La persecución al autónomo
El Gobierno no deja de poner el punto de mira a en los autónomos. Lo hace, siempre, desde la lógica del recaudador que no comprende cómo funciona el tejido productivo. Bajo la apariencia de justicia social y equilibrio del sistema, se esconden medidas que no buscan fortalecer la economía, sino exprimir al profesional para sostener un Estado sobredimensionado. La –de momento– fracasada subida de cotizaciones para los autónomos no era una reforma, sino otro obstáculo para quienes generan riqueza y empleo.
El argumento oficial es conocido: que los autónomos coticen «de acuerdo con sus ingresos reales», que es lo que esgrimieron cuando, incomprensiblemente las asociaciones de autónomos aceptaron la reforma anterior del Gobierno, que elevó las bases de cotización. Sin embargo, esta idea es engañosa, ya que el autónomo, por definición, no puede prever cuáles van a ser sus ingresos, siendo también inoperante la posibilidad de modificar los niveles de ingresos esperados una serie de veces al año. Obligar a cotizar por los potenciales –pero no seguros– ingresos reales supone burocratizar aún más un entorno ya asfixiante.
El Gobierno parte de la premisa de que el autónomo oculta ingresos o vive en el privilegio. Nada más lejos de la realidad. El autónomo medio en España apenas supera los 1.200 euros netos mensuales, según los datos de asociaciones sectoriales. Muchos trabajan más de diez horas diarias, sin vacaciones garantizadas, sin baja asegurada, sin estabilidad ni red de seguridad. Si muchos pueden obtener unos ingresos aceptables se debe al sacrificio de las muchas horas que dedican a su negocio, siendo su retribución por hora, por tanto, bajísima.
El aumento de cotizaciones, sea progresivo o inmediato, encarece el coste de emprender. La consecuencia directa es doble: menos altas en el régimen de autónomos y más cierres de actividades. Si a ello le añadimos el incremento de burocracia como con el nuevo sistema de facturación que quiere implantar el Gobierno y que, ante el caos que podría provocar, ha decidido retrasar un año, el ataque a los autónomos es completo.
España no sufre un problema de falta de ingresos públicos, sino de gasto estructural excesivo e ineficiente. El gasto público ha aumentado en más de 80.000 millones desde 2019, sin que se observe una mejora proporcional en los servicios básicos. En lugar de racionalizar ese gasto, el Ejecutivo prefiere seguir ampliando la base recaudatoria. Las cotizaciones no son un impuesto formal, pero funcionan como tal. Son un impuesto al trabajo y al crecimiento. Cuanto mayor es el coste de mantener una actividad, más incentivos hay para abandonarla o pasar a la economía sumergida, que hay que erradicar, pero que este Gobierno, con medidas como esta, incentiva indirectamente. Y cuando los márgenes son pequeños –como en la mayoría de los autónomos–, un incremento del 15 o 20% en las cotizaciones puede ser la diferencia entre sobrevivir o cerrar.
Además, esta política erosiona la base emprendedora del país, que es esencial para la creación de empleo. Un autónomo que prospera suele generar puestos de trabajo; un autónomo que se hunde se convierte en desempleado. En España, el 90% del tejido empresarial está formado por microempresas y trabajadores por cuenta propia. Asfixiarlos con nuevas cargas equivale a golpear el corazón de la productividad nacional.
Es paradójico que un Gobierno que se define como «progresista» penalice a los que progresan. El progreso real surge de la iniciativa individual, de la creatividad y del esfuerzo, no de la redistribución coercitiva. La subida de cotizaciones transmite lo opuesto: no merece la pena esforzarse, innovar o asumir riesgos. Cuanto más se gana, más se paga; cuanto más se arriesga, mayor es el castigo.
España necesita un modelo que premie la productividad, no la dependencia. En lugar de subir cotizaciones, debería incentivarse el ahorro privado, facilitar la capitalización de las prestaciones por desempleo para emprender, y simplificar el régimen fiscal. Otros países europeos, como Irlanda o Estonia, han demostrado que una tributación baja y estable genera más ingresos a largo plazo, porque estimula la inversión y la formalización del trabajo.
Es urgente reducir la maraña burocrática que acompaña cada paso del autónomo: licencias, declaraciones trimestrales, normativas cambiantes, inspecciones constantes. Cada trámite consume tiempo y energía que podrían destinarse a producir y crecer. Un sistema simple, transparente y estable es el mejor aliado del progreso. La subida de cotizaciones a los autónomos –la aprobada en su día y la actualmente postpuesta– no es una medida técnica, sino ideológica. Es la expresión de un Estado que desconfía del individuo y confía solo en su propia capacidad de gastar. Una política que penaliza el mérito y fomenta la dependencia, que erosiona la base productiva y ahuyenta la inversión. El resultado será el contrario al pretendido: menos recaudación, más paro y una economía más débil.