículo en las inmediaciones, que «tras haber sido comprobados sus datos obrantes, se pudo confirmar su titularidad, correspondiendo con los datos del autor de los hechos», ha informado en un comunicado la Subdelegación de Soria. Consultando la información a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Soria, se aseguraba que dicha persona «tenía vigente una privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia de armas. Por todo ello, y tras una «actuación coordinada» de los agentes, se procedió a la detención como presunto autor de dos delitos: uno de quebrantamiento de condena y otro de tenencia ilícita de armas de fuego. Controlado su vehículo, se hallaron en su interior «fundas de rifle vacías, no habiendo sido posible localizar, por el momento, el arma empleada en la comisión del delito». En el transcurso de estas labores de vigilancia, fueron agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, con el apoyo del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Soria, los que detectaron la presencia del investigado en una montería celebrada en un coto de caza situado en el término municipal de Quintanilla de Tres Barrios, pedanía de San Esteban de Gormaz (Soria) , portando un arma de fuego. La tenencia ilícita de armas, conforme al Código Penal , puede conllevar penas que oscilan desde multa de doce meses o penas privativas de libertad de uno hasta cinco años, en función del tipo de arma y de las circunstancias del caso, recuerdan desde la Benemérita. El delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el Código Penal, puede conllevar penas de prisión de entre seis meses y un año, o multa de doce a veinticuatro meses, en función de la naturaleza de la condena incumplida y de las circunstancias concurrentes.
