Red de corrupción en Gendarmería: defensa de supuesta “manillera” cuestiona investigación de la Fiscalía

Este viernes se desarrolló la octava jornada de formalización de la Operación Apocalipsis, investigación que indaga una red de corrupción al interior de Gendarmería de Chile, con 70 imputados —47 funcionarios y 23 civiles— acusados de facilitar el ingreso de elementos ilícitos a distintos recintos penitenciarios.

La causa, que se tramita en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, abarca delitos cometidos en nueve cárceles de siete regiones del país. Según el Ministerio Público, los sobornos asociados a estas operaciones ilícitas habrían generado ganancias superiores a los $6.300 millones.

Durante la jornada de este viernes se busca continuar con la discusión de las medidas cautelares aún pendientes para la mayoría de los imputados, mientras el Ministerio Público mantiene un plazo de investigación de 300 días.

Cabe recordar que este jueves 25 de diciembre se realizó la séptima jornada de formalización, instancia en la que 18 nuevos imputados quedaron en prisión preventiva, sumándose a otras dos personas que ya cumplían dicha medida cautelar, además de seis imputados con arresto domiciliario total.

Durante la sesión de este viernes, la defensa de la supuesta “manillera” de los gendarmes involucrados, Nayadeth Macarena Torres Venegas, acusó que la investigación presenta deficiencias, cuestionando el desarrollo del proceso.

Parte relevante de la investigación que sustenta la Operación Apocalipsis se originó a partir de entrevistas realizadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente a internos de la cárcel Santiago 1, recinto identificado como uno de los principales focos de operación de la red de corrupción.

La abogada de Torres Venegas, María Ignacia Barrera, cuestionó las acusaciones de soborno en contra de su cliente y justificó transferencias bancarias con otro gendarme que alcanzaron cerca de los 7 millones de pesos. Según la defensa, estás tenían relación con “cuestiones de amistad”.

“Usted me va a decir, su señoría, o el Ministerio Público, que esto es suficiente para acreditar la existencia del soborno, del cohecho. No es suficiente (…) ellos tienen una cercanía mucho más profunda“, aseguró la jurista.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, los relatos de los reclusos permitieron develar el funcionamiento interno del sistema de sobornos, la venta de productos prohibidos y la participación directa de funcionarios penitenciarios. Estos testimonios derivaron en la imputación de 47 gendarmes y 23 civiles, varios de ellos vinculados directamente a dicho penal.

Entre los antecedentes recabados, se encuentran las declaraciones de internos que dieron cuenta del rol de gendarmes que facilitaban el ingreso y comercialización de alimentos, drogas, alcohol y teléfonos celulares, además de advertir con anticipación allanamientos para permitir el ocultamiento de especies ilícitas.

Uno de estos testimonios, prestado el 24 de julio, fue considerado de tal relevancia que el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, autorizó al declarante como informante encubierto, incorporando sus antecedentes como parte central del sustento probatorio de la Fiscalía.

Las versiones entregadas por los internos fueron posteriormente respaldadas por allanamientos, donde se incautaron drogas, armas y otros elementos prohibidos, reforzando la tesis del Ministerio Público sobre la existencia de una estructura organizada y sistemática de corrupción al interior del sistema penitenciario.

En tanto, las medidas cautelares correspondientes continuarán siendo debatidas durante la jornada de este viernes, así como la defensa del resto de gendarmes y civiles involucrados