Llegada de Kast a La Moneda genera alerta en organizaciones de DD.HH. por posibles retrocesos en memoria y justicia
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos manifestaron su alerta y preocupación frente al escenario político que se abre con la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia de la República, advirtiendo eventuales retrocesos en materia de derechos humanos, memoria, justicia y garantías fundamentales.
En una conferencia de prensa, representantes de CINTRAS, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Escuela Permanente PRAIS y abogados de derechos humanos coincidieron en que el nuevo gobierno representa “una amenaza concreta” para la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, además del cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado de Chile.
El director ejecutivo del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), José Miguel Guzmán, sostuvo que el proyecto político que encabeza Kast ha “defendido, relativizado y justificado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos cometidas en la historia reciente del país”, lo que, a su juicio, obliga a las organizaciones y a la ciudadanía a mantenerse en estado de alerta.
Uno de los focos de preocupación expuestos fue la criminalización de la protesta social y el impacto en la salud mental de víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto de la dictadura como del estallido social. Desde CINTRAS recordaron que su trabajo se centra en la atención de sobrevivientes de tortura, familiares de detenidos desaparecidos y personas afectadas por violencia policial en democracia.
Fernando Zegers Ramírez presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Foto: Félix Madariaga.
En materia migratoria, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Fernando Zegers, cuestionó duramente las propuestas del presidente electo, como el denominado “Plan escudo fronterizo”, señalando que podría derivar en expulsiones masivas, militarización de las fronteras y vulneraciones a la normativa internacional.
Zegers advirtió que el discurso oficial vincula de forma desproporcionada a la migración con la inseguridad, pese a que los migrantes representan cerca del 8,8% de la población. “Estamos frente a un uso político del miedo”, afirmó, subrayando que cualquier política pública debe ajustarse a los tratados ratificados por Chile y al principio de no regresión en derechos humanos.
El abogado planteó una crítica de fondo al enfoque de seguridad promovido por la derecha y explicó que, en base a su experiencia, el aumento de la delincuencia no puede desligarse del modelo social y económico instalado en las últimas décadas.
A su juicio, se ha impuesto una narrativa que reduce el debate público al orden y la seguridad, omitiendo una mirada de desarrollo integral, mientras quienes hoy se presentan como “los salvadores” fueron quienes impulsaron un modelo marcado por el individualismo, el lucro y la desigualdad, condiciones que explican el escenario de violencia e inseguridad que vive el país.
José Antonio Kast presenta el “Plan Escudo Fronterizo”. Foto: Aton.
Indultos e impunidad
Otra de las alertas planteadas dice relación con un eventual indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad. La abogada de derechos humanos, Alejandra Arriaza, calificó como “inaceptable” cualquier intento de beneficiar a violadores de derechos humanos.
Asimismo, el presidente de la comisión recordó que estos delitos son inamnistiables e imprescriptibles según el derecho internacional.
Arriaza añadió que existe una alta preocupación por los niveles de impunidad en causas vinculadas al estallido social, indicando que solo una fracción mínima de los casos terminaron en condenas, de acuerdo con los informes del Ministerio Público y organismos internacionales.
Carabineros en estallido social. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.
Desde la Escuela Permanente PRAIS, su representante Leonardo Terraza enfatizó la necesidad de fortalecer la coordinación entre organizaciones de derechos humanos para impedir retrocesos, incluso aquellos que puedan materializarse a través de decretos administrativos o reformas legales.
Las organizaciones coincidieron en que mantendrán una vigilancia activa del actuar del nuevo gobierno y reiteraron su llamado a la prensa y a la ciudadanía a no normalizar discursos negacionistas ni prácticas autoritarias.
Así, sentenciaron que “un país que renuncia a la memoria y tolera el retroceso en derechos está condenado a repetir las peores violaciones de su historia”.