“Insólita” y “no democrática”: eventual AC contra ministro Grau tensiona al Congreso Nacional
La discusión por la “ley de amarre” —denominada así por la oposición— que impulsa el gobierno en el marco del reajuste del sector público ha generado tensas reacciones en el mundo político. Entre ellas, la más dura es el anuncio de una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por parte de la UDI en caso de que persista con la propuesta.
La ofensiva de la UDI contra Grau recae en críticas hacia un proyecto que, por el momento, busca establecer mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata.
El anuncio lo hicieron los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, quienes a través de una declaración pública, manifestaron su rechazo a lo que consideran una “ley inmoral” destinada a “dejar con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”.
Los parlamentarios aseguraron que utilizarán todas las herramientas constitucionales, incluyendo llevar la propuesta al Tribunal Constitucional en caso de que esta avance. Por ello, el diputado Alessandri aclaró que la última instancia a la que recurrirían sería la acusación, posponiendo su presentación para marzo luego del cambio de mando.
Diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez. Foto: Aton.
“Vamos a hacer todo lo posible por evitar que se convierta en ley. Vamos a llamar a votar en contra de esa parte de la ley de reajuste. Vamos también a ocupar todas las herramientas legales que tengamos y si se aprueba vamos a ir al TC, porque creemos que no es compatible con las reglas de nuestra Constitución. También está sobre la mesa, por supuesto, una acusación constitucional al ministro Grau en marzo, después de que haya dejado el cargo porque así lo permite nuestra normativa”, manifestó este viernes el diputado.
Los parlamentarios gremialistas señalaron que conversarán con todos los partidos de oposición, incluyendo al PDG, para lograr los votos en caso de que sea necesario. Sin embargo, la idea de una nueva acusación constitucional contra ministros de Estado no ha tenido una buena recepción.
Por ejemplo, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, aún estando en desacuerdo con la idea del Ejecutivo, marcó distancia respecto de la interpelación política contra el titular de Hacienda: “Si bien esta es una acción desesperada del gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, no dan los argumentos para una acusación constitucional”.
El diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical) también se mostró contrario a la presentación del libelo y acusó que la UDI pretende “no ser ahogada por los republicanos”, por lo que los instó a defender su postura en el marco del debate legislativo.
“Uno puede estar de acuerdo o no con las decisiones que puede adoptar un ministro en el marco de una negociación política, y aprobar o rechazar un proyecto de ley para que dicha propuesta sea respaldada o rechazada, pero todo eso forma parte del debate político”, aseveró.
Diputado Rubén Oyarzo. Foto: Aton.
En ese contexto, afirmó que “parece que la UDI, en su intento de sobrevivir y no ser ahogada por los republicanos, está dispuesta a mal utilizar las herramientas de fiscalización, anunciando acusaciones constitucionales sin fundamento y sólo para sacar provecho político. Y estamos un poco cansados de esas artimañas”.
En tanto, desde el oficialismo no sólo manifestaron su postura en contra de que se presente un nuevo texto acusatorio contra un ministro de Estado, sino que también acusaron a la derecha de una utilización no democrática del instrumento.
El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, catalogó como “insólito” que se acuse a “un ministro por hacer su trabajo, además en una materia que es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo”.
“Habría que ver qué argumentos se inventan para fundamentar una acusación de este tipo. Lo que corresponde es que el debate se dé en el Congreso, allí legítimamente unos y otros podrán argumentar y votar a favor o en contra de una iniciativa como esta, pero lo que no puede pasar en Chile es que se pretenda inhibir al Ejecutivo de hacer su trabajo bajo amenaza de utilizar herramientas que están pensadas precisamente para lo contrario, es decir, para sancionar a las y los ministros cuando incumplen sus funciones”, sostuvo el congresista.
Por su lado, el diputado Diego Ibáñez sostuvo que el partido gremialista está ejerciendo una “utilización no democrática” de la acusación constitucional. “Es difícil tomarse en serio la declaración del presidente de la UDI, si no le gusta la ley, pues vote en contra. La derecha ha presentado nueve acusaciones constitucionales y todas rechazadas”, expuso a través de su cuenta de X.
La UDI propone una Acusación Constitucional por presentar un proyecto de ley, eso es francamente una utilización no democrática del instrumento de Acusación. Menos si la propuesta de ley es menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por… https://t.co/h94RKONVgu
— Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) December 25, 2025
En ese sentido, en un punto de prensa en La Moneda, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la acusación constitucional es un “instrumento (que) está concebido para una finalidad distinta”.
“Si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley, lo que corresponde es que vote en contra de ese proyecto. Pero es absurdo jurídica y políticamente que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley. Eso transgrede lo que establece la Constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una acusación constitucional”, aclaró el ministro Elizalde.
De seguir su curso, sería la décima acusación constitucional presentada por la derecha en los últimos cuatro años contra autoridades o exautoridades del gobierno actual, siendo la última la rechazada en contra del exministro de Energía, Diego Pardow.