“Sin indemnización por años de servicio, el despido es precariedad”: académicos refutan tesis del “amarre” y centran debate en el vacío legal del Estado

Con la inminente reactivación del debate por el reajuste del sector público en enero, la tensión entre el gobierno saliente y la administración entrante de José Antonio Kast se concentra en un punto crítico: la estabilidad de los funcionarios. Mientras la oposición acusa una “ley de amarre” para blindar operadores políticos, el oficialismo defiende la medida como un acto de justicia laboral.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, El diputado Andrés Giordano (FA), integrante de la Comisión de Trabajo, salió al paso de las críticas, asegurando que la normativa no busca la inamovilidad, sino exigir que los despidos sean actos fundados, evitando la arbitrariedad en un sistema que los expertos califican de “precario”.

La defensa oficialista: “Primacía de la realidad”

Para el parlamentario, la discusión ha sido caricaturizada. Giordano argumenta que normas como la “confianza legítima” (renovación tras dos años) no son un invento de última hora, sino criterios que ya se han discutido y aprobado transversalmente en el Congreso.

“Es incorrecto señalar que esto tenga por objeto dificultar la gestión del gobierno entrante. Eso es falso”, sentencia Giordano. “Lo que se busca es que se protejan derechos laborales en materias tan sensibles como la salud y la seguridad. Existe un concepto básico que es la primacía de la realidad: tenemos que atender los hechos por lo que son”.

Según el diputado, si la próxima administración de Kast desea desvincular personal por mal desempeño, “cuenta hoy día con todas las herramientas para hacerlo invocando causales objetivas”. Su advertencia es política: “Si el próximo gobierno desea debatir sobre el empleo público, tiene que hacerlo con responsabilidad… y no tratar de instalar la motosierra o el populismo de recortar por recortar”.

El respaldo técnico: distinguir la “confianza” de la “contrata”

Para entender el punto de Giordano, es necesario despejar la confusión legal. El profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales (UDP), José Luis Ugarte, explica que la “rigidez” que acusa la derecha no es tal en la ley actual.

“Hay una confusión total. No se está discutiendo la situación de los cargos de exclusiva confianza (ministros, seremis, jefes de división); esos funcionarios, por ley, se van el 11 de marzo sin expresión de causa”, aclara Ugarte.

El experto precisa que el debate es sobre los miles de funcionarios a contrata, cuya relación laboral es tan precaria que termina legalmente cada 31 de diciembre. “La ley es tan flexible que el gobierno solo tiene que esperar a noviembre para notificar el término. Lo que se busca ahora es legalizar una jurisprudencia de Contraloría que daba cierta estabilidad tras dos años. No es rigidez, es protección ante la precariedad”, complementa el académico.

El nudo de la indemnización

Giordano defiende que el protocolo de acuerdo incluya sanciones —como pagar las remuneraciones correspondientes— si no se fundamenta bien un despido. “A mí me parece una sanción proporcional. Si la autoridad administrativa no cumple con la fundamentación, se tienen que retrotraer esos actos”, afirma el diputado.

Aquí es donde entra el análisis de Javier Leiva, académico de la Universidad Autónoma (UA) y candidato a Doctor en Derecho, quien profundiza en por qué esta protección es vital. A diferencia del sector privado, en el Estado no existe indemnización por años de servicio.

“Las críticas a la inamovilidad son injustas”, sostiene Leiva, respaldando la postura de Giordano sobre la dignidad del cargo. “¿Se imagina usted un trabajo en el cual puede llevar 15 años a contrata y de la noche a la mañana pierde su fuente de ingresos sin una indemnización? Eso no ocurre en el mundo privado”.

Leiva advierte que flexibilizar el despido sin ofrecer una contraparte económica (indemnización) sería “la excusa perfecta para precarizar aún más a los funcionarios”, transformándolos en “un número más” dentro de la planilla fiscal.

¿Evaluación o arbitrariedad?

Finalmente, Giordano aborda el argumento de la “eficiencia”. La oposición teme que estas normas impidan sacar a funcionarios mal evaluados. El diputado responde que el sistema actual ya permite desvincular por mala calificación, pero que el proceso debe ser transparente.

“No puede entenderse que tener un modelo eficiente de Estado requiere disminuir derechos”, concluye Giordano.

Sobre este punto, el profesor Leiva aporta una visión crítica sobre la “evaluación por desempeño” en el sector público, advirtiendo que no es homologable a una empresa. “Existen reparticiones que no tienen insumos básicos de oficina… ¿Puedo evaluar a un funcionario por no cumplir su misión si el Estado no le entrega las herramientas?”, cuestiona el experto, sugiriendo que sin garantías mínimas, la “evaluación” puede convertirse rápidamente en una herramienta de persecución política.