La oposición taiwanesa declara la guerra total a Lai Ching-te con un "impeachment" en el horizonte
La democracia taiwanesa, admirada por su resiliencia frente a amenazas externas, vive uno de sus momentos más delicados desde la transición del siglo pasado. Un enfrentamiento sin precedentes entre el Ejecutivo, encabezado por el presidente Lai Ching-te, y la mayoría parlamentaria en manos del Kuomintang (KMT) y su aliado, el Partido del Pueblo de Taiwán (TPP), ha escalado hasta convertirse en un bloqueo que cuestiona los fundamentos del sistema semipresidencialista de la isla. En el centro de la tormenta se encuentran unas modificaciones a la normativa de distribución de recursos fiscales entre el Gobierno central y las entidades locales, aprobadas por la Cámara pero bloqueadas por el Gabinete al considerarlas insostenibles económicamente y contrarias al límite de endeudamiento establecido.
El punto de inflexión llegó el pasado lunes, cuando el primer ministro Cho Jung-tai anunció su negativa a contrafirmar las enmiendas a la Ley de Reparto de Ingresos Fiscales y Gastos, aprobadas el mes anterior. Estas prevén un incremento significativo de las transferencias a gobiernos locales —muchos en poder del KMT—, pero el Ejecutivo calcula que elevarían el déficit al 17,1% del gasto anual, violando el techo legal del 15%. Asi, Cho invocó mecanismos constitucionales para devolver la norma al Parlamento, que la rechazó el 5 de diciembre por mayoría simple, equivalente a superar un veto presidencial. Sin embargo, por primera vez en la historia democrática, el referendo fue denegado, generando un vacío jurídico inédito. Con todo, Lai respaldó la decisión, advirtiendo en comunicaciones públicas sobre riesgos para la disciplina fiscal y la solvencia internacional de Taiwán.
La coalición opositora, que detenta una estrecha mayoría en el Yuan Legislativo desde enero de 2024 —tras comicios donde Lai retuvo la presidencia pero el Partido Democrático Progresista (DPP) perdió el control cameral—, vio en ello una usurpación de competencias. El jueves amenazaron con una moción de censura contra Cho, quien la calificó de "insignia democrática" que estaría dispuesto a asumir. De prosperar por mayoría simple, Lai podría disolver la Cámara y convocar elecciones en 60 días, una opción que analistas descartan por los riesgos para el bloque panazul tras las fracasadas campañas de revocatoria contra sus diputados este año.
Al día siguiente, líderes del KMT y TPP anunciaron en una rueda de prensa frente al Parlamento planes para impulsar la destitución de Lai la semana entrante. Exhibieron pancartas, una petición ciudadana en línea que buscaba igualar sus 5,58 millones de votos de 2024 —y que superó los dos millones de firmas en horas— y hasta una imagen manipulada del presidente vestido como un emperador de la antigua China. Fu Kun-chi, coordinador del grupo parlamentario del KMT, declaró con vehemencia: “Lai Ching-te se ha erigido en emperador. Ha demostrado que no tiene consideración alguna por la opinión pública”. Por su parte, Huang Kuo-chang, coordinador del TPP, afirmó: «Según la Constitución, Lai debería haber promulgado la ley en los diez días siguientes a que la Legislatura rechazó el 5 de diciembre la moción del Gabinete para reconsiderarla. Nunca ha habido un líder que haya llegado tan lejos como para negarse a promulgar una norma aprobada por la Cámara».
Estas acusaciones de "precedente peligroso" y "desafío autoritario" dominaron la intervención opositora, que presentó la negativa como una ruptura del orden constitucional. La portavoz presidencial, Karen Kuo, respondió con mesura apuntando a que la Oficina del Presidente respeta cualquier movimiento dentro de los límites constitucionales. Desde el DPP, la legisladora Wu Szu-yao calificó el plan como una mera "demostración teatral", dada la parálisis del Tribunal Constitucional y la falta de escaños suficientes.
El proceso de destitución presidencial exige el respaldo de la mitad de los legisladores (57 de 113) para iniciarse y dos tercios (al menos 76) para aprobarse y remitirse al alto tribunal. Con solo 60 escaños entre KMT, TPP y aliados independientes, la oposición carece de los números necesarios. Además, el Tribunal Constitucional cuenta actualmente con solo ocho magistrados —por debajo del mínimo habitual de 15—, tras el rechazo sistemático a los candidatos propuestos por Lai y una reforma del año pasado que elevó el quórum a diez para deliberar.
Este fondo no es casual: la oposición ha mantenido paralizado el tribunal como herramienta estratégica, impidiendo que actúe como árbitro en disputas similares. Fuentes del Ejecutivo defienden la negativa a promulgar invocando tres argumentos: violación de la separación de poderes, ausencia de deliberación multipartidista y daño financiero irreversible. El secretario general del Yuan Ejecutivo, Xavier Chang, insistió en que la medida protege la Constitución.
Desde Pekín, medios estatales como "Global Times" aprovecharon el episodio para cuestionar la madurez democrática de la isla. En un editorial, presentaron la negativa de Cho como un "precedente grave" orquestado por un Lai "obstinado", acusado de perseguir disidentes mediante el sistema judicial y avivar tensiones en el Estrecho de Taiwán. Enfatizaron las iniciativas opositoras como defensa legítima del orden constitucional, resaltando los altos umbrales para la destitución —mitad para proponer, dos tercios para aprobar y nueve magistrados para acordar—, improbables sin supermayoría. La narrativa oficial china enmarca el caos como luchas internas bajo "separatistas" del DPP, minoritario en escaños pero controlador del Ejecutivo.
Este contexto geopolítico intensifica la percepción de fragilidad. El impasse había congelado debates sobre presupuestos suplementarios en defensa por decenas de miles de millones de dólares taiwaneses, en medio de crecientes incursiones aéreas y navales chinas que rechazan cualquier diálogo con un Gobierno calificado de provocador. La disputa interna debilita la cohesión institucional justo cuando más se necesita unidad frente a la presión externa.
La sociedad taiwanesa observa con relativa contención, sin las protestas masivas que caracterizaron crisis previas como el Movimiento Girasol de 2014 o las manifestaciones Bluebird del año pasado contra ampliaciones de competencias legislativas. Encuestas revelan una opinión dividida con sectores progresistas que ven en la postura del Ejecutivo una defensa necesaria del equilibrio fiscal y conservadores lamentando lo que perciben como judicialización excesiva de la política y un desafío al mandato legislativo.
Con el alto tribunal inoperativo, "la isla rebelde" carece de árbitro para litigios que amenazan con cronificarse. La oposición mantiene la presión simbólica —con mociones de censura aprobadas en comités y peticiones al Yuan de Control para procesar a Cho—, pero las barreras de procedimientos dificultan una destitución efectiva de Lai. Más viable parece remitir las enmiendas fiscales al tribunal, aunque su parálisis lo impide por ahora.
El desenlace de esta confrontación definirá la agenda presupuestaria y la solidez misma del marco constitucional que ha sostenido el progreso taiwanés durante décadas, apuntando a que las democracias consolidadas no están exentas de riesgos internos cuando el equilibrio de poderes se tambalea.